P u e r t o  R i c o

14. INFORMACION PUBLICA O ACCESO A FUENTES OFICIALES

El Art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1930 establece el derecho a inspeccionar y copiar todos los documentos públicos. ?Todo cuidando tiene derecho a inspeccionar y sacar copias de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario en la ley? (Ley 32 L.P.R.A. 1781).

Cuando ha habido disputas en los tribunales frente a este punto con respecto a una medida del gobierno de prohibir el acceso público de las informaciones, se ha aplicado un escrutinio intermedio.

El tribunal ha evaluado los dos intereses opuestos, es decir, el interés del estado en guardar secreto ciertos documentos y el interés del particular de tener acceso a los documentos públicos. El tribunal mira si la regulación gubernamental cae dentro del poder constitucional del gobierno, si propugna un interés gubernamental importante, si el interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libre expresión y si la restricción concomitante del derecho a la libre expresión no es mayor que el logro de dicha finalidad ?Soto v. Secretario de Justicia (1982).

El Tribunal ha señalado algunas restricciones en donde no se aplica el derecho constitucional de acceso: la solicitud del Estado de confidencialidad prosperará cuando así lo determine la ley, cuando la comunicación está protegida por algún privilegio probatorio de los particulares, cuando revelar la información es lesivo a los derechos de terceros, cuando se trate de la identidad de un confidente y cuando sea información oficial de conformidad con la Regla 31 de Evidencia.

La negativa del ejercicio de este derecho como la ha expresado el Tribunal equivale a una censura previa.

Este derecho se encuentra amparado por el recurso de Mandamus el cual se contempla para la protección de derechos fundamentales.

Página principal

Preguntas ó Comentarios? escríbanos

© 1999 Sociedad Interamericana de Prensa. Todos los derechos reservados.

  Argentina