57ª Asamblea General
Washington, DC
12 - 16 de octubre del 2001
VENEZUELA
CONSIDERANDO
que la insistente tendencia del gobierno venezolano a restringir los derechos
a la libertad de expresión y de información, asume una gravedad
sin precedentes
CONSIDERANDO
que a las presiones ejercidas sobre los medios impresos además se suman
ahora las que se ejercen abiertamente sobre las televisoras, a objeto de conminarlas
a informar con apego a las líneas oficiales, también se ha persistido
en la sistemática política presidencial de incitación
al odio público y colectivo contra los medios, periodistas, sus directores
o editores
CONSIDERANDO
que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó
una insólita sentencia conocida como 1013, que restringe el ejercicio
de la libertad de expresión y el derecho a la información, y
manipula el derecho a réplica previsto en la Constitución de
ese país; y da al Presidente de la República el privilegio de
no otorgar tal presunto derecho de réplica en los medios oficiales
que utiliza para sus programas, pero obliga, en cambio, a los medios de la
prensa privada a que lo otorguen al gobierno y a sus personeros, lo que es
una abierta censura
CONSIDERANDO
que la incitación al odio por el Jefe del Estado venezolano, sumado
a la indicada sentencia, no tienen otro propósito que producir el temor
y la autocensura en los medios de comunicación social; lo que, además,
queda en evidencia con la última propuesta del Presidente de la Asamblea
Nacional, aprobada por la mayoría oficialista, conminando a los dueños
de los medios a establecer un código de ética para el ejercicio
de sus libertades, en cuyo defecto se dictaría una ley de prensa
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Condenar al Gobierno de Venezuela por la utilización que hace de un
sistema judicial que responde a sus fines políticos, así como
por el uso abusivo de los medios de comunicación oficiales para intimidar
a los medios de comunicación privados, exponer al desprecio y odio
público a sus periodistas, directores o editores, y provocar, en una
primera etapa, la autocensura en el país; lo cual atenta contra la
vigencia de la democracia y de las libertades fundamentales de la persona
humana.