El balance negativo que hubimos de presentar en nuestro reporte de marzo pasado en Fortaleza sobre el estado de la libertad de prensa en el continente no se ha solucionado durante los últimos seis meses.
Si bien es cierto que ha habido algunos progresos, tenemos que reportar, no sólo la persistencia de las situaciones indeseables ya conocidas, sino también la aparición de elementos ominosos que atentan contra el sagrado derecho de los pueblos a informar y ser informados, en una nación que tradicionalmente ha sido modelo a seguir por el respeto que en ella se ha profesado siembre a los derechos humanos.
Nos referimos a los Estados Unidos de América, donde presenciamos cómo un tribunal mantiene en prisión desde el 20 de julio pasado a la escritora independiente Vanessa Leggett, acusándola de desacato, porque, haciendo uso de sus derechos constitucionales, ella rehúsa revelar sus fuentes de información relativas a un sonado asesinato sobre el que escribirá un libro. También es altamente preocupante el caso de John Solomon, de la Prensa Asociada, en el cual el Departamento de Justicia ordenó a una compañía telefónica entregar el registro de las llamadas telefónicas personales del periodista.
Nos preocupa además el giro que se viene advirtiendo en los Estados Unidos de América a raíz y como consecuencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre pasado y de la respuesta bélica que los mismos han provocado. Las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades estadounidenses podrían mediatizar, según han expresado no pocos analistas, la vigencia de derechos humanos universalmente reconocidos, entre ellos el del libre acceso a las fuentes oficiales de información, por los controles militares que puedan establecerse. También se han expresado temores de que se produzca una tendencia hacia la autocensura, originada en una confusión del sentimiento patriótico con la obligación periodística. El corresponsal de la BBC Javier Lizarzaburu ha dicho, talvez con razón, que "la cobertura de prensa podría ser una víctima de la primera guerra del Siglo XXI".
En el resto del continente, la lucha que libra nuestra sociedad por una prensa totalmente libre, responsable e independiente, sigue siendo ardua.
El asesinato de periodistas es, sin duda, la más cruenta forma de combatir las ideas. Mes por mes, semana tras semana, vemos caer abatidos a nuestros colegas en distintas latitudes, víctimas de la intolerancia, con la circunstancia agravante de que en la mayoría de los casos estos crímenes permanecen impunes, por falta de interés en sus esclarecimientos por parte de las autoridades. Doce periodistas han sido asesinados en el período de seis meses que abarca este informe. Sus muertes, en el cumplimiento de sus responsabilidades como comunicadores, elevan hasta 243 el número de víctimas en los últimos 13 años.
Los enemigos de la libertad están enquistados en todas partes y se manifiestan, no solamente por medio de la violencia, sino también por otros medios, sutiles en algunos casos y grotescos en otros. Lo hacen a través de actuaciones oficiales de los gobiernos y los políticos, de acciones terroristas, de espurios intereses económicos o de leyes restrictivas o interpretaciones sospechosas por parte de algunos jueces, ya sea por venalidad o por falta de independencia del Poder Judicial en sus respectivos países. Si a todo esto sumamos la tendencia a la autocensura que venimos observando en no pocos medios de comunicación latinoamericanos, las dificultades para tener acceso a las fuentes públicas de información y la utilización de la publicidad oficial para premiar o castigar a los diarios que son simpáticos o adversos al gobierno de turno, tendremos que admitir que hoy estamos frente a uno de los más grandes desafíos en la historia de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Los mayores problemas con del Poder Judicial se observan en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Jamaica. En Canadá, por otra parte, el Poder Judicial está facultado para impedir la cobertura periodística de los juicios, lo que constituye un atentado a los derechos del público para estar informado. En Venezuela se da el caso de que la Corte Suprema de Justicia aprobó recientemente la resolución sobre el derecho de respuesta que ocasiona un impacto negativo directo sobre la libertad de expresión. En Ecuador la prensa se siente amenazada por una lluvia de demandas judiciales y sentencias adversas, apoyadas muchas de ellas en una legislación que, lejos de ayudar, impide el pleno ejercicio de la libertad de prensa.
Una luz, sin embargo, se divisa al final del túnel. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el 7 de septiembre pasado una resolución que ordena suspender hasta el cumplimiento de específicos procedimientos, los negativos efectos de una sentencia de los tribunales de Costa Rica que constituían flagrantes negaciones a la libertad de prensa, en perjuicio del diario La Nación y su periodista Mauricio Herrera. Esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es trascendental, no solamente porque se trata de la primera medida provisional que se toma a ese nivel en relación la libertad de expresión, sino también porque puede servir de estímulo y respaldo a los periodistas de Costa Rica para renunciar a la actitud de autocensura que advertimos en algunas salas de redacción, durante nuestra reciente visita a ese país.
La llamada "industria de indemnizaciones" en Brasil, no es el único problema del periodismo de ese país. A la creciente corriente de procesos judiciales a que son sometidos los medios, súmense las agresiones, con asesinatos incluidos, y los intentos de censura, incluyendo un caso de incautación de los ejemplares de una edición de un periódico que, en la localidad de Sao Lorenco do Sul, denunció hechos de corrupción administrativa. Un detallado reporte de la situación brasileña nos dejará más adelante bien informados sobre el particular, pero debemos destacar, como la señal más ominosa del semestre, el asesinato de Mario Almeida Filho, a quien le fueron asestados ocho balazos precisamente en vísperas de ofrecer ante la justicia un testimonio sobre denuncias periodísticas que involucrarían a determinado personal de la administración pública por manejos fraudulentos.
El crimen organizado y especialmente el narcotráfico, se han constituido en nuevas amenazas para el ejercicio del periodismo libre en México. No se nota mucho interés por aplicar sanciones a los crímenes contra periodistas, y se menciona el caso del norteamericano Philip True, cuyos confesos victimarios fueron puestos en libertad por "desvanecimiento de pruebas" mientras esperaban sentencia. No se han tenido noticias, por otra parte, de los resultados de la promesa que el presidente Vicente Fox hizo a la delegación de la SIP que le visitó en febrero pasado, en el sentido de que sometería al Congreso de su país un proyecto de ley para garantizar efectivamente el libre acceso de los ciudadanos y por ende, de los periodistas, a todas las fuentes de noticias oficiales.
La obligatoriedad de pertenecer a un Colegio de Periodistas, que constituye una de las más socorridas formas de restringir el derecho de informar y ser informados que asiste a todos los ciudadanos, ha sido implantada por ley en Nicaragua y en Honduras. En Nicaragua, felizmente, la ley en cuestión no ha podido ser aplicada por razones de procedimiento y porque hay pendientes de fallo dos recursos de inconstitucionalidad en torno a la misma. Pero otra espada de Damocles pende sobre la prensa independiente de Nicaragua, consistente en la distribución caprichosa y política de la publicidad oficial. Un signo alentador fue la firma de la Declaración de Chapultepec por los principales candidatos presidenciales, en señal de adhesión a sus principios. El documento se firmó en la residencia de la ex presidenta Violeta Chamorro y en presencia de una delegación visitante de la SIP.
Ecuador, por su parte, ha sido testigo hace un par de meses, del cierre del programa de televisión "Le informo, Señor Presidente", a raíz de haber hecho un recuento de hechos comprometedores para el Gobierno.
La situación en Paraguay se caracteriza por tres tipos de limitaciones a la libertad de expresión. Por una parte, la inusitada cantidad de demandas judiciales y sentencias condenatorias contra la prensa, que distrae su atención y sus recursos entorpeciendo su verdadera misión en la sociedad, que es informar y orientar a la opinión pública. En segundo lugar, lo que podríamos llamar la "ofensiva legislativa": la llamada ley "de transparencia administrativa", que contiene severas disposiciones para impedir la investigación periodística y cuya derogación ha sido solicitada al Congreso por la SIP; y la entrada en vigencia de otra ley-la Número 1682-que reglamenta la información de carácter privado y viola fundamentales preceptos constitucionales en perjuicio de la libertad de prensa. Y por último, pero no menos grave, las agresiones físicas y amenazas que con frecuencia sufren los periodistas.
No se ha experimentado ninguna mejoría en el caso del periódico El Liberal, de Santiago del Estero, Argentina. El diario permanece bajo situación de acoso por parte del gobernador de la provincia, sin que de nada hayan valido las instancias elevadas al gobierno federal, incluyendo las gestiones de la SIP realizadas personalmente en el terreno por las delegaciones que se han trasladado allí expresamente con ese fin. Un enfrentamiento similar ocurre entre el diario Río Negro, de la provincia del mismo nombre, y el gobernador Jorge Sobisch. La SIP ha denunciado varias veces el estado de indefensión en que se encuentran los periódicos independientes de provincias, sobre todo cuando se trata de países de gran extensión territorial en los cuales los gobiernos centrales no se muestran capaces de controlar los excesos de los gobernadores.
El periodismo independiente de Cuba sigue siendo objeto de agresiones, como en las últimas cuatro décadas. Se han reportado nuevos casos de agresiones e interrogatorios a periodistas, por parte de agentes de seguridad para que dejen de informar, del mismo modo que al corresponsal de la agencia independiente Havana Press se le ha impedido cumplir sus tareas. Recientemente se les impidió salir del país a cinco periodistas con visa norteamericana, sin mayores explicaciones. La Ley 88 (ó Ley Mordaza), que establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes informen sin permiso oficial, sigue vigente.
Bolivia es un caso especial. La crisis económica y los conflictos sociales que desde abril pasado han sacudido a esa nación, protagonizados por campesinos, productores de coca y otras organizaciones sindicales y cívicas, han dado lugar a enfrentamientos armados, como resultado de los cuales han resultado heridas o muertas varias personas, incluyendo periodistas. Si bien resulta difícil establecer si en alguno de los casos la muerte de un periodista ha ocurrido precisamente en función de su oficio de informador, es lamentable que el gobierno no ha puesto todo su interés en esclarecer las responsabilidades pertinentes.
En Guatemala la SIP obtuvo una promesa del presidente Alfonso Portillo para poner fin a la querella existente entre los medios escritos y televisados de la nación. Prometió el presidente someter a licitación pública dos frecuencias disponibles para canales de televisión de acceso abierto, a fin de que los sectores que se quejan de un cuasi monopolio simpatizante con el gobierno, puedan disponer de sus propios medios electrónicos de comunicación. La promesa del presidente Portillo está supuesta a ser cumplida a más tardar en diciembre de este año.
Haití no nos ofrece mayores novedades en su difícil ejercicio periodístico. Son frecuentes los hostigamientos de parte de funcionarios civiles y militares contra periodistas, mientras permanecen sin castigo los asesinatos de periodistas reportados anteriormente. Colombia es otro caso que muestra a un gobierno respetuoso de los derechos humanos, pero incapaz de aplicar sanciones justas y oportunas a los enemigos de la libertad, que con alarmante frecuencia agreden y matan a periodistas. En la República Dominicana, mientras tanto, no han faltado saetas verbales que algunos periodistas han recibido de parte de funcionarios públicos, incluyendo al Presidente de la República, y no han faltado casos de agresiones físicas de origen indeterminado, pero es de justicia señalar que estos incidentes no han sido óbice para que la prensa y los medios de comunicación en general se desenvuelvan con entera libertad e independencia.
Hemos presentado un panorama general del estado de la libertad de prensa en las Américas en estos momentos, sin entrar en los detalles, ya que esa tarea corresponde hacerla cuando examinemos y discutamos, a partir de ahora, las situaciones específicas país por país. El resumen que hemos presentado nos sirve, sin embargo, para visualizar la magnitud del reto que tenemos por delante los amantes de la libertad.
La Comisión de Libertad de Prensa e Información, hombro con hombro con la Comisión de Chapultepec y la Comisión de Impunidad, está alerta para detectar las amenazas y violaciones a la libertad de prensa desde sus inicios, y despliega, en la medida de lo posible, los mayores esfuerzos para que resplandezca el derecho y desaparezcan las tinieblas. En esa dirección hemos desarrollado misiones conjuntas con la Comisión de Chapultepec a Brasil, México, Costa Rica (dos veces), Nicaragua, Guatemala y Honduras, así como hicimos presencia en Quebec, Canada durante la celebración de la Cumbre. También nos hemos trasladado al Perú para congratularnos allí con nuestros colegas tras el retorno de la legalidad después de la larga noche de Fujimori y Montesinos, y a Washington D.C., en los trabajos realizados conjuntamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la búsqueda de soluciones relacionadas con nuestros principios y particularmente con el caso de la periodista guatemalteca Irma Flaquer.
Asimismo, hemos emitido en el período reportado 89 cartas de protesta y 58 comunicados de prensa, en procura del respeto debido a la prensa y los periodistas del continente.
Es oportuno hacer constar que en varios de los países visitados hemos sido recibidos por el pleno de las Cortes Supremas de Justicia correspondientes, a las cuales les ha sido expuesta la posibilidad de celebrar, en un futuro próximo, un encuentro entre jueces y periodistas, a nivel continental, como vía de conocimiento recíproco de las funciones de unos y otros en la sociedad.
Nuestra lucha no terminará, sin embargo, mientras haya un solo periodista impedido de decir su verdad o un solo ciudadano del continente que no pueda ser informado libremente.

Preguntas ó Comentarios? escríbanos

© 2002 Sociedad Interamericana de Prensa. Todos los derechos reservados.