58 Asamblea General Lima, Octubre 26-29, Perú

IMPUNIDAD – BRASIL

CONSIDERANDO
que las investigaciones sobre la muerte de Reinaldo Coutinho da Silva, asesinado en 1995, permanecen prácticamente estancadas porque la policía alega tener dificultades para obtener pruebas que conduzcan a la identificación de los asesinos y autores intelectuales del mismo

CONSIDERANDO
que la investigación sobre la muerte de Manoel Leal de Oliveira, asesinado el 14 de enero de 1998, avanzó bastante gracias al empeño del juez Marcos Bandeira y de la fiscal Cinthia Portela, pero que debido a problemas burocráticos tales como la demora en el cumplimiento de los recursos para escuchar el testimonio de uno de los acusados, el proceso se está entrampando, mientras que el otro acusado continúa fugitivo

CONSIDERANDO
que existe una nueva pista con relación a los asesinos de Edgar Lopes de Faria, muerto el 29 de octubre de 1997, pero que todavía no puede ser confirmada debido a las dificultades técnicas que tiene la policía para continuar con las investigaciones y al temor de los testigos a declarar

CONSIDERANDO
que a pesar de que el fiscal João Alves da Silva Neto ha avanzado bastante en la búsqueda de los culpables del asesinato del periodista radial Ronaldo Santana de Araújo, ocurrido el 9 de octubre de 1997, y ha recogido varias pruebas sobre la participación de los sospechosos, al 17 de octubre del 2002 el proceso principal continuaba parado

CONSIDERANDO
que finalmente se han iniciado las investigaciones sobre la muerte del presentador de televisión José Carlos Mesquita, ya que después de dos años se aprobó el presupuesto para los viáticos requeridos por la policía para ir tras los posibles involucrados en el crimen, y que el Director General de la Policía Civil de Rondônia, Carlos Eduardo Ferreira, ha prometido brindar todo su apoyo para dilucidar el caso

CONSIDERANDO
que el 22 de noviembre del 2001 el juez Ronaldo Gonçalves de Souza admitió los alegatos del fiscal Euclésio Ribeiro da Silva en el sentido de que existen pruebas de la participación de Cézar Narciso da Silva, Alayr Andreatta, Romualdo Eustáquio y Marcos Egidio, en el asesinato de la columnista de sociales María Nilce Magalhães, ocurrido el 5 de julio de 1989, pero que compete al Tribunal de Justicia de Espírito Santo ratificar o no el pronunciamiento del juez y que los acusados tienen derecho a apelar tal decisión ante el Tribunal Superior

CONSIDERANDO

que el ex oficial de policía Divino José de Matos, conocido como Divino 45, sindicado como el asesino de Mário Eugênio Rafael de Oliveira, muerto el 11 de noviembre de 1984, continúa fugitivo, luego de haber logrado dilatar su enjuiciamiento durante 17 años

CONSIDERANDO
que el periodista radial José Wellington Fernandes, “Zezinho Cazuza”, fue asesinado el 13 de marzo del 2000 y que el principal acusado, el ex alcalde Genivaldo Galindo da Silva, continúa fugitivo a pesar de haber sido condenado a prisión por este crimen y por al menos otros 30 procesos administrativos

CONSIDERANDO
que la Policía Civil ha logrado dar con el asesino del periodista Mário Coelho de Almeida Filho, muerto el 16 de agosto del 2001, identificándolo como Reynaldo Polari Stumpf, pero que éste se encuentra no habido y que el comisario Luiz Alberto de Oliveira, de la división de Homicidios, afirmó el 4 de octubre del 2002 que estaba muy próximo a identificar al autor intelectual del crimen

CONSIDERANDO
que Aristeu Guida da Silva fue asesinado el 12 de mayo de 1995 y que Vladimir Rainieri Pereira Sobrosa, acusado de ser uno de los ejecutores, fue condenado a 28 años de prisión, apeló la sentencia y aguarda un nuevo juicio

CONSIDERANDO
que la Policía Civil identificó y aprehendió a los asesinos del periodista Tim Lopes, de TV Globo, y que actualmente se está ventilando el proceso; que el principal acusado de la muerte de Tim Lopes, el traficante conocido como Elias Maluco, está temporalmente preso en el Batallón de Choque de la Policía Militar y que existe el riesgo de que huya, ya que aún no han concluido las investigaciones sobre la participación de efectivos policiales en la protección del mencionado traficante cuando éste se encontraba fugitivo de la Justicia

CONSIDERANDO
que el empresario Domingos Sávio Brandão de Lima, propietario del diario Folha do Estado do Mato Grosso y de la radioemisora Cidade de Cuiabá FM, fue muerto el 30 de septiembre del 2002 y que la Policía Civil ha identificado a uno de los sospechosos del crimen, pero que aún no ha dado con el autor intelectual

CONSIDERANDO
que debido a la acción del crimen organizado en el estado de Mato Grosso se ha solicitado la ayuda de un grupo de tarea para combatir la criminalidad

CONSIDERANDO
que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

solicitar al Gobierno Federal que la investigación de los crímenes contra los derechos humanos, incluyendo los asesinatos de periodistas de la prensa hablada y escrita, pase a estar bajo la jurisdicción de la Policía Federal, ya que la “federalización” prevista en la propuesta de enmienda a la Constitución N° 29/2000 del Senado, que incluye la reforma del Poder Judicial, ya fue analizada por la Cámara de Diputados y se encuentra pendiente de aprobación en el Senado Federal

solicitar la ampliación y mejora del programa de Protección a Testigos, el cual mantiene a los testigos en precarias condiciones de supervivencia, lo que hace que muchos testigos prefieran no someterse a dicho programa

solicitar a los gobernantes reelectos y a los que asumirán sus funciones en enero que aseguren el derecho a la libertad de expresión y se comprometan a acabar con la impunidad

solicitar a las Secretarías de Seguridad Pública de los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Brasília, Sergipe, Espírito Santo y Rondônia que faciliten las condiciones técnicas y de infraestructura necesarias para que la policía pueda investigar los crímenes, incluyendo el pago de viáticos para la búsqueda y persecución de los sospechosos, agilización de los servicios de laboratorio para los exámenes de balística, ADN y huellas digitales, disponibilidad de automóviles para la investigación básica y la agilización de los pedidos de búsqueda y encarcelamiento

exigir a la policía y a la justicia que las investigaciones no se limiten a la identificación y encarcelamiento de los pistoleros e intermediarios, sino también a los autores intelectuales de los crímenes.

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