59 Asamblea General Chicago , Octubre 10-14, Illinois

IMPUNIDAD - BRASIL

CONSIDERANDO
que la investigación sobre la muerte de Reinaldo Coutinho da Silva, asesinado en 1995, en Río de Janeiro, permanece prácticamente paralizada porque la Policía Civil alega dificultades para obtener pruebas que conduzcan hasta los asesinos y los autores intelectuales

CONSIDERANDO
que la investigación sobre la muerte de Manoel Leal de Oliveira, asesinado el 14 de enero de 1998, en Itabuna, Bahía, avanzó bastante gracias al empeño del juez Marcos Bandeira y el juzgamiento de dos de los sospechosos de participar en el crimen, siendo uno de ellos Mozart da Costa Brasil, condenado a 18 años de prisión por homicidio calificado, pero todavía resta un sospechoso que se encuentra prófugo y no fueron castigados los autores intelectuales

CONSIDERANDO
que la investigación sobre la muerte de Edgar Lopes de Faria, asesinado el 29 de octubre de 1997, está prácticamente paralizada, porque la policía dice que no hay pistas

CONSIDERANDO
que Paulo Sérgio Mendes Lima, quien fue sometido a un juicio por jurado, fue hallado culpable de homicidio calificado y sentenciado a 19 años y seis meses de prisión por el asesinato de Ronaldo Santana de Araujo y éste, a su vez, habría señalado al autor intelectual

CONSIDERANDO
que Orico Rodrigues fue apresado y condenado a 16 años de prisión por la muerte del animador de televisión José Carlos Mesquita, asesinado el 10 de marzo de 1998, en Ouro Preto do Oeste, Rondônia, pero todavía hay un sospechoso con orden de prisión preventiva que se encuentra prófugo y no se ha llegado a los autores intelectuales del asesinato

CONSIDERANDO
que el juez Ronaldo Gonçalves de Souza aceptó las alegaciones del fiscal Euclésio Ribeiro da Silva en cuanto a que existen pruebas de la participación de varios sospechosos en el asesinato de la columnista Maria Nilce Magalhães, ocurrido el 5 de julio de 1989, en Vitória, Espírito Santo

CONSIDERANDO
que el ex policía Divino José de Matos, conocido como Divino 45, acusado de ser el asesino del periodista Mário Eugênio Rafael de Oliveira, fallecido el 11 de noviembre de 1984, fue enviado a prisión, aunque a pesar de estar encarcelado, la policía no identificó a los autores intelectuales del crimen

CONSIDERANDO
que el periodista radial José Wellington Fernandes, apodado Zezinho Cazuza, fue asesinado el 13 de marzo de 2000, y que el principal acusado, el ex alcalde Genivaldo Galindo da Silva, fue apresado y aguarda ser juzgado

CONSIDERANDO
que la Policía Civil pudo identificar y la Fiscalía denunció como sospechosos del asesinato del periodista Mário Coelho de Almeida Filho, asesinado el 16 de agosto de 2001, al ex presidente del Concejo Municipal de Magé, Genivaldo Ferreira Nogueira, y a Reynaldo Polari Stumpf, quien se encuentra prófugo

CONSIDERANDO
que la Policía Civil identificó y apresó a los asesinos del periodista Tim Lopes, de la TVGlobo y que el proceso continúa ahora ante la Justicia

CONSIDERANDO
que el empresario Domingos Sávio Brandão de Lima, propietario del periódico Folha do Estado do Mato Grosso y de la radio Cidade de Cuiabá FM, fue asesinado el 30 de septiembre de 2002 y que la Policía Civil identificó a los asesinos y al autor intelectual del crimen

CONSIDERANDO
que el empresario Edgar Ribeiro Pereira de Oliveira, socio propietario del semanario Boca do Povo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fue asesinado a tiros el 9 de junio de 2003 y la policía identificó a los autores materiales, pero no al autor intelectual, existiendo indicios de que el crimen podría estar vinculado a la actividad profesional del empresario

CONSIDERANDO
que el periodista radial Nicanor Linhares Batista, director-propietario de Radio Vale do Jaguaribe AM, fue asesinado el 30 de junio de 2003, en Limoeiro do Norte, Ceará, dentro del estudio de la propia radio, y que la policía arrestó a algunos de los involucrados en el asesinato, pero aún busca a cuatro prófugos

CONSIDERANDO
que el 22 de abril de 1991 se dio por desaparecido al presentador radial Ivan Rocha en Teixeira de Freitas, en Bahía, y que la investigación respecto de esta desaparición fue archivada, a pesar de haber testigos del secuestro del animador

CONSIDERANDO
que Nivanildo Barbosa Lima, redactor del diario Ponto de Encontro, Bahía, fue encontrado muerto en una represa hidroeléctrica de Paulo Afonso, en julio de 1995, y que si bien la investigación policial había sido reabierta, hasta octubre de 2003 las investigaciones no se habían retomado

CONSIDERANDO
que el fotógrafo Luís Antônio da Costa fue asesinado el 23 de julio de 2003 durante una cobertura fotográfica en un campamento de desamparados en São Paulo, y que los asesinos fueron apresados

CONSIDERANDO
que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

solicitar al Gobierno Federal que la investigación de los crímenes contra los derechos humanos, incluidos los asesinatos de periodistas y locutores de radio, sean trasladados a la competencia de la Policía Federal y de la Justicia Federal para evitar la manipulación y las presiones sobre los responsables de los juzgamientos. La “federalización” está prevista en la propuesta de enmienda a la Constitución No. 29/2000 del Senado que contempla la reforma del Poder Judicial, la cual fue analizada por la Cámara de Diputados y depende de la aprobación del Senado Federal

solicitar la ampliación y mejoras al programa de Protección de Testigos, que hoy mantiene a los testigos en condiciones precarias de supervivencia, lo cual causa que muchos prefieran no acogerse al programa

solicitar a la Policía Federal protección para los acusados presos dispuestos a colaborar para identificar a los autores intelectuales de los crímenes.

solicitar al Gobierno Federal que garantice el derecho de libertad de expresión y de acceso a la información pública y que se comprometa a poner fin a la impunidad

solicitar a las Secretarías de Seguridad Pública de los Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahía, Río de Janeiro, Brasilia, Sergipe, Espírito Santo, Ceará, São Paulo, Rondônia que establezcan las condiciones técnicas y de infraestructura necesarias para que los policías puedan efectivamente investigar los crímenes, incluido el pago de viáticos para el traslado de los sospechosos, agilidad en los servicios de los laboratorios para el examen de balística, ADN y huellas digitales, disponibilidad de automóviles para la investigación básica, la agilización de las órdenes de allanamiento y arrestos

exigir a la Policía y la Justicia que las investigaciones no se limiten a la identificación y encarcelamiento de delincuentes e intermediarios, sino que también de los autores intelectuales de los crímenes.

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