59 General Assembly Chicago , October 10-14, Illinois

ARGENTINA

La gravísima crisis económica que padece el país mantiene en una situación de ahogo económico a los medios de comunicación.
La caída en las ventas se ha detenido, la publicidad ha dejado de retroceder. Pero, tras varios años de sobrevivir en una economía en picada, muchos diarios están endeudados y aún deben enfrentar el pago de sus costos dolarizados, tras una devaluación que ubicó al peso a un tercio del valor de la moneda estadounidense.
Las pequeñas y medianas empresas argentinas pagan 10,5 por ciento en concepto de impuesto al valor agregado (IVA). Sin embargo, esta medida no alcanza a las empresas periodísticas de la misma magnitud económica, que deben pagar el doble por ese gravamen mencionado. La flagrante discriminación que ello significa ha sido puntualizada por las entidades representativas de la actividad. La pesada y desproporcionada carga impositiva que sufre la prensa argentina agrava la crítica situación de todos los medios, pero en el caso de los pequeños y medianos periódicos, se basa en una inexplicable discriminación.
Una delegación de prensa se reunió con el presidente Néstor Kirchner, a quien se le advirtió de que, de no aplicarse medidas concretas, muchas publicaciones corren serio riesgo de desaparecer, especialmente en las pequeñas localidades del interior del país. Se planteó, además, que las empresas periodísticas han acumulado deudas impositivas, causadas por la dificultad de pago. El Presidente aseguró que buscaría soluciones rápidas y permanentes, pero aún no se han visto.
En una medida sorpresiva, que causó profunda conmoción en el ambiente periodístico argentino, el 29 de mayo se realizó un allanamiento a la sede del diario La Nación, por orden de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. La magistrada investigaba una denuncia periodística sobre supuesta evasión impositiva y lavado de dinero contra algunos de los accionistas de este diario, publicada en un semanario sensacionalista.
La Nación dio a conocer algunos hechos sugestivos alrededor de este allanamiento, primer episodio de este tipo en su trayectoria de 133 años. Sostuvo que desde que inició la renegociación de la deuda contraída para la instalación de una nueva planta gráfica, su sociedad editora fue objeto de llamativos intentos de desprestigiarla. "Parecería que se la quisiera debilitar para que capitales hostiles puedan adquirir parte de sus acciones mediante la compra de su deuda a precios devaluados”, indicó el diario.
En otro caso que ha revelado graves falencias en el Poder Judicial, finalmente fue declarada la nulidad del procesamiento de Ernestina Herrera de Noble, directora del diario Clarín, en una causa por supuestas irregularidades en la adopción de sus hijos.
En enero pasado, el juez Roberto Marquevich procesó a la editora e incluso le dictó prisión, medida que fue revocada por decisión de la Cámara de San Martín, que lo criticó con dureza. Dicha cámara separó a Marquevich y la causa llegó a manos del juez Conrado Bergesio, quien desprocesó a la señora de Noble.
El diario Clarín llamó la atención sobre ciertos hechos que despiertan sospechas: a pesar de tratarse de un delito excarcelable —supuesto uso de documento público falso— la directora pasó dos días en prisión y otros tres con arresto domiciliario; por otra parte, el juez la procesó en plena ferial judicial, cuando sólo se atienden casos de urgencia. Marquevich enfrenta un procedimiento de juicio político en el Consejo de la Magistratura.
El periodismo argentino expresó su profunda preocupación y disconformidad con el Decreto de necesidad y urgencia Nº 1214/03, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional modificó la ley de Radiodifusión. De este modo, el Ejecutivo no sólo introdujo modificaciones altamente cuestionables, sino que se arrogó facultades legislativas que le están expresamente vedadas por la Constitución Nacional.
El 19 de mayo, el Ejecutivo, ejerciendo potestades legislativas, dispuso la sustitución del artículo 11 de la Ley Nº 22.285 de Radiodifusión, al invocar la hipótesis contemplada en el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional.
De ese modo, se habilita a las provincias a prestar un servicio de televisión abierta y un servicio de radiodifusión sonora por modulación de amplitud, previa autorización simple, mientras que los municipios podrán prestar un servicio de radiodifusión por modulación de frecuencia. En ambos casos, las estaciones podrán emitir publicidad y no estarán sujetas a concurso abierto y permanente.
Estas modificaciones configuran un retroceso para el pluralismo en materia de radiodifusión, una intromisión del sector público y una afrenta a la Constitución que establece: “...El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.
No se han producido mayores novedades en la investigación de “lavado de dinero”, maniobra que consiste en triangular fondos de origen ilegal con bancos del exterior, que reingresan en el circuito económico para adquirir empresas, entre las que se encuentran medios gráficos, radiales y televisivos. Una comisión legislativa encontró serias irregularidades.
A este repudiable procedimiento se suma el encubrimiento de relaciones laborales, bajo la forma de cooperativas de empleados, que algunos diarios implementan impunemente. Esto debilita la posición del trabajador, que para no perder su empleo, se ve forzado a aceptar este ardid, y además implica una desventaja y una competencia desleal hacia las empresas que operan legalmente.