60 Asamblea General de la SIP . Antigua, Guatemala, 22 - 26 de octubre 2004

ARGENTINA

La prensa está lentamente remontando la grave crisis por la cual ha caído en forma alarmante la circulación de ejemplares y la venta publicitaria, con costos e insumos encarecidos por la devaluación frente al dólar. También advertimos que las distintas administraciones que rigieron al país desde 2001 aplicaron medidas que no sólo no aliviaron esta situación, sino que impusieron condiciones cada vez más rigurosas y acrecentaron la ya agobiante presión impositiva.

Lamentablemente, las tan urgentes soluciones no llegan, principalmente por la falta de total de diálogo con el gobierno nacional, que fue denunciada recientemente por el periodismo argentino. Tal es la cerrazón de la administración del presidente Néstor Kirchner, que en un documento se alertó sobre una “sordera oficial absoluta” frente a reclamos y críticas sobre cuestiones relacionadas con el pleno ejercicio de la libertad de prensa.

Al momento de la reunión de Los Cabos no se registraba denuncia alguna sobre presiones a medios o periodistas, a excepción de algunas notas publicadas en la revista Noticias, sobre presiones gubernamentales a periodistas. Luego se dio a conocer un detallado informe, basado en una auditoría privada realizada sobre la publicidad oficial, según el cual el gobierno nacional otorgaría más centimetrajes y espacios publicitarios a ciertos medios con la intención de que haya una cobertura periodística que suavice o elimine las críticas a la administración nacional.

En el tiempo transcurrido desde entonces, percibimos que la situación se ha tensado más de lo habitual. Circulan en los ámbitos periodísticos comentarios acerca de un celo excesivo de la administración que encabeza el presidente Néstor Kirchner por lo que se publica o emite en los medios de prensa. Aunque no se registran denuncias concretas al respecto, las referencias en privado e incluso en algunas conferencias comienzan a repetirse.

El libre acceso a la información pública es una cuestión que está en debate en el Senado de la nación, que tiene a su consideración distintos proyectos en varias comisiones. La senadora Cristina Fernández de Kirchner –esposa del primer mandatario–, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, ha invitado a la Sociedad Interamericana de Prensa a expresar su opinión.

En una reunión que ya mantuvieron los senadores con representantes de la prensa argentina, ciertos legisladores deslizaron comentarios sobre la prensa que rozaron la descalificación y merecieron una rápida y enérgica respuesta. Cabe recordar además el caso denunciado por La Voz del Interior, de Córdoba, que debió recurrir a un recurso de amparo ante la Justicia local para acceder a información oficial sobre la calidad del agua que consumen los cordobeses.

Este asunto está en el foco de atención del periodismo argentino. Con la presencia del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del embajador norteamericano Lino Gutiérrez, se realizó un debate en un seminario organizado por el Foro de Periodismo Argentino. Allí, los periodistas requirieron precisiones sobre las modificaciones anunciadas al proyecto oficial. Por su parte, Fernández expresó una queja por el “mal uso” de un decreto que establece el acceso a la información del Gobierno e, incluso, defendió la utilización de fondos reservados, abultadas sumas cuyo destino se desconoce.

El periodismo argentino ha manifestado su disconformidad con las ideas planteadas por algunos senadores, que pretenden extender el derecho a la información sobre los bancos de datos periodísticos y el secreto de las fuentes periodísticas, o sobre datos atinentes a la organización y funcionamiento interno de los medios de prensa.
Se registró una serie de ataques contra el diario Río Negro promovida por el gobierno de Neuquén, en represalia por su política editorial, en el plano judicial, informativo y de discriminación publicitaria.
Uno de estos ataques fue el recurso judicial que inició contra el diario el ministro de Seguridad y Trabajo de Neuquén, Luis Manganaro, para que éste revele las fuentes de una información publicada que lo involucraba. De esa manera, desconoció la intangibilidad de las fuentes periodísticas, tutelada por el Art. 43 de la Constitución Nacional. Finalmente, la Justicia archivó la denuncia.

En el plano judicial, debemos lamentar la reducción de penas de quienes fueron condenados como asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado en la ciudad balnearia de Pinamar el 25 de enero de 1997. El periodismo, acompañado por la sociedad en general, ha expresado su profundo rechazo a esta determinación del tribunal de alzada, en tanto la medida aplicada genera una sensación de injusticia e impunidad en la población.

La Corte Suprema de Justicia condenó al diario Clarín a indemnizar a un matrimonio al que se vinculó con la venta de bebés en varias notas publicadas en 1995. A pesar de que el propio diario, al día siguiente de publicar la primera nota, rectificó la información, el tribunal confirmó la condena. El alto tribunal sostuvo que la utilización del modo potencial no alcanza para excluir la responsabilidad del medio.

El 8 de octubre de 2003, la jueza del menor de Río Gallegos, Rosa Núñez, condenó a las empresas editoras de los periódicos Tiempo Sur y El Ciudadano al pago de una multa por violación a los artículos 1º y 2º de la ley nacional 20.056. Los diarios informaron y opinaron sobre una pelea callejera que dejó a un joven gravemente herido y señalaron que las investigaciones apuntaban a la policía por presuntos apremios ilegales.

La Justicia de Córdoba avaló el pedido del diario La Voz del Interior que reclamaba acceso a las actas del directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), en el marco de una investigación sobre la posible contaminación del agua que se consume en esa ciudad. La jueza civil Raquel Villagra aplicó la ley 8.803 de acceso a la información pública e impuso las costas del proceso al ente público.

El empresario periodístico Héctor Ricardo García, dueño y fundador del diario Crónica, de Buenos Aires, fue procesado y detenido bajo el cargo de presunta evasión impositiva. Entidades nacionales y la SIP solicitaron se respete el debido proceso y que esta situación no afecte el normal desenvolvimiento de los medios de comunicación que dirige.
En la provincia de San Luis, se sancionó una “ley de imprenta” que, de haberse aplicado, hubiera significado un grave retroceso para la libertad de prensa. Dicha norma prohibía a los menores de edad ejercer el periodismo gráfico y establecía el derecho a réplica únicamente para los funcionarios públicos. Asimismo, se establecía el delito de imprenta, prohibido por la Constitución y rechazado por la jurisprudencia. El 23 de junio, dicha ley fue derogada por ambas cámaras de la legislatura de esa provincia.

El 10 de marzo fue interrumpida la emisión del noticiero “Telefe Noticias”, desde San Luis. El corte se produjo cuando el informativo daba cuenta de una marcha multisectorial de protesta contra políticas educativas del gobierno provincial.

En este período entre los ataques y amenazas a periodistas, se registraron agresiones contra Daniel Tognetti y Miriam Lewin, del programa televisivo “Punto doc”; Gustavo Malem, redactor del suplemento Infocampo, de Infobae Diario; el reportero gráfico Rolando Díaz, de Nuevo Diario, de Salta; Mariano Martínez, reportero gráfico de El Sol, de Quilmes; Gustavo Corvalán, de El Liberal, de Santiago del Estero; José María Delloro, reportero gráfico de la agencia Télam; Marcos Barroca y Sandra Borghi, de TN.