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ARGENTINA Argentina está superando la peor crisis económica de su historia con profundo impacto social y un desgaste institucional que hasta puso en riesgo la gobernabilidad y con ella a la democracia que tanto esfuerzo costó consolidar. En ese contexto sobrevivió la mayoría de las empresas periodísticas --muchas sucumbieron irremediablemente-- y la secuela económica y financiera sigue golpeando con rigor porque la recuperación de los medios es mucho más lenta que la de otros sectores de servicio. Este punto de inflexión ha sido aprovechado arteramente por una gestión de gobierno que utiliza mecanismos sutiles y fiscales, pero contundentes, para complicar la solvencia económica y financiera de las empresas, especialmente pequeñas y medianas, único bastión para mantener su independencia. Todas estas dificultades podrían afrontarse con mayor optimismo si no se advirtiera en las esferas oficiales una actitud de recelo y desconfianza hacia los medios. Al ser observados con aprensión, parece ignorarse su papel fundamental, que consiste en promover una opinión pública correctamente informada y facilitar la intercomunicación entre gobernantes y gobernados, misión indispensable para el funcionamiento de las instituciones democráticas. Si los gobernantes ignoran las opiniones y apetencias del pueblo, y los gobernados no conocen con amplitud los pasos de sus mandatarios, la democracia pierde uno de sus ingredientes fundamentales. Acá se agravia la consideración que merece la prensa y la del pueblo que no recibe toda la información pública. Los discursos de los gobernantes dicen sólo lo que quieren expresar pero no lo que el pueblo necesita saber. El autoritarismo, enquistado en la gestión de gobierno y en varias administraciones provinciales, seguirá avanzando en igual proporción al de las indecisiones y la pasividad de las empresas periodísticas. Es necesario revalorizar el papel del periodismo independiente como interlocutor válido de la opinión pública. Los medios de comunicación tienen el desafío no sólo de rehacer sus maltrechas economías y estructuras productivas sino también de superar sus deficiencias informativas para brindar con amplitud todo lo que el público tiene que saber, con veracidad y objetividad. No obstante estas descripciones, puede afirmarse que la libertad de prensa existe en Argentina con restricciones, y estas tendencias o hechos preocupantes y graves señalados, si se mantienen en el tiempo, pueden ensombrecer el horizonte de la libertad de prensa. La delegación de la SIP que analizó los problemas de los medios argentinos desde el 28 de febrero hasta el 4 de marzo expresó en su conferencia de prensa en Buenos Aires que los medios no esquivan su responsabilidad, aunque admitieron faltas propias de las empresas y de los periodistas y destacaron que las presiones sobre la prensa inciden en la información que se transmite al público. Otras cuestiones de fondo que afectan a la libertad de prensa en Argentina son las siguientes: La asignación de la publicidad oficial se ha convertido en una espina irritativa, ya que no se aplican criterios técnicos y objetivos para su distribución y el propio Jefe de Gabinete del gobierno nacional ha declarado que asiste a unos más que a otros para evitar favorecer a los medios grandes. El presidente del Comité Federal de Radiodifusión, Julio Bárbaro, también admitió en un reportaje publicado por el diario La Nación el 6 de febrero último que se aplican criterios discrecionales para asignar publicidad a los medios audiovisuales. La publicidad forma parte de los ingresos para afianzar la independencia económica de las empresas, pero esto no quiere decir que el papel del periodismo independiente no sea el de fiscal nato de una clase política que prescinde de la prensa, en la creencia de que la única línea editorial que se defiende es la del debe y el haber, no la de un derecho constitucional que ampara una libertad considerada estratégica. Otro tanto ocurre con la demorada Ley de Acceso a la Información Pública, de dilatado tratamiento en el Congreso y que no pudo ser sancionada en virtud de los cambios de criterio que influyeron en el texto definitivo, despertando la sospecha de la falta de interés en tal sanción por parte del partido gobernante. Los cambios dificultan y entorpecen el acceso del público en vez de facilitarlo, como debería ser de acuerdo con normas republicanas y de principios de rendición de cuentas y transparencia. La mayor preocupación es que el nuevo proyecto incluye a entes privados, entre los que estarían los medios de comunicación, como sujetos obligados a esta ley y a abrir sus archivos. Recientemente, la justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó al Ejecutivo de la municipalidad de La Plata entregar toda la información relacionada con su nómina de personal, tanto permanente como contratado, al hacer lugar a un requerimiento efectuado por el diario El Día de esa localidad, después de agotar las instancias administrativas para obtener información pública. La resolución judicial, más allá de sus alcances sienta un precedente valioso sobre el acceso de la prensa a la información pública. La Ley de Radiodifusión dictada por el gobierno militar en 1980 y que rige con enmiendas parciales no ha sido reemplazada por una normativa que atienda los cambios del sector y, sobre todo, a la evolución de la concepción social de la libertad de prensa. Sabido es que el Estado administra el espectro radioeléctrico y que la concesión de las ondas o su renovación pueden estar influenciadas por intereses políticos. Una mayor claridad serviría para aventar suspicacias y robustecer el funcionamiento de los medios audiovisuales. La proliferación de radios sin el debido proceso de licitación, han creado un caos en el funcionamiento de las emisoras legalmente establecidas. Se ha autorizado a todas las municipalidades, mutuales y entidades de bien público a explotar señales radiofónicas aumentando la cantidad de medios en manos del Estado. El país ya cuenta con una red de radios nacionales pertenecientes al gobierno en todas las provincias y grandes municipios, además del Canal 7 de televisión, la agencia TELAM de noticias y medios de prensa y audiovisuales de propiedad de gobernantes de las provincias o de terceras personas allegadas a ellos. La misión de la SIP recibió denuncias sobre discriminación de parte del gobierno en materia de otorgamiento de publicidad oficial, discriminación informativa y presiones, disimuladas pero directas, contra profesionales de la prensa que se ejercen desde el poder. El gobierno ha definido como medio "extorsivo" a la revista Noticias por el solo hecho de informar y criticar la gestión oficial y, por supuesto, la privó de acceso a la información pública y a asignaciones publicitarias. El acceso a fuentes informativas oficiales ha desaparecido desde el momento en que, según declaraciones del Dr. Alberto Fernández, jefe de Gabinete, la estrategia gubernamental de comunicaciones la lleva a cabo directamente el presidente con discursos en actos públicos, poniendo en evidencia una falta de respeto a la función de la prensa como medio idóneo para informar al público sobre la actividad gubernamental. Existe una real desconsideración por la actividad de la prensa. No obstante, como también lo ha advertido la misión de la SIP, los medios y los periodistas luchan contra tales adversidades y, en algunos casos, se ha actuado con excesiva prudencia o bien con debilidades frente al autoritarismo afectando el cumplimiento de los principios profesionales de informar todo lo que ocurre con objetividad. En Argentina existe el suficiente pluralismo periodístico para que estas situaciones no hayan derivado en "desinformaciones", en el sentido estricto del término, como aduce el gobierno. El problema suscitado en Neuquén entre el diario Río Negro y el gobierno data de 2001, manteniendo desde entonces cerradas las fuentes de informaciones gubernamentales y recibiendo como sanción la casi eliminación de la publicidad oficial. Esta agresión, discriminación y falta de respeto hacia el ejercicio de la libertad de expresión ha sido denunciada por el diario ante la Justicia, ADEPA, SIP y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno provincial sigue sin resolver la discriminación publicitaria y las restricciones denunciadas. El presidente Néstor Kirchner recurre con obstinada frecuencia a la descalificación de legítimas opiniones o informaciones. Son reiterados sus ataques contra periodistas y medios como ha ocurrido con el informe preliminar dado por la delegación de la SIP que recibió réplicas y desmentidas por sus declaraciones sobre la situación del periodismo argentino. Las alusiones personales injustificadas a periodistas, como la que lanzó el presidente contra el subdirector del diario La Nación José Claudio Escribano, y contra el ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, integrante de la delegación destacada en Buenos Aires, es otra agresión gratuita como réplica para cubrir errores señalados por la opinión pública. El presidente Kirchner también hizo apreciaciones agraviantes contra periodistas de Uruguay. Tales hechos definen la tensión permanente entre gobierno y periodistas y ponen de manifiesto el abuso de poder al avasallar la libre expresión del pensamiento. Estas situaciones que afectan gravemente el desenvolvimiento de la libertad de expresión, a pesar de su peligrosidad, no impiden el libre ejercicio de la libertad, aunque dificultan las tareas de los periodistas y la independencia de las empresas. Sigue bajo arresto domiciliario por supuesta evasión de impuestos Héctor Ricardo García, fundador y director del diario Crónica de Buenos Aires, sin la debida resolución que defina su situación. La Cámara Federal de Buenos Aires dictó el 8 de marzo el sobreseimiento y archivo de la causa iniciada por la jueza María Servini de Cubría contra el presidente del directorio del diario de La Nación y otros directivos, a quienes se le imputaban delitos económicos. Las pruebas acumuladas en la causa no eran suficientes para proseguir el juicio, más cuando la misma la inició un prófugo de la justicia basándose en publicaciones del semanario sensacionalista El Guardián. La agresividad de la jueza, disponiendo un allanamiento al diario y otras medidas graves fueron consideradas desproporcionadas. En los últimos
días, el diario El Heraldo de Concordia, Entre Ríos, denunció
que a principios de marzo recibió una notificación de la AFIP,
agencia federal de impuestos, intimándolo para que en el lapso de tres
días entregue el título de propiedad para proceder a la subasta.
El diario acarrea una carga impositiva anterior al 2004 y está cumpliendo
las obligaciones actuales con puntualidad. ADEPA gestionó la suspensión
de la medida y los funcionarios prometieron ocuparse del tema.
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