60 Asamblea General de la SIP . Antigua, Guatemala, 22 - 26 de octubre 2004

CANADA

La libertad de prensa se ha visto afectada por decretos del Poder Ejecutivo y órdenes judiciales. La Corte de Apelaciones de Ontario pronto deberá considerar si en Canadá se puede presentar una querella por difamación contra The Washington Post en el caso Bangoura vs. The Washington Post, ya que el artículo supuestamente difamatorio apareció en Internet.

Los defensores de la libertad de prensa están sumamente preocupados por las implicancias que el caso podría tener ya que se generaría un precedente que permitiría a los demandantes querellar en otros países por alguna nota difamatoria publicada por Internet sin tener ninguna conexión sustancial con el foro aparte de la simple presencia del querellante y un sitio en la “web”.

Recientemente, un periodista de un diario punjabi-canadiense estuvo investigando el caso de una clínica que supuestamente ofrecía servicios que no podía cumplir. La propietaria de la clínica declaró a la policía que el periodista la había amenazado de muerte. Este asegura que la policía no mostró interés en escuchar sus alegatos ni sus pruebas de que él no podría haber proferido tales amenazas de muerte.

Se presentaron cargos contra el periodista, los cuales la fiscalía tuvo que levantar posteriormente por considerar que no había posibilidades razonables de condena. El diario ha visto afectada su venta de publicidad por los cargos imputados y el periodista se siente imposibilitado de realizar investigaciones periodísticas aun si es que éstas son de interés de la comunidad.

En julio, la Comisión Canadiense de Comunicaciones de Radio y Televisión (CRTC) -entidad reguladora de las telecomunicaciones- aprobó las solicitudes para distribuir la señal de la cadena noticiosa Al-Jazeera en idioma árabe por televisión por cable y satélite. Sin embargo, esta medida no fue bien aceptada debido a las estrictas reglas impuestas por la CRTC para controlar los contenidos y evitar la propalación de comentarios abusivos o antisemíticos, lo cual podría significar la edición o eliminación de material periodístico.

Michael Hennessy, presidente de la Asociación Canadiense de Televisión por Cable, dijo que la decisión de la CRTC convertiría a las compañías de cable en censores. El dictamen también fue criticado por grupos judíos que sostienen que la cadena propala contenidos antisemíticos, informó el Toronto Star.

En julio, los reguladores federales revocaron la licencia de una radioemisora de Québec por supuestamente propalar contenidos ofensivos, hecho que ha generado críticas por parte de los defensores de la libertad de prensa, quienes están preocupados por el impacto que podría tener dicho dictamen sobre los medios noticiosos. La CRTC no renovó la licencia de CHOI-FM, la radioemisora más popular de Québec, alegando que en un programa de entrevistas ésta había propalado material que violaba la Ley de Radiodifusión, informó CNews. Ésta ha sido la primera vez en la historia que la CRTC se niega a renovar una licencia debido al contenido propalado por una emisora, según CNews y The Globe and Mail.

En mayo, la Asociación Canadiense de Periodistas (CAJ) otorgó a la agencia nacional de salud su premio anual “Código del Silencio” por sus esfuerzos en ocultar información transparente, informó The Globe and Mail. Durante cinco años, Health Canada, la referida agencia, no permitió el acceso a una base de datos de medicamentos que se expenden con receta médica y que podrían ser dañinos, impidiendo así que los investigadores científicos detecten tendencias e identifiquen drogas problemáticas.

En mayo, The Globe and Mail informó de que el diario Winnipeg Free Press estaba luchando contra los intentos de los fiscales por recurrir a la legislación antiterrorista para no revelar información sobre un caso penal que involucra a la pandilla de motociclistas Hells Angels. Por primera vez en un caso penal, los procuradores están tratando de usar una enmienda a la Ley de Pruebas de Canadá aprobada en el 2001 para permitir audiencias judiciales a puerta cerrada. Originalmente, la enmienda se aprobó con la finalidad de ayudar a proteger al país de la actividad terrorista.

Los procuradores han solicitado una audiencia a puerta cerrada para discutir por qué cierta información sobre el caso no debe ser vista por nadie –ni siquiera por los querellantes, sus abogados o los medios. The Free Press está tratando de tener acceso a la audiencia y a la información, en tanto que su abogado ha manifestado que la enmienda “impone la confidencialidad obligatoria en asuntos que podrían ser de enorme interés público”.

Según un análisis realizado a fines de marzo pasado por la revista New Winnipeg, las propuestas presentadas por el gobierno y el sector privado para permitir una mayor participación extranjera en la propiedad de la televisión por cable limitarían la voz de la ciudadanía canadiense.

El artículo sostiene que el levantamiento de las restricciones para la participación extranjera en la propiedad sólo beneficiaría a cuatro grandes compañías de cable, las que así estarían en capacidad de vender sus acciones a empresas norteamericanas. CNews informó de que grupos tales como “Friends of Canadian Broadcasting” temen que los canadienses pierdan el control de sus principales medios de comunicación si es que el gobierno aprueba tales planes.

En mayo, la Asociación Canadiense de Periodistas y otras asociaciones internacionales de prensa condenaron el aparente asesinato del periodista franco canadiense Guy-André Kieffer, ocurrido en Costa de Marfil, y exhortaron al gobierno canadiense a presionar a las autoridades de dicho país para que se aseguren de imponer todo el peso de la ley sobre sus asesinos.

Kieffer, de 54 años, no ha sido visto desde que desapareció el 16 de abril en Abidjan, la ciudad capital. Constantemente informaba sobre casos de corrupción en el importante comercio de cacao. Algunos simpatizantes del gobierno lo habían acusado de favorecer a los rebeldes, refiriéndose a la división existente en dicha nación de Africa occidental entre el norte en manos de los rebeldes y el sur controlado por el gobierno, a pesar de que formalmente la guerra civil terminó el verano pasado.

Los medios de Costa de Marfil informan que Kieffer fue secuestrado y asesinado por milicianos aliados con el gobierno. La organización Reporteros sin Fronteras sostiene que antes de su desaparición, Kieffer fue amenazado en dos ocasiones por personas vinculadas con el gobierno.