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CANADÁ La renuencia por parte de los jueces a reconocer el derecho de los periodistas a mantener la confidencialidad de sus fuentes, así como la cuestión del acceso público a las reuniones de los concejos municipales, han sido materia de preocupación para los medios canadienses en meses recientes. En noviembre, un juez de Ontario halló al reportero Ken Peters, del Hamilton Spectator, culpable de desacato por rehusarse a cumplir una sentencia del tribunal que le ordenaba nombrar a la persona que estuvo presente en una reunión en 1995 en la que éste recibió documentos de crítica importancia. Peters se encontraba cubriendo temas municipales cuando se reunió con dos personas para obtener documentos en los que se sostenía la existencia de graves problemas en la casa de reposo para ancianos St. Elizabeth Villa en Hamilton. Luego, Peters escribió una serie de artículos basados en dicha documentación. La referida casa de reposo está demandando a funcionarios municipales por difamación, negligencia y violación de sus deberes públicos a la luz de alegatos de maltratos y abuso de los residentes y del personal, y exige una reparación de $15.5 millones en dólares canadienses. El 7 de diciembre, David Crane, juez de la corte superior, resolvió que la promesa de Peters de mantener la confidencialidad de sus fuentes no alcanzaba a la segunda persona presente en dicha reunión, de modo que le ordenó identificarla. Peters se negó, aduciendo que si lo hacía revelaría indirectamente su fuente. El juez Crane manifestó que fue la insistencia de los medios en proteger la confidencialidad de sus fuentes de noticias lo que obligó a los periodistas a violar la ley. Para las organizaciones mediáticas este dictamen, que incluye el pago por parte de Peters de $31,600 en dólares canadienses en costos judiciales, constituye un peligroso precedente. Peters ha dicho que apelará. A mediados de diciembre, el concejo municipal de Charlottetown, Ottawa, votó 7-3 a favor de la realización de reuniones de comisiones abiertas a los medios, pero agregó una larga lista de exclusiones, entre las que se encuentran los debates pre-presupuestarios, informes y presentaciones ante el concejo, así como reuniones que cualquier organización solicite realizar en privado. En abril, a un reportero de la cadena CBC se le pidió que abandonara la sala donde sesionaba una comisión. CBC respondió presentando una solicitud formal para que todas las reuniones de comisiones fueran abiertas al público. A principios de diciembre de 2004, Aamir Arain, residente canadiense y director de The Pakistan Post, que circula en todo Canadá y Estados Unidos, manifestó que había recibido una llamada anónima en su celular amenazándolo de muerte, luego de que su diario publicara una nota basada en un informe de la Real Policía Montada de Canadá, presentado en noviembre, sobre una incautación de drogas en Toronto en la que estaban involucrados influyentes miembros de la comunidad empresarial pakistaní de la localidad. Posteriormente, los anunciantes declararon haber sido presionados, lo cual, según Arain, produjo una caída del 30 por ciento de los ingresos del diario en publicidad. En enero se llegó a un acuerdo para detener los juicios civiles y penales contra el autor y periodista Stephen Williams, que habían empezado dos años antes luego de una serie de allanamientos de su vivienda. Después de una larga y costosa batalla en los tribunales, Williams aceptó acogerse a un pacto sobre declaración de culpabilidad ofrecido por el gobierno y recibió una sentencia suspendida después de declararse culpable de un cargo de violación de una prohibición de publicación. Se le impuso una pena de tres años de prisión condicional no efectiva y trabajo comunitario. El inusual doble juicio que se le siguió a Williams, tanto en lo civil como en lo penal, comprendió 97 cargos penales por supuestamente haber violado una prohibición de publicar notas sobre el juicio entablado al asesino en serie Paul Bernardo. El temor era que el juicio fuese un amedrentador mensaje a los periodistas y escritores que criticaran a la policía y el aparato judicial de Ontario y se convirtiera en un peligroso precedente legal. A fines
de febrero, algunos grupos mediáticos exigieron una investigación
pública cuando un periodista y el presidente de una comisión policial
fueron objeto de lo que se consideró una injustificada acusación
de conducir en estado de ebriedad, luego de un evento de la Asociación
Canadiense de Periodistas realizado en un bar en el centro de Edmonton el pasado
mes de noviembre.
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