CARIBE
Antigua y Barbuda
El fin de semana de Pascua Florida de 2001, Radio Observer comenzó finalmente a transmitir en Antigua y Barbuda, después de una batalla de cinco años por salir al aire.
En noviembre de 2000, el Tribunal Supremo del Reino Unido (Law Lords of the Privy Council) falló en favor de la radio y en contra del gobierno de Antigua y Barbuda, que en septiembre de 1996 confiscó el equipo de la emisora en un allanamiento policial.
Desde que Radio Observer comenzó sus transmisiones ha habido varias amenazas tanto contra la emisora como contra el periódico Daily Observer, ambos de propiedad y operados por Observer Group of Companies.
En una carta abierta al comisario de policía Truheart Smith, el líder de la oposición, Baldwin Spencer, planteó sus preocupaciones por la seguridad de Radio Observer y, desde la publicación de la carta, las amenazas han menguado.
Barbados
No se han reportado quejas relacionadas con amenazas a la libertad de prensa en Barbados.
Grenada
El primer ministro amenazó con promulgar un Código de Prácticas en relación a la forma en que los periodistas deben comportarse, escribir o tomar fotografías. Posteriormente, accedió a desistir de tal iniciativa.
Trinidad Tobago
El primer ministro y sus funcionarios han cesado sus ataques verbales contra los medios, al menos por el momento.
Jamaica
La Gleaner Company Limited recurrió ante el Tribunal de Apelaciones para disputar dos importantes fallos por libelo emitidos contra la empresa: el primero en 1995, por 650.000 dólares, y el segundo en 1996, por 2,3 millones.
El 31 de julio de 2001, el tribunal ordenó reducir a aproximadamente 1,0 millón de dólares la compensación de 2,3 millones, pero la compañía dijo que se proponía apelar a este nuevo fallo ante el Tribunal Supremo de Londres (Privy Council), el cual constituye la última instancia de apelación en los países de la Mancomunidad Británica.
El gobierno tiene dos proyectos de ley en marcha: uno sobre la Ley de Libertad de Información y otro que incluye nuevas cláusulas para la vigilancia y eliminación de la corrupción en el ejercicio de cargos públicos, conocida como la Ley (de Prevención) de Corrupción.
Los medios se han opuesto vigorosamente a un capítulo de la ley anticorrupción por el cual se catalogaría como delito, penable con cuantiosas multas, la publicación o el uso de información que contenga "cualquier declaración, carta u otro documento" que se sepa, o debería de saberse, que provenga de un miembro de la Comisión para Prevención de la Corrupción y no haya motivos razonables para creer que la información está relacionada con un hecho de corrupción o cualquier pesquisa sobre corrupción.
Aunque la Ley (de Prevención) de Corrupción no está elaborada aún en definitiva, se ha enmendado para eliminar ese apartado en respuesta a las objeciones de los medios.