CHILE

La prensa ha desarrollado su labor con normalidad sin que se hayan registrado violaciones de gravedad.
La ley sobre Libertades de Opinión y de Información y Ejercicio del Periodismo se promulgó el 4 de junio.
La nueva ley eliminó regulaciones que permitían a los jueces prohibir a su antojo la cobertura periodística de los procesos judiciales; erradicó la jurisdicción militar para juzgar a quienes cometan abusos en contra de militares a través de los medios; y dejó sin efecto la Letra b del Art. 6 de la Ley de Seguridad del Estado a través de la cual los periodistas podían ser acusados por ofender a los altos funcionarios mediante sus escritos.
Sin embargo, la nueva legislación mantiene la figura penal del desacato en el Código Penal; califica como periodista sólo a quien tenga un título universitario, y hace obligatorio ese requisito para trabajar como periodista en la administración pública; aumenta las penas pecuniarias y agrega una indemnización adicional por concepto del daño moral a cargo de la persona quien a través de la prensa cometa el delito de calumnia e injuria, condicionando la libertad de expresión de todos y cada uno de los ciudadanos. También mantiene otras serias limitaciones a la libertad de prensa como el derecho de aclaración o rectificación obligatorio y la cláusula de conciencia.
Durante la discusión del proyecto fueron derogadas, por error, las disposiciones pertinentes que, resguardando la vida privada o familiar de una persona, establecían las condiciones en que los medios de comunicación podrían informar a la sociedad sobre tales hechos, cuando constituían situaciones de innegable interés social.
Con la eliminación del Art. 22 de la hoy derogada Ley de Abusos de Publicidad, las actividades propias del periodismo investigativo han quedado sujetas al restrictivo Art. 161 A del Código Penal.
Advertido del grave retroceso que dicha situación significaría para el ejercicio de la libertad de prensa, el gobierno se comprometió a impulsar un proyecto de ley que restableciera la referida norma por un plazo de nueve meses, periodo en el cual se tramitaría una nueva normativa sobre la protección de la intimidad y privacidad de las personas.
El 6 de marzo el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto de ley transitoria. Aprobado dicho proyecto en el Senado, pasó posteriormente a la Cámara de Diputado, donde aún no se ha sometido a votación. Sin embargo, el gobierno no ha avanzado en la preparación de un proyecto de ley sobre la protección de la intimidad y privacidad de las personas como lo había anunciado y, más bien, parece inclinado a mejorar una iniciativa sobre dicha materia originada en la Cámara de Diputados, la cual fue aprobada por la Comisión de Constitución y Justicia el 17 de abril.
Aunque en la discusión respectiva el autor del proyecto señalado sostuvo que la idea básica era despenalizar la calumnia y la injuria, dando protección al honor y a la intimidad de las personas por la vía civil, es decir, mediante indemnizaciones pecuniarias, en el proyecto referido se indica expresamente que el ejercicio de la acción indemnizatoria no obsta a la interposición de la acción penal y, peor aún, se ha ampliado la descripción de las posibles intromisiones a la privacidad, para hacerla coincidir con el contenido del citado Art. 161 A del Código Penal.
Tal como fue aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, este último proyecto resulta extraordinariamente peligroso para la libertad de información. Con todo, su despacho no ha experimentado mayormente un avance en el cuerpo legislativo señalado, lo que podría atribuirse a la iniciación de la campaña parlamentaria que culmina en diciembre, cuando se elija la totalidad de los diputados y la mitad de los miembros de Senado.
La Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, en reciente declaración, ha sostenido que el periodismo de investigación es un aliado natural de la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados y el vacío legal que se ha producido es una seria amenaza para la actividad periodística y para la debida información a la sociedad, y una incomprensible señal de retroceso en la libertad de informar que deben tener los medios de comunicación en un país.

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