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COLOMBIA

La impunidad, el miedo y la violencia siguen siendo los obstáculos principales para el ejercicio libre del periodismo en Colombia.
Cinco periodistas fueron asesinados en este semestre, tres de ellos por claras razones del ejercicio de la profesión.
En un hecho insólito, todos los periodistas del departamento de Arauca ?16 en total? abandonaron la región por amenazas de los paramilitares y la guerrilla, que les exigieron marcharse en 48 horas y no regresar. Este éxodo colectivo convirtió a Arauca en una “zona silenciada” durante varios meses. Trece de ellos regresaron cuatro meses después, bajo estrictas medidas de seguridad.
Treinta periodistas reportaron amenazas contra sus vidas; siete de ellos salieron del país. Diez periodistas denunciaron haber sido agredidos por las autoridades durante sus labores informativas, y dos más fueron secuestrados por la guerrilla de las FARC.
En el plano legislativo, el Congreso rechazó las objeciones del presidente Álvaro Uribe a la ley sobre profesionalización periodística, pero la Corte Constitucional declaró parcialmente fundadas las objeciones y aprobó la acreditación frente al Ministerio de Protección Social. La Corte precisó que dicha acreditación sería voluntaria y como un medio de prueba para acceder a beneficios y garantías consagradas en la ley, pero no requisito para ejercer el periodismo.
Se encuentra en trámite el proyecto de Estatuto Nacional para enfrentar el terrorismo, en cuyo articulado aparecen normas que podrían restringir y dificultar el acceso de los periodistas a la información.
Por último, se halla en estudio un preocupante anteproyecto sobre libertad de expresión en la Defensoría del Pueblo, que pretende no sólo reglamentar el derecho a la rectificación y consagrar deberes para el emisor de la información, sino establecer límites a la propiedad de los medios, que deberán tener, como mínimo, 300 accionistas, ninguno con más del 49 por ciento.
El fenómeno de impunidad se mantiene. Los procesos investigativos por crímenes contra periodistas no registran mayores avances. De 122 periodistas asesinados en los últimos 15 años, la Fiscalía colombiana sólo ha llevado a la subunidad que atiende estos crímenes 35 casos. Todos los demás se encuentran dispersos por fiscalías regionales. De esa cifra, 19 se encuentran en la etapa de indagación preliminar en práctica de pruebas, sin resultados sobre los responsables.
No obstante, hay que destacar que la Fiscalía ha dictado orden de captura contra un alcalde, como presunto autor intelectual del crimen del periodista José Emeterio Rivas, asesinado el pasado 7 de abril, en Barrancabermeja.
Asimismo, y por la presión ejercida por la SIP ante las autoridades judiciales, la Fiscalía incluyó los procesos por los homicidios de los periodistas Didier Aristizábal, Yesid Marulanda Romero, Gerardo Bedoya Borrero, Hernando Rangel Moreno, dentro de un Comité de Impulso de Procesos, que tiene por objetivo agilizarlos.
Estos son los principales hechos:

Marzo:
- Tres reporteros gráficos de las agencias de noticias AFP, Reuters y AP, que cubrían las manifestaciones contra la guerra en Irak frente a la Embajada de Estados Unidos, fueron agredidos físicamente por policías antimotines en Bogotá. Un reportero gráfico de la AFP resultó herido por una bala de goma, en una de sus piernas.

- Salió del país un equipo periodístico de RCN televisión conformado por un periodista, un camarógrafo y un técnico, que había sido secuestrado por la guerrilla de las FARC, el 28 de enero, en Arauca.

- Un grupo de 16 periodistas, amenazados por la guerrilla y los paramilitares que operan en el departamento de Arauca, abandonó la región. Todo el departamento estuvo sin información por casi cuatro meses, hasta que trece de los periodistas regresaron con medidas de seguridad, como un transporte colectivo para sus desplazamientos y equipos de comunicación con enlaces con la policía y el ejército, aportados por la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior.

- El presidente Álvaro Uribe instó a los periodistas a cerrar sus espacios a la guerrilla y a los paramilitares. Expresó su extrañeza por el hecho de que los medios den espacio a los terroristas, y pidió ayuda a la prensa para difundir el programa presidencial que promueve la desmovilización de los grupos armados.

Abril:
- Guerrilleros de las FARC atentaron contra la emisora Timaná Estéreo en el sur del Huila, destruyeron la torre de control y los equipos de transmisión, además de los equipos de enlace de Telecom. La emisora quedó fuera del aire.
- El 7 de abril, José Emeterio Rivas, director del Programa radial de Investigación contra la Corrupción Administrativa, apareció asesinado en la zona rural de Barrancabermeja, departamento de Santander. El periodista formaba parte del programa de protección de periodistas del Ministerio del Interior. La Fiscalía General de la Nación dictó luego orden de captura contra el alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila, como presunto autor intelectual del homicidio de Rivas. Ardila se entregó a la justicia el pasado 15 de septiembre. Rivas había sido amenazado por el alcalde, a quien había denunciado por nexos con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. El periodista había responsabilizado al alcalde si algo le llegaba a suceder.

- La Fiscalía llamó a juicio al periodista radial Adonai Sánchez, como presunto responsable del delito de tentativa de extorsión dentro del caso por el secuestro del empresario venezolano Richard Boulton.

- Salió del país la comunicadora Alba Luz Arrieta Payares, por amenazas contra su vida por parte de la guerrilla. Se desempeñaba como jefe de prensa de la Segunda Brigada, con sede en Barranquilla.

- También salió del país Pedro Cárdenas, corresponsal de RCN radio en Honda (Tolima), quien a principios de marzo había sido rescatado de un secuestro en esa ciudad. Cárdenas realizó denuncias contra los paramilitares por su responsabilidad en varios asesinatos en la región y a un alcalde por corrupción administrativa.
- Fue dinamitada por las FARC la torre de transmisión del canal regional de Telecafé. El canal quedó temporalmente fuera del aire.

- El 28 de abril fue asesinado el veterano y respetado periodista Guillermo Bravo Vega, en el municipio de Gigante, departamento del Huila. Fue muerto por dos sicarios que lo acribillaron en su casa, mientras escribía en su computador. Bravo dirigía el programa de opinión “Hechos y Cifras”, en el canal 2 local de televisión y tuvo enfrentamientos públicos con un empresario local, a raíz de denuncias suyas sobre la privatización de una licorera.

- Al día siguiente, 29 de abril, fue asesinado Jaime Rengifo Revero, director y propietario de la Casa Editorial El Guajiro, en Maicao, Guajira, frontera con Venezuela.
En las últimas emisiones del programa “Periodistas en Acción”, que dirigía, denunció por sus nombres a los responsables de la delincuencia que operaba en Maicao, con complicidad o inoperancia de las autoridades. Dos semanas antes de su asesinato, apareció un graffiti en uno de los pasillos de la Alcaldía local, en el que se amenazaba de muerte al periodista. Rengifo ejerció la profesión de periodista durante 20 años

Mayo:
- El periodista Diógenes Cadena Castellanos abandonó la ciudad de Neiva, capital del Huila, por amenazas de muerte. Las amenazas contra Cadena se produjeron desde el día siguiente del asesinato de su colega y en ellas le daban tres días para salir de la ciudad. El periodista trabajaba en la emisora Huila Estéreo donde había denunciado la corrupción en la administración pública local.

- José Iván Aguilar Castañeda, director del programa “Noticias Ya”, en la emisora Súper, y corresponsal del Noticiero “Noticias Uno”, sobrevivió a un atentado cuando llegaba a la sede de la emisora, en el centro de Villavicencio, en el departamento del Meta. El periodista había realizado fuertes críticas al alcalde por malos manejos en la construcción de la terminal de transportes y había sido amenazado por éste. Dos años antes, luego de unas denuncias contra los militares, recibió amenazas por parte de integrantes de la Brigada VII, que tiene su base en Villavicencio, quienes lo acusaban de nexos con la guerrilla. Aguilar salió del país.

- La Sala Penal del Tribunal de Valledupar confirmó la sentencia en segunda instancia contra Jorge Eliécer Espinal Vásquez y Rodolfo Nelson Rosado Hernández, como autores materiales del asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres, ocurrido el 16 de septiembre de 1999. Los responsables fueron condenados a 39 años por el delito de homicidio agravado. En enero de 2002, una juez de Valledupar había absuelto de cargos a los sindicados, frente a lo cual la SIP solicitó vigilancia especial para el trámite de segunda instancia en el Tribunal, y realizó presión permanente hasta obtener el resultado del mismo.

- El periodista Adonai Cárdenas, corresponsal del diario El País, de Cali, en Buenaventura, fue víctima de amenazas, después de que el 2 de abril publicó un artículo sobre varios asesinatos ocurridos en la ciudad.

- El diario El Tiempo publicó una investigación sobre los hechos que han rodeado la investigación por el asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del Diario La Patria y denunció que en 16 meses han sido asesinadas seis personas vinculadas con la investigación: un funcionario del Estado, a quien una declaración lo vinculaba al crimen, cuatro sicarios cercanos al autor material y un testigo de la Fiscalía.

Junio:
- La Fiscalía llamó a juicio al columnista del periódico El Tiempo, Roberto Posada, por calumnia e injuria, debido a dos columnas suyas en las que relacionaba al ex asesor de la presidencia, Pedro Juan Moreno, con los paramilitares. La Fiscalía no aceptó la retractación que hizo el columnista por considerarla parcial. El columnista apeló la decisión. Frente al caso, la Procuraduría dijo que la rectificación hecha por el columnista se ajustó a toda la exigencia procesal. La SIP pidió a la Fiscalía rigor y transparencia en el proceso y expresó su temor por el hecho de que se instaure en Colombia el delito de opinión.

- La Policía capturó en Arauca a tres personas señaladas de ser los autores materiales de la muerte del colaborador de El Tiempo, Luis Eduardo Alfonso, asesinado el pasado 18 de marzo de 2003. El gremio de periodistas expresó reservas frente a la medida, por considerar que no hay suficientes pruebas de que esos sean los verdaderos responsables.

Julio:
- Reportaron amenazas ante la Fundación de Libertad de Prensa, José Dimas Rico, director de la emisora Eco Llanero, de Villavicencio. Fue amenazado por dar lectura a los comunicados de la Gobernación del Meta y de la Brigada Militar en la misma ciudad. También, Carlos Fernández Bonilla, columnista del diario Occidente, de Cali, fue amenazado debido a una columna que escribió sobre la situación de las empresas públicas. A Wiston Virachá, corresponsal del Canal Caracol en Nariño, los paramilitares le prohíben ejercer el periodismo en el país.

Agosto:
- La Corte Constitucional aceptó algunas de las objeciones que, por inconstitucionalidad, había hecho el presidente Álvaro Uribe a la llamada Ley de Profesionalización Periodística, que hizo curso en el Congreso en el primer semestre del año. La Corte sostuvo que no es posible exigir la tarjeta de periodista. Dijo que la acreditación propuesta por la ley es válida, pero no para ejercer el periodismo y que sólo serviría como medio de prueba para acceder a beneficios que ofrezca el Estado a los periodistas. La Corte reiteró que la actividad periodística es un derecho de carácter universal, que no puede someterse a requisitos o condiciones previas.

- Fue secuestrado por las FARC un equipo periodístico de El Tiempo conformado por la periodista Jineth Bedoya y el fotógrafo John Vizcaíno, en la población de Puerto Alvira en el departamento del Meta. Fueron retenidos durante cinco días y despojados de sus documentos y equipos, cuando intentaban indagar sobre la suerte de 70 familias que nunca aparecieron luego de que el año anterior, las FARC tomaron esa población.

- El 22 de agosto fue asesinado el periodista Juan Carlos Benavides Arévalo, director de Noticias de la emisora comunitaria Manantial Stereo, de la población de Sibundoy en el departamento del Putumayo. El periodista se desplazaba con otras personas en una camioneta por una carretera del departamento, cuando dos personas vestidas de civil dispararon sobre el vehículo. Benavides recibió un impacto de bala en la cabeza. Se desconocen los móviles del ataque y si Benavides era el blanco del mismo.

- Jorge Real, camarógrafo del Canal RCN en Valledupar fue agredido por miembros del Batallón la Popa, mientras filmaba las imágenes de cadáveres de guerrilleros del ELN muertos en un operativo. Un teniente le arrebató la cámara.

Septiembre:
- La Fiscalía dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra el periodista Emiro Goyeneche, de la emisora Sarare Stereo, en el departamento de Arauca, por presuntos vínculos con la guerrilla del ELN.

- Un atentado terrorista de las FARC contra las torres de comunicación del Páramo de las Domínguez, dejó fuera del aire las señales de Telepacífico y de los canales estatales de televisión (Uno, A y Señal Colombia) en el Valle del Cauca. Los daños materiales ascienden a cinco millones de dólares.

Octubre:
- Salió del país la periodista Rosa Omaira Moreno Blandón, debido a amenazas de la guerrilla y los paramilitares en el departamento del Chocó, a los que denunció desde sus programas en Caracol Radio y sus columnas de opinión en diversos medios locales.

- El 7 de octubre fue asesinado el locutor José Nel Muñoz, de la emisora Latina Stereo, afiliada a la cadena radial Caracol en Puerto Asís, departamento de Putumayo. La Policía atribuyó el crimen a la guerrilla de las FARC. De acuerdo con otras versiones, el locutor habría sido asesinado en represalia por su cobertura periodística sobre la visita reciente del presidente Uribe a esa región del país.

- Como parte de un acto legislativo para combatir el terrorismo, el Congreso aprobó modificaciones a cuatro artículos entre los que se destaca uno que prohíbe a los medios de comunicación revelar la identidad de cualquier persona detenida durante las primeras 72 horas.