59 General Assembly Chicago , October 10-14, Illinois

COSTA RICA

Durante este período el país progresó en materia de acceso a la información pública gracias a una sucesión de fallos de la Sala Constitucional.
Los medios aún funcionan en el marco de una legislación restrictiva, pero, aunque hay nuevas demandas planteadas al amparo de esas leyes, los casos no involucran a funcionarios o figuras públicas. En ese sentido, hay una tregua judicial entre los políticos y los medios.
El cuidado extremo de los medios de comunicación al informar, a veces excesivo y próximo a la autocensura, podría contribuir a explicar la ausencia de demandas.
Estos son los principales acontecimientos:

- El 4 de marzo, en respuesta a un recurso de amparo del periódico La Nación, la Sala Constitucional exigió a la Caja Costarricense de Seguro Social entregar la base de datos de las pensiones del régimen no contributivo. La información permitió publicar reportajes en que se dio cuenta de irregularidades en el otorgamiento de ese beneficio.

- El 2 de mayo, un recurso de amparo del diputado Humberto Arce, acogido por la Sala Constitucional, estableció que el secreto bancario no ampara ninguna cuenta que haya sido utilizada para manejar fondos destinados a las campañas políticas. Bajo la autoridad de ese fallo, los medios costarricenses obtuvieron información bancaria que permitió comprobar graves violaciones a la ley electoral en lo que toca al financiamiento de las campañas políticas.

- El 1 de octubre, la Sala Constitucional falló un recurso de amparo del periódico La Nación para obligar al Banco Hipotecario de la Vivienda a entregar la base de datos que contiene información sobre las personas que han recibido subsidios para la construcción de viviendas de interés social. El Banco había negado la información con la excusa de que es confidencial.

- La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica por la condena penal que sufrió Mauricio Herrera Ulloa, periodista de La Nación, ya está bajo examen de la Corte Interamericana, la cual podría resolver el caso en 2004. Los tribunales costarricenses responsabilizaron al periodista de cuatro delitos de publicación de ofensas en perjuicio de Félix Przedborki, ex embajador honorario de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). Los reportajes de Herrera dieron cuenta de numerosos cuestionamientos hechos al ex embajador en la prensa europea y recogieron datos adicionales sobre la conducta del ex funcionario.

Herrera fue condenado a 120 días multa y al pago de ¢60 millones (unos US $100.000) como reparación civil. La Nación fue condenada solidariamente en lo civil. También se ordenó al periódico publicar el “por tanto” de la sentencia y eliminar de su versión digital los enlaces entre el apellido Przedborski y las publicaciones que causaron la demanda. En lugar de esos enlaces, La Nación debe crear otros entre el apellido del ex funcionario y la parte dispositiva de la sentencia condenatoria. El nombre del periodista, en cambio, debe ser inscrito en el Registro Judicial de Delincuentes.
En la demanda, notificada a las partes el 17 de febrero, la Comisión solicita a la Corte Interamericana anular la sentencia y ordenar cambios en la legislación aplicable a los delitos contra el honor. La demanda cuestiona que el sistema judicial costarricense atribuya al periodista la responsabilidad de demostrar la verdad de los hechos publicados y califica como una “imposición” la orden de eliminar los enlaces entre La Nación Digital y las publicaciones sobre Przedborski y sustituirlos por enlaces con la parte dispositiva de la sentencia condenatoria.

- La policía mantiene abierta la investigación del homicidio del periodista Parmenio Medina Pérez, muerto de tres balazos el 7 de julio de 2001, cerca de su casa en San Miguel de Santo Domingo, Heredia.

- A raíz de denuncias de irregularidades en Radio María, una emisora religiosa, el director del programa radiofónico “La Patada” recibió amenazas y su casa fue blanco de un ataque con armas de fuego.

- En las últimas semanas, la policía allanó la casa del sacerdote Minor Calvo, ex director de Radio María y revisó sus finanzas. También llamó a testificar al ex arzobispo de San José, Monseñor Román Arrieta.

- Entre diciembre y enero la Fiscalía formalizó cargos contra tres hombres. Luis Aguirre Jaime, alias El Indio, fue acusado como autor material del homicidio. A Andrés Chaves Matarrita se le acusa de prestar colaboración a los asesinos, y a John Gutiérrez Ramírez se le sigue causa por mediar entre los homicidas y el autor intelectual del asesinato. Aunque la policía dice tener pistas sobre la identidad del autor intelectual, aún no ha formalizado cargos. Otro autor material fue César Murillo, conocido como Nicho, quien falleció a manos de la policía cuando intentaba asaltar un banco en compañía de Aguirre y Chaves.

- La comisión especial sobre libertad de expresión de la Asamblea Legislativa muestra pocos avances en la tarea de reformar la legislación vigente para ampliar el ámbito de la libertad de expresión en el país. Recientemente, las críticas planteadas a los diputados consiguieron la eliminación de varias normas que más bien imponían nuevas restricciones.