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COSTA RICA Costa Rica no ha dado todavía cumplimiento a las disposiciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera, pero el efecto “liberalizador” de esa resolución es palpable en el periodismo costarricense. En los últimos meses, se nota una disminución en el ánimo de demandar a los medios de comunicación, que podría explicarse como efecto de la sentencia. El 14 de febrero, Eduardo Ulibarri Bilbao, ex director de La Nación, y Gina Polini Guardia, editora del suplemento Viva fueron absueltos del cargo de infracción a la Ley de Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos. Los cargos obedecían a la publicación de fotos de la película “Eyes Wide Shut” de Stanley Kubrick que el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Afines consideró ofensivas a la moral. En una sentencia bien fundamentada, el Juzgado Contravencional del Segundo Circuito Judicial de San José concluyó que las fotos publicadas para ilustrar una crítica de la película no pueden ser consideradas pornográficas. El 2 de julio del 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó sin efecto la sentencia penal dictada contra el periodista de La Nación Mauricio Herrera Ulloa por hallarla incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Herrera fue condenado a 120 días multa y al pago de ¢60 millones (unos $100,000) como reparación civil. La Nación fue condenada solidariamente en lo civil. La Corte señaló que “…castigar a un periodista por asistir en la diseminación de las aseveraciones realizadas por otra persona amenazaría seriamente la contribución de la prensa en la discusión de temas de interés público”. Además, encontró que el recurso de Casación costarricense no satisface el requisito de la segunda instancia establecido en la Convención y exigió a Costa Rica modificar su legislación interna en el plazo de seis meses. Vencido ese plazo, el Estado no ha cumplido con la reforma legislativa ni tampoco ha hecho las reparaciones económicas ordenadas por la Corte. El juicio por el homicidio del periodista Parmenio Medina Pérez, muerto de tres balazos el 7 de julio del 2001, está en la etapa de audiencia preliminar. El empresario Omar Chaves Mora y el sacerdote Minor Calvo Aguilar permanecen detenidos como presuntos autores intelectuales del homicidio. La policía también detuvo a Jorge Castillo, un empresario deportivo, y a Juan Ramón Hernández, un mecánico, como autores materiales. Luis Aguirre Jaime, alias El Indio, ya figuraba en el expediente como autor material y a Andrés Chaves Matarrita se le acusa de prestar colaboración a los asesinos. A John Gutiérrez Ramírez y Danny Smith, también detenidos, se les sigue causa por mediar entre los homicidas y los autores intelectuales del asesinato. Según la Fiscalía, otro autor material fue César Murillo, conocido como Nicho, quien falleció a manos de la Policía cuando intentaba asaltar un banco en compañía de Aguirre y Chaves. La policía considera resuelto el homicidio de la periodista Ivannia Mora Varela, pero el Ministerio Público aún no presenta la acusación formal contra los presuntos responsables: el empresario Eugenio Millot Lasala probable autor intelectual y Edward Serna Molina, Freddy Alexander Cortés y Nelson López Giraldo, posibles autores materiales. Como mediador en la contratación de los homicidas figura Edgardo Martínez. En este caso, las motivaciones del homicidio parecen ajenas a la labor periodística. En el ámbito
legislativo es notable la falta de voluntad política para ejecutar los
cambios aprobados por la comisión especial sobre libertad de expresión
del Congreso. El texto aprobado por la comisión representa apenas un
tímido avance en la materia y algunas de sus disposiciones quedaron superadas
por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera.
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