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CUBA Cuando en marzo del 2003 el gobierno desató una violenta ola represiva, con amplio despliegue policial, juicios sumarios y una treintena de periodistas sentenciados a largas condenas de cárcel, parecía imposible vislumbrar una situación peor. Pero exactamente tres años después, agotadas las máximas gestiones humanitarias y las apelaciones de la comunidad internacional, el caso cubano evidencia el recrudecimiento de las acciones represivas. La cifra de periodistas encarcelados, que se eleva a 25 (más una reclusión domiciliaria), aparece matizada en este período por la decisión de las autoridades de llevar a prisión a una reportera, la prolongada detención de otro periodista sin formulársele cargos delictivos, y sendas huelgas de hambre en protesta por violación de derechos ciudadanos, así como por una abultada lista de transgresiones legales, amenazas policiales, expulsiones de profesionales extranjeros del país y crecientes operaciones de censura informativa en la escena pública. El 1 de diciembre el abogado y periodista Mario Enrique Mayo, condenado a 20 años, fue liberado con una licencia extrapenal, convirtiéndose en el séptimo periodista del llamado Grupo de los 75 que abandona la cárcel por motivos de salud. Mayo, de 41 años, sobresalió entre los prisioneros de conciencia más activos, denunciando maltratos físicos y falta de atención médica en los centros penitenciarios. Su caso cobró resonancia internacional el pasado octubre cuando decidió cortarse el rostro, el abdomen y las extremidades con una cuchilla rústica para reclamar su liberación. El prisionero había hecho dos intentos de suicidio en la prisión y estaba sometido a un tratamiento con sicofármarcos antidepresivos, además de presentar hipertensión y habérsele operado de hemorroides tras su encarcelamiento en marzo del 2003. Su salud se encuentra profundamente afectada. Es importante aclarar que la licencia extrapenal por motivos de salud es una cláusula amparada por el Decreto-Ley 62, de 1987, que estipula el cumplimiento de la condena en reclusión domiciliaria, pero no contempla la supresión de la sanción penal. En otras palabras, el beneficiado puede retornar a cautiverio si las autoridades lo determinan. Justamente el gobierno ha apelado a la intimidación para tratar de neutralizar la labor de los excarcelados con licencia extrapenal. El 21 de febrero, el periodista Jorge Olivera fue citado por un tribunal municipal, donde un “juez de ejecución” le hizo conocer del “sistema de control” que se ejercería sobre su comportamiento, lo que incluye restricciones para salir de La Habana, la incorporación al trabajo en una entidad estatal, la presentación ante las organizaciones de masas del vecindario y “mantener una correcta conducta social”. El incumplimiento de estas medidas implicaría la revocación de la licencia extrapenal y el retorno a un establecimiento penitenciario. El 29 de febrero, el periodista y economista Oscar Espinosa Chepe recibió una citación similar. Tanto Olivera, condenado a 18 años de cárcel, como Espinosa Chepe, condenado a 20, tienen visas de refugiados para emigrar con sus familias a Estados Unidos, pero el gobierno no les otorga el permiso de salida. Otros dos periodistas excarcelados con licencia extrapenal, Carmelo Díaz Fernández y Edel José García, se encuentran también con visados estadounidenses a la espera de la autorización gubernamental para viajar. Ambos son personas enfermas con diversos padecimientos y, tres de ellos con edades que oscilan entre los 60 y los 68 años. Algunos periodistas que continúan encarcelados con sanciones entre siete meses y 27 años, fueron enviados a cárceles más cercanas a sus hogares, aunque prevalecen maltratos a los reos y a sus familiares que los visitan, alimentación execrable, carencia de agua potable, hacinamiento en las celdas y convivencia con reos comunes de alta peligrosidad. Dieciocho de los encarcelados tienen serios trastornos de salud, afectados por padecimientos crónicos y por enfermedades adquiridas durante la reclusión. El gobierno cubano se ha negado a concederles licencia extrapenal. Dos de ellos se encuentran actualmente hospitalizados, José Luis García Paneque y Albert Santiago Du Bouchet, y Juan Carlos Herrera Acosta está en huelga de hambre desde el 4 de marzo. Hay también un minusválido, Miguel Galván Gutiérrez, condenado a 26 años. Los casos más preocupantes
son: A la lista de encarcelados se suma ahora Lamasiel Gutiérrez Romero, de 37 años, la única periodista tras las rejas en Cuba. Gutiérrez cumplía una sentencia de siete meses de libertad condicional en Isla de la Juventud, pero el pasado 7 de octubre se le revocó el arresto domiciliario y fue encarcelada en la prisión de Manto Negro, en La Habana, por no abandonar el ejercicio periodístico independiente. La situación de Gutiérrez es particularmente difícil, pues su esposo, el abogado Roberto Jiménez Posada, se encuentra arrestado hace tres años bajo acusaciones de propaganda enemiga, desacato y revelación de secretos de Estado. El matrimonio tiene un hijo de siete años que ha pasado a la custodia de la abuela materna. Mientras, el periodista Oscar Mario González permanece detenido en una prisión de La Habana desde el pasado 22 de julio sin ser formalmente encausado ni permitírsele el derecho a fianza. González, de 62 años, fue arrestado cerca de su casa por la policía bajo suposiciones de que se dirigía a una protesta antigubernamental frente a la sede diplomática de Francia, y ha sido informado de que se le acusará por violar la Ley para la Protección de la Seguridad Nacional y la Economía de Cuba (ley 88), de 1999, que sirvió para aplicar largas condenas a disidentes y periodistas en la primavera del 2003. Para los más de 50 informadores y comunicadores que a lo largo del país tratan de mantener vivo el movimiento de periodismo independiente, las condiciones de trabajo son abrumadoramente adversas. La falta de recursos materiales y el acceso a las tecnologías de información son limitaciones menores en la espiral de intimidaciones policiales, represalias, detenciones temporales y el acoso de turbas, movilizadas e instigadas por los propios agentes de la Seguridad del Estado. Sus colaboraciones siguen teniendo como destino páginas digitales, emisoras radiales y publicaciones en el exterior, principalmente de Miami, sin cuyo respaldo sería impensable la sobrevivencia de ese movimiento profesional. Desde el pasado noviembre, varios periodistas independientes han sido víctimas de manifestaciones públicas (actos de repudio) frente a sus domicilios. Los días 21 y 23 de enero se reportaron agresiones paramilitares contra el periodista Oscar Sánchez Madan, en La Habana. El 17 de febrero, el periodista fue amenazado por el presidente del comité de barrio (CDR) por haber mencionado su nombre en un programa de Radio Martí, emisora del gobierno estadounidense. El 13 de febrero, el periodista Roberto Santana Rodríguez fue citado por la Seguridad del Estado para una entrevista en una estación policial de Marianao, La Habana. Durante el encuentro, un oficial le mostró un grueso expediente de las noticias publicadas por Santana en la internet, así como un listado de llamadas telefónicas que podrían constituir pruebas para un potencial proceso por su ilegal desempeño periodístico. El 19 de febrero, Gilberto Manuel González Delgado sufrió un registro en su domicilio, el cual estuvo dirigido por un oficial de la Seguridad del Estado y dos miembros del CDR. Se le confiscaron una máquina de escribir y varios artículos, con la amenaza de que sería encausado en virtud de la ley 88. El 7 de noviembre, el periodista Carlos Serpa Maceira, residente de Isla de la Juventud, fue detenido por tres horas en una estación policial de La Habana por no contar con un “permiso de residencia transitoria” en la capital. El periodista Luis Guerra Javier, residente en Camagüey, tiene hace tres meses una visa para emigrar a Estados Unidos, pero las autoridades le retienen el permiso de salida. Al menos otros diez incidentes de hostigamiento a periodistas en La Habana y el interior del país ocurrieron durante el semestre. En el escenario público se destaca el ayuno-protesta del sicólogo Guillermo Fariñas, director de la agencia independiente Cubanacán Press, hospitalizado en una sala de terapia intensiva del Hospital Provincial “Arnaldo Milián”, en Santa Clara, debido a su inestable estado de salud. Fariñas, de 43 años, fue ingresado en el hospital el 7 de febrero por los síntomas de deterioro que presentaba su organismo a causa de una huelga de hambre, iniciada el 31 de enero. El motivo de la protesta: reclamar a las autoridades gubernamentales el acceso, de él y de sus colegas, a la internet, un tema de alta sensibilidad entre los profesionales cubanos y la población en general. El uso de la internet en Cuba está limitado a organismos centrales del Estado, instituciones educacionales y culturales, y extranjeros que abonan el servicio en moneda convertible. Ningún cubano puede acceder libremente a la red, ni siquiera pagando la comunicación en moneda convertible. El gobierno admite que tiene “regulaciones de internet” y que bloquea páginas electrónicas con la argumentación de que “le hacen daño a la soberanía del país”, porque pertenecen a “organizaciones contrarrevolucionarias subversivas y terroristas”. Desde esa perspectiva de control, se explica que Cuba compareciera el pasado noviembre ante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en Túnez, abogando porque la internet sea administrada por un organismo internacional. La delegación cubana al foro culpó también a Estados Unidos por bloquearle a la isla la conexión a una fibra óptica submarina, lo cual aumentaría la posibilidad de ancho de banda y reduciría los costos del enlace a la red. Según los cálculos oficiales, existen hoy en Cuba más de 1,500 sitios virtuales, unas 150,000 personas usan la internet y los usuarios de correo electrónico sobrepasan los 790,000 dentro de la isla. Pero la “distribución social de la internet” que defiende Cuba, incluido el impulso de los llamados Joven Club de Computación, está concebida como una rígida intranet, sesgada mediante la filtración de las páginas con opiniones contrarias a la política oficial del gobierno. Al calor de una nueva campaña contra la corrupción, el gobierno cubano ha emprendido una ofensiva para impedir la proliferación de las señales clandestinas de televisión por satélite, principalmente en La Habana. La policía acomete redadas en las barriadas en busca de los centros de redistribución de la señal para desmantelar las redes de servicio, destruir las antenas y multar a los infractores. La recepción de televisión satelital y por cable está restringida en Cuba a hoteles y residentes extranjeros. Los servidores ilegales son personas que compran receptores de satélite para vender la señal televisiva a sus vecinos por un módico precio mensual. El contenido del servicio se centra en canales estadounidenses en español, como las cadenas Univisión y Telemundo, y estaciones de Miami. Miles de ciudadanos cubanos pagan por este servicio clandestino como una alternativa de información y entretenimiento a la televisión estatal, caracterizada por una fuerte carga de propaganda política que promueve la llamada “Batalla de Ideas”. Obviamente, la preocupación del gobierno es más ideológica que legal. En una nota del pasado 8 de marzo, el diario oficial Granma alertó sobre la programación de esos canales donde “sobre la base de supuestas distracciones y la cacareada e hipócrita libre información, abunda la tergiversación de la realidad cubana, así como la banalidad, el consumismo y otros arquetipos de la sociedad capitalista”. El gobierno anunció la captura y procesamiento de Carlos Valdés González, un cubano residente en Estados Unidos, quien fue detenido en La Habana el pasado 24 de junio por tráfico ilegal de tecnología para captar señales televisivas. Otros dos cubanos residentes en la isla, Liván Salgado Carrillo, un agente de seguridad y protección en el aeropuerto internacional de La Habana, y Darién Rodríguez Lobaina, están acusados también en este caso bajo cargos de cohecho y receptación. Pero la escalada gubernamental por el control de los mensajes televisivos no deja al margen siquiera a los programas oficiales. El 15 de febrero una nota del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) anunció la suspensión del programa musical y humorístico “El Expreso”, alegando que “no se ajusta a la política de programación del organismo”. La prensa oficial fustigó a “El Expreso” -que ocupaba hace un año el horario estelar de los domingos en el canal Cubavisión- por “apelar a tópicos de las revistas del corazón” y buscar el “entretenimiento fácil”. La inconformidad gubernamental está motivada por la retransmisión en el espacio de la boda del presentador y actor Jorge Martínez, celebrada en un hotel habanero con la presencia de un grupo de populares artistas. De hecho, la prensa gubernamental se ha proclamado en pie de lucha para acometer un nuevo proceso de “rectificación de errores y tendencias negativas” convocado por el gobernante Fidel Castro. La exhortación lanzada en ocasión del Día de la Prensa Cubana, el 14 de marzo, clama por “una lucha campal contra las tendencias desmoralizantes de quienes por mezquindad han perdido la virtud ética” y solicita que los periodistas se involucren “con responsabilidad y compromiso” en esta “batalla por el orden” para estar “a la altura de las reflexiones” de Castro. Las instituciones del periodismo gubernamental mantienen como estandarte el culto a las ideas de Castro. El pasado 6 de febrero el oficialista Instituto Internacional de Periodismo de La Habana llegó al extremo de convocar a un ciclo dedicado al “análisis de la obra periodística del Comandante en Jefe Fidel Castro” con la intervención de periodistas e investigadores. El diferendo político con Washington ha escalado nuevas tensiones y estrategias de propaganda. A fines de enero, la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana colocó en su fachada una pantalla electrónica gigante para transmitir noticias, mensajes de derechos humanos y pensamientos de líderes mundiales a favor de la libertad, así como breves acotaciones a la realidad cubana. El gobierno respondió de inmediato con una multitudinaria manifestación frente a la sede diplomática y, días después, inauguró un bosque de mástiles, con banderas negras, para bloquear la visibilidad de la pantalla y denunciar los “actos de terrorismo” contra la isla. No han faltado las detenciones y prohibiciones de periodistas y personalidades extranjeras que intentan visitar la isla para conocer la realidad del pueblo cubano. A comienzos de diciembre las periodistas Anna Bikont, del diario polaco Gazeta Wyborcza, y la suiza Nelly Norton, fueron detenidas y enviadas forzosamente en un vuelo rumbo a Italia. Ambas habían ingresado en Cuba con visas de turista y fueron detenidas por agentes policiales en la ciudad de Sancti Spiritus tras realizar entrevistas a miembros de la disidencia. Se les decomisaron todas las notas y las fotografías tomadas durante la visita. El 23 de enero fueron detenidas por once horas la famosa modelo Helena Houdova y la sicóloga Mariana Kroftova, ambas de nacionalidad checa, mientras tomaban fotografías en las afueras de La Habana. Las fotos iban a ser utilizada para una exposición con fines humanitarios. El 18 de febrero, el historiador y periodista argentino José Ignacio García Hamilton fue impedido de entrar en La Habana y tuvo que irse en el mismo avión en que había viajado a la isla. Aunque García Hamilton contaba con visa, las autoridades cubanas de inmigración le informaron que por órdenes superiores tenía prohibida la entrada al país. El intelectual argentino y su esposa habían planeado visitar Cuba por una semana. Durante una comparecencia televisiva, el pasado 22 de enero, Castro la emprendió contra el corresponsal de la BBC Radio en La Habana, Fernando Rasberg, llamándolo “tipejo’ y “el periodista más mentiroso” de todos los acreditados en Cuba. Los insultos contra el periodista se repitieron varias veces en referencia a un artículo titulado “Revolución energética a oscuras”, en el que el corresponsal hablaba de un apagón reciente que había dejado en penumbras a la capital cubana por varias horas.
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