 |
 |
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|
 |
CUBA No ha habido un solo indicio de sensibilidad y corrección por parte del régimen cubano frente a los numerosos llamamientos de jefes de Estado y gobierno, personalidades mundiales, organizaciones humanitarias y religiosas, y entidades profesionales sobre los 32 periodistas condenados a penas entre 27 y 3 años de prisión, y el resto de los encarcelados en marzo de 2003. El pasado 26 de abril, dos periodistas que permanecían en arresto desde marzo del 2002 sin ser procesados, fueron finalmente juzgados por un tribunal de Ciego de Ávila bajo acusaciones de desacato a la figura de Fidel Castro, desacato policial y desorden público. Carlos Brizuela Yera, del Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey, fue condenado a 3 años de prisión, y Léster Téllez Castro, de la Agencia de Prensa Libre Avileña, a 3 años y 6 meses. El juicio
transcurrió con un sorpresivo incidente respecto al acusado Téllez
Castro, quien reconoció haber colaborado como agente de la Seguridad
del Estado, pero dijo sentirse arrepentido y denunció la manipulación
orquestada por la policía política en torno al proceso judicial,
en lo que activistas de la oposición consideraron un fiasco para los
fines propagandísticos del gobierno. Además, fueron beneficiados con el otorgamiento de licencias extrapenales por razones humanitarias Carmelo Díaz Fernández, de 66 años, el periodista de mayor edad entre los arrestados, y Manuel Vázquez Portal, de 53 años. Díaz Fernández presenta graves problemas cardiovasculares, mientras que Vázquez Portal tiene serias afectaciones pulmonares, hipertensión y trastornos nerviosos. Para ambos periodistas la licencia extrapenal, amparada en el Decreto-Ley 62 de 1987, comprende el cumplimiento de la condena en reclusión domiciliaria, pero sin suprimirles la sanción penal. Sin embargo, el caso de mayor gravedad entre los periodistas enfermos, Oscar Espinosa Chepe, de 64 años, no ha sido favorecido con una licencia humanitaria. Después de su reclusión por meses en una celda del hospital militar de La Habana, el pasado septiembre se le envió a la sala médica de la prisión del Combinado del Este. La obstinación gubernamental apunta al poeta y periodista Raúl Rivero, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Su imagen de intelectual encarcelado es la más reconocida entre los 75 opositores de la llamada Primavera de Cuba. Su causa es objeto de campañas internacionales, sus libros de poemas y crónicas se traducen y publican en varios idiomas, mientras que ciudades europeas lo declaran bajo su protección y hasta le otorgan el asilo político por adelantado. Como resultado del hacinamiento por once meses en una celda húmeda y tapiada, Rivero, de 59 años, ha sido diagnosticado con una neumopatía inflamatoria y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con tendencia predominante a enfisema pulmonar. En varias ocasiones ha tenido que cumplir tratamiento en la enfermería del penal de Canaleta, Ciego de Ávila, o en un hospital cercano. Ha perdido 80 libras de peso y no han faltado hostigamientos, empujones y hasta golpes de carceleros y sus enviados. Durante el presente año sólo se le permitió acceder al pabellón conyugal en dos ocasiones. Se le ha impedido contraer matrimonio por la Iglesia Católica y adoptar a una menor que se ha criado en su casa, con el cariño de él y de su esposa, Blanca Reyes. A Reyes las autoridades le impidieron viajar a Belgrado el pasado mayo para recibir en nombre de Rivero el Premio de Libertad de Prensa de la UNESCO 2004. En fecha
reciente las autoridades penitenciarias amenazaron incluso con abrirle una nueva
causa por una supuesta violación de la disciplina interna y añadirle
cinco años a su condena de 20. Actos de acoso y hostigamiento contra los periodistas encarcelados suman más de una decena desde el pasado abril. A comienzos de año el gobierno cubano había iniciado el traslado de prisioneros del Grupo de los 75 a centros penitenciarios de su provincia de residencia o de provincias aledañas, lo que a primera vista pudo interpretarse como una iniciativa humanitaria. Sin embargo, un mes después el proceso se paralizó y una veintena de presos –entre ellos diez periodistas– quedaron sin beneficiarse de este “acercamiento” a sus hogares. Curiosamente, la mayoría de los presos no trasladados son aquellos cuyas esposas, madres e hijas han estado más activas en protestas públicas y denuncias sobre la situación de sus familiares a través del movimiento conocido como las “Damas de Blanco” (identificadas así por el color de sus ropas). La Seguridad del Estado busca incluso impedir la presencia de estas mujeres en sus tradicionales reuniones dominicales en la Iglesia de Santa Rita, en La Habana, programando visitas familiares y llamadas telefónicas en los mismos horarios que esas manifestaciones suelen producirse. Una de las líderes de este movimiento, Laura Pollán, esposa del periodista Héctor Maseda, ha sido citada este año en seis oportunidades por el jefe del Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades del Instituto Nacional de la Vivienda en La Habana, bajo amenazas de perder el inmueble si no presenta ciertos documentos exigidos ahora por ese organismo estatal. La vivienda, ubicada en una céntrica barriada habanera, se ha convertido en un espacio aglutinador de mujeres con familiares presos. Allí se hospedan las esposas que vienen del interior para cumplir visitas y se realiza periódicamente un Té Literario, donde se actualiza la situación de los presos a través de cartas, poemas y testimonios enviados desde las cárceles. Pollán encabeza además una campaña de recogida de firmas para solicitar una amnistía general de los prisioneros políticos. Otras denuncias de las prisiones que se reportaron en el semestre son las siguientes: El 7 de mayo, Normando Hernández González, condenado a 25 años, fue golpeado y arrastrado brutalmente por agentes de Seguridad del Estado en la prisión Kilo 5 ½, en Pinar del Río. Tras la golpiza, Hernández fue confinado a una celda de castigo por más de 100 días. El 11 de agosto, Fabio Prieto Llorente, condenado a 20 años, se declaró por tercera vez en huelga de hambre, en protesta por sus condiciones de detención. El periodista fue trasladado a la Prisión de Kilo 8, Camagüey. Allí fue ubicado en una celda con delincuentes comunes. El 1ro. de septiembre, el periodista Víctor Rolando Arroyo, sancionado a 26 años, fue vejado por oficiales de la prisión provincial de Guantánamo. Luego lo internaron en una celda de castigo, donde permaneció por 15 días. El 13 de octubre, seis carceleros de la prisión de Kilo 8, Camagüey, propinaron una golpiza a Juan Carlos Herrera, condenado a 20 años, quien reclamaba sus derechos dentro del penal. Herrera estaba esposado con las manos en la espalda cuando fue golpeado. Las contusiones le dejaron señales visibles en los pómulos, la boca y la parte posterior de la cabeza. Es el segundo maltrato físico que recibe el periodista desde agosto, cuando fue también golpeado durante el traslado desde otra prisión de menor rigor. El movimiento de prensa independiente ha logrado mantener activos a unos treinta reporteros en La Habana y otras ciudades del interior del país, aunque las condiciones son de precaria sobrevivencia. Las principales agencias de noticias fueron desmanteladas tras la ola represiva de marzo de 2003 y apenas han podido reestructurarse algunos focos de creatividad profesional. Los boletines y revistas artesanales que llegaron a producirse y circular dentro de la isla, no han podido ver la luz en el último año. Algunos desafían las adversidades y hacen llegar sus reportes a Cubanet, Nueva Prensa Cubana, Encuentro en la Red y otras paginas digitales especializadas en asuntos cubanos, así como a Radio Martí y emisoras locales de Miami. En septiembre, ocho periodistas de la Agencia Cubana Independiente de Información y Prensa Lux Info Press anunciaron la emisión de un noticiero para prensa digital, con reportes investigados por el grupo y otras entregas permanentes de colaboraciones. Al empeño de revistas como Cubanet y Carta de Cuba, conformadas con textos de periodistas independientes, se ha sumado Enepecé, publicación mensual que edita desde mayo la agencia Nueva Prensa Cubana, en Miami, y que también envía ejemplares para su distribución y circulación dentro de la isla. Las advertencias y represalias del aparato policial son incesantes. Una modalidad represiva en boga es obligar a los periodistas a firmar cartas de compromiso abjurando de sus labores informativas, so pena de ser encausados bajo la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (Ley 88), la llamada “ley mordaza” de 1999?. Jaime Leygonier, periodista de la agencia CubaPress se ha enfrascado en gestiones legales ante el Ministerio de Educación y el Tribunal Supremo de la nación, reclamando se respete su derecho a la patria potestad de la hija menor. En virtud de las posiciones disidentes del periodista, la escuela primaria donde estudia la niña ha tomado partido a favor de la madre y ha relegado la autoridad paterna, prohibiéndole el acceso al lugar y la comunicación con su hija. Otras acciones represivas denunciadas en el período son las siguientes: El 22 de mayo, la periodista María Elena Alpízar fue detenida por agentes policiales cuando se encaminaba a la Iglesia de Santa Rita en La Habana para reportar la asistencia de las Damas de Blanco. Las autoridades procedieron a deportarla a Placetas, su ciudad de residencia, y a multar con 500 pesos a una activista que le brindó alojamiento en La Habana. El 1ro. de julio, Gilberto Figueredo, corresponsal de la agencia Lux-Info-Press en La Habana, fue interceptado por agentes policiales en plena vía pública y obligado a abordar un auto patrullero. Fue conducido a una unidad de la Policía Nacional, donde se le interrogó sobre sus actividades disidentes. Luego de cuatro horas de detención, se le confeccionó un “acta de advertencia” por supuestos delitos cometidos en violación de la Ley 88. También en julio fueron citados por la Seguridad del Estado de sus respectivas provincias, Héctor Riverón, de la agencia Libertad en Las Tunas, y Jesús Álvarez Castillo, corresponsal de CubaPress en Ciego de Ávila, para mostrarles copias de sus informaciones enviadas al extranjero, con la advertencia de que podían ser encausados por difundir “propaganda enemiga”. El 22 de julio en Isla de la Juventud, el periodista Carlos Serpa Maceira fue visitado en su casa por un agente de la Seguridad del Estado que lo conminó a subir en su motocicleta. Fue conducido hasta una zona rural apartada, a varios kilómetros de su hogar, donde el agente lo amenazó con “meterle dos tiros si continuaba difundiendo mentiras” hacia el exterior. El 5 de agosto, Isabel Rey, de la agencia CubaPress, fue citada por la Seguridad del Estado del poblado La Esperanza, Villaclara. Se le acusó de “repartir propaganda enemiga” y se le obligó a firmar un documento en el que se comprometía a dejar sus actividades periodísticas y reportes a la radio en Miami so pena de ser encausada. Una citación similar recibió el 24 de septiembre en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, el subdirector de la agencia Línea Sur Press, Juan González González. Un oficial lo amenazó con encarcelarlo y, tras una hora de interrogatorio, fue advertido de un virtual encausamiento penal si continuaba enviando informaciones a Radio Martí y otras emisoras radicadas en Miami. El 2 de septiembre, las autoridades impidieron a última hora la salida de Cuba de la periodista María Elena Rodríguez, quien tiene visa para emigrar con su hijo de 12 años a EE.UU. El niño está perdiendo paulatinamente la visión como consecuencia de una negligencia médica en Cuba, y recibirá tratamiento especializado en un hospital infantil de Miami. El periodista Bernardo Arévalo Padrón, de 39 años, fundador de la agencia Línea Sur Press en la provincia de Cienfuegos, quien cumplió una condena de seis años por acusaciones de desacato a la figura de Fidel Castro y del vicepresidente Carlos Lage, salió en libertad en noviembre del 2003 y poco después obtuvo una visa de refugiado político para viajar con su esposa a Estados Unidos, adonde planificaba arribar el pasado 25 de agosto. Sin embargo, la Sección de Intereses de EE.UU en La Habana les revocó los visados en los días previos a la fecha de viaje, sin derecho a apelar el caso. En una carta fechada el 6 de julio, firmada por un funcionario estadounidense de seguridad interna, se le informó al periodista que la Sección de Intereses había recibido información sobre presuntos actos de “persecución política” cometidos por él contra un ciudadano cubano opuesto al régimen. Arévalo asegura que las autoridades estadounidenses se han dejado arrastrar por “infundios de la Seguridad del Estado” contra su persona, dañando su reputación como ex prisionero de conciencia. Es impreciso si la cancelación está motivada por el cargo de sargento del Ministerio del Interior cubano que Arévalo ostentó entre 1987 y 1990, antes de romper con el régimen y sumarse a las filas opositoras. El disidente afirma que nunca ha ocultado ese dato biográfico. Arévalo padece actualmente de un enfisema pulmonar y trastornos cardíacos, y tiene pendiente una operación del tabique nasal, fracturado durante una golpiza en la cárcel. Tras la negativa estadounidense, también Francia rechazó su petición de una visa humanitaria. El 21 de
agosto, el gobierno de EE.UU comenzó a transmitir las señales
de Radio y Televisión Martí mediante el uso de un avión
C-130 de las Fuerza Aérea norteamericana. Las transmisiones, que se realizan
semanalmente por varias horas, tienen lugar desde el espacio territorial de
EE.UU y buscan romper el bloqueo impuesto por Cuba a las señales de esas
emisoras, dirigidas a informar a la población de la isla. El gobierno
cubano calificó este hecho como parte de “una escalada en la agresión
radioeléctrica contra el pueblo cubano” y plasmó su queja
en un reciente informe a la Asamblea General de Naciones Unidas. |
