60 Asamblea General de la SIP . Antigua, Guatemala, 22 - 26 de octubre 2004

ECUADOR

Desde el 18 de mayo está vigente en Ecuador la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que representa un avance en materia de libertad de prensa y expresión. Los principales gremios periodísticos han opinado positivamente sobre ella y han destacado el trabajo del Congreso Nacional y de la Presidencia al tramitarla.

La ley no puede ser aplicada a plenitud debido a que se requiere que el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, emita el reglamento respectivo.

La ley se basa en un proyecto que la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos presentó al Congreso Nacional a fines del 2002. A pedido del presidente Lucio Gutiérrez, la asociación también propuso al gobierno un proyecto de reglamento. Otras organizaciones han hecho más propuestas.

Dentro de la mala relación del gobierno con la prensa destaca el proyecto del gobierno de llamar a Confesión Judicial a los periodistas que digan “medias verdades”, la amenaza de pasar una ley contra el rumor y el constante ataque a la “mediocracia”, como califica el Presidente al poder político que supuestamente tienen los medios de comunicación en la nación.

Estos son los hechos más sobresalientes de este período:

Dos periodistas y cuatro camarógrafos fueron tomados como rehenes durante una semana, junto a otras 80 personas, en las jornadas de protesta que en abril tuvieron los convictos en las cárceles del país. Dos canales de televisión suspendieron su cobertura desde el lugar de los hechos en forma de rechazo a la demora en la liberación de su personal.

El 16 de abril, el médico Fernando Romero, del hospital Carlos Andrade Marín, de Quito, golpeó al periodista Marcos Villamar y al camarógrafo Patricio Ayala, ambos del programa “La Televisión”, que se transmite por Ecuavisa. Los agredidos filmaban un reportaje sobre otro tema y, en el camino, descubrieron a dos policías que hacían las veces de “tramitadores” (a cambio de dinero logran que los papeles se tramiten más rápidamente).

El periodista José Solís Solís denunció, el 29 de abril, ante la Fiscalía, que había sido objeto de amenazas por parte de sujetos aún no identificados. Solís trabaja en El Universo, de Guayaquil, y ha cubierto el Caso Fybeca, en donde, en un confuso operativo policial resultaron muertos varios supuestos criminales e inocentes.

A inicios de agosto Cristian Zurita, periodista de Teleamazonas, y su equipo de cobertura fueron atacados con disparos cuando filmaban en Riobamba las inmediaciones de la quinta El Trébol, de propiedad del juez Cuarto de lo Penal de Pichincha, Vicente Altamirano.

En la denuncia ante la fiscalía, el periodista precisa que el ataque lo realizó la esposa del juez, Yolanda Chiriboga, junto a dos empleadas. El reportero realizaba una investigación sobre las propiedades del juez para compararlas con su Declaración Juramentada de Bienes.

El 16 de septiembre, el presidente Gutiérrez acusó a periodistas de los medios El Universo, El Comercio, Ecuavisa, Teleamazonas, de mentir y de contar al público “verdades a medias”. El presidente afirmó que El Universo mintió cuando en una nota se dijo que él usaba los recursos estatales para movilizarse y para hacer campaña política a favor de los candidatos de su partido político, el Partido Sociedad Patriótica. Al día siguiente, el periódico publicó la secuencia fotográfica en donde se ve al presidente, rodeado de sus seguidores y con propaganda electoral en la mano. El mandatario replicó diciendo que es la gente la que le entregaba a él la propaganda, y no lo contrario.

El secretario de Comunicación de la Presidencia, Iván Oña, dijo que se iba a empezar a llamar a una Confesión Judicial a los periodistas que digan “medias verdades” respecto al gobierno. El diputado Luis Villacís llamó al secretario a Confesión Judicial para que explique cuál era la intención de recurrir a las confesiones judiciales contra los periodistas.

Por pedido del presidente Gutiérrez, la Fiscalía inició una indagación previa en contra del director de la quiteña radio Visión, Diego Oquendo. El presidente presume que sus “declaraciones inducen a alterar la seguridad interna del Estado”.

El 8 de septiembre, en una entrevista que se realizaba a Patricio Acosta, un ex ministro del gobierno de Gutiérrez, el periodista le preguntó “¿Es cierto que las FARCS, en su momento las FARC colombianas, dieron dinero para la campaña de Gutiérrez? Soy un hombre bien informado, conozco que las FARCS dieron dinero al coronel Gutiérrez para la campaña de él”. A pedido de la Fiscalía el periodista remitió copia de la grabación del programa.

El gobernador de Azuay, Marcelo Batallas, sostuvo en octubre que por disposición del gobierno todos los gobernadores del país deben recopilar la información personal de los periodistas que trabajan en sus provincias para, según dijo, “limar asperezas luego de los problemas suscitados con varios medios de comunicación”.