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ECUADOR Los ataques del gobierno hacia la prensa fueron cada vez más duros y frecuentes durante este período. Los medios han sido acusados de ser los orquestadores y conductores de la oposición al gobierno. El Reglamento que expidió la Presidencia de la República para la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que había sido considerado un logro importante, es cuestionado porque se lo considera atentatorio contra la libertad de información y contra la Constitución. Según analistas, tiene defectos de fondo y de forma que hacen que la aplicación de la ley se vuelva imposible. El 12 de enero, el presidente Lucio Gutiérrez expidió el reglamento de la Ley en vigencia desde el 18 de mayo del 2004. Tiempo atrás pidió a la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) que se le sugiriera un texto, que luego desestimó. La mayor
crítica es que el reglamento puede convertirse en el principal obstáculo
en el momento de buscar información pública, ya que incorpora
de forma inconstitucional excepciones al acceso a la información que
no están contempladas en la ley ni en la Constitución. Según
el documento, las excepciones deben ser calificadas como tales por los funcionarios
públicos en función al potencial daño que, a su juicio,
su difusión pueda causar al Estado. En una reunión con el presidente Gutiérrez, la AEDEP solicitó que se corrigieran los errores del documento. El mandatario aseguró que está listo para hacerlo, por lo que solicitó se le envíen las observaciones. En los últimos seis meses ha subido el tono de la violencia verbal del gobierno contra la prensa y la oposición. En diciembre, el presidente Gutiérrez calificó como “exagerada” la libertad de prensa que hay en Ecuador y negó que hubiera persecución a periodistas. El 30 de enero, el Presidente acusó a varios periodistas de “miserables, testaferros, podridos, sinvergüenzas, aniñados”. Al poco rato sostuvo que “en Ecuador hay libertad de expresión. No hemos cerrado radios ni hemos apresado a ningún periodista”. A más de las actuaciones del Presidente, los funcionarios Carlos Arboleda y Bolívar González son los portadores visibles de la violencia verbal contra la prensa. Con cierta frecuencia acusan a periodistas y medios de querer chantajear al gobierno con contratos, frecuencias de radio, publicidad, entre otros. El Secretario de Información de la presidencia, Iván Oña, ha anunciado la decisión de crear un Consorcio Estatal de Medios de Información, asentado en un canal de televisión y la Radio Nacional de Ecuador, ésta última ya existente. En febrero el gobierno inició una especie de campaña pública de cobranza de deudas. En dicha campaña se acusó a periodistas que, supuestamente, las tienen con la estatal Agencia de Garantías de Depósitos (AGD). Carlos Arboleda, gerente de la AGD, acusó al director del periódico Hoy, de Quito, Jaime Mantilla, por una garantía otorgada a un tercero; y al entrevistador de opinión de Ecuavisa, de Guayaquil, Carlos Vera, por el contrato de arrendamiento de la casa en donde vive, firmado con un tercero. Pese a estas acusaciones la AGD no ha realizado ninguna gestión de cobro de estas supuestas obligaciones. Más tarde, Arboleda ofició a la Superintendencia de Compañías solicitando se investigara a todas las empresas en las que Mantilla constara como accionista, funcionario, directivo o empleado. Añadía en su escrito, la solicitud para que esas empresas sean intervenidas en sus libros sociales. El presidente Gutiérrez llamó a los directores de medios a reunirse para dialogar. Mantilla no asistió por considerarse víctima de una persecución política; en su lugar asistió el subdirector de Hoy, quien leyó una carta de Mantilla en donde denunciaba, con documentos anexos, que era objeto de persecución. El Presidente se comprometió a investigar y contestarla por escrito, lo que aún no ha sucedido. El 16 de enero, el director de radio Atalaya, de Guayaquil, Andrés Mendoza Paladines, denunció que la Oficina de Seguridad Pública intentó ejercer un “acto de censura”. Un agente bajo el mando del coronel Carlos Velastegui Basantes comenzó a preguntar a los empleados si la radio era de los partidos Roldosista Ecuatoriano o Social Cristiano. Además el agente, bajo el pretexto que se trataba de una radio política, intentó revisar los boletines de prensa, lo que fue impedido por el director. Según el agente, la visita era para proteger a la radio de posibles atentados. Orlando Pérez, editor de investigación de Hoy, fue atacado por encapuchados al salir de su casa, quienes encañonándolo le advirtieron de que si continuaba escribiendo en contra de entidades de gobierno, lo matarían. Pérez presentó de inmediato su denuncia, pero hasta la fecha, informa el periódico, no se ha realizado investigación alguna. El periódico La Hora Manabita, de Portoviejo, denunció que el miércoles 22 de diciembre el periodista Jeovanny Benavides, fue agredido verbal y físicamente por el guardaespaldas del director ejecutivo de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM), Frank Vargas. El 26 de enero y el 16 de febrero, el ministro de Gobierno prohibió que helicópteros contratados por los medios sobrevuelen las ciudades de Guayaquil y Quito, respectivamente, para cubrir las marchas que diferentes sectores de la oposición y la sociedad hacían contra el régimen. Esta prohibición no tiene precedentes. Por su parte el gobierno organizó “contramarchas” de apoyo al Presidente. Según las gubernamentales autoridades aeronáuticas, la prohibición era técnica, ya que el espacio aéreo estaría siendo utilizado por otras naves de seguridad pública. En una campaña publicitaria el gobierno sí mostró sus tomas aéreas, aparentemente realizadas desde aviones de seguridad. El periodista y presentador de noticias Carlos Vera, de Ecuavisa, de Guayaquil, denunció el 3 de febrero la existencia de una orden de prisión en su contra emitida por las Fuerzas Armadas por supuestas violaciones a las normas del consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), situación no contemplada en la legislación. En la madrugada del viernes 4 de febrero un explosivo fue activado en la puerta de radio Canela, de Macas, Morona Santiago. La estación quedó semidestruida. Wilson Cabrera, director de la emisora, acusó al gobierno del atentado. Los empleados aseguraron que habían recibido amenazas. La radio había sido crítica con los últimos eventos de la política nacional, como el cambio en la Corte de Justicia hecho por el Congreso Nacional con el respaldo del Ejecutivo, así como la conformación de los tribunales Constitucional y Electoral. El 12 de febrero, el presidente Gutiérrez se autocalificó como “dictócrata”, que según define, es aquél que es un dictador para las oligarquías y un demócrata para el pueblo. En la práctica, el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, concentra en su gobierno el control de los tres poderes del Estado, ya que a más de tener mayoría en el Congreso Nacional, sobre la base de la coalición de tres partidos políticos, a través de éste lideró un cambio total de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. Casi todos los medios han sostenido que Ecuador se mantiene fuera del orden de la Constitución. En este período varios políticos han acusado al gobierno de haber ordenado ataques físicos contra ellos o sus familiares como una forma de reprimir su libertad de expresión. Entre estos pueden citarse los siguientes: El 15 de diciembre, la casa que ocupa la empresa del presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador, Blasco Peñaherrera, crítico del gobierno, fue tiroteada. El 12 de enero, la residencia del diputado Alfonso Harb, de la oposición, fue tiroteada por sujetos aún no identificados. Un miembro de su seguridad resultó herido. El 26 de enero, el ex vicepresidente de la República, León Roldós Aguilera, fue golpeado con puños y patadas hasta en el suelo, en el recinto de la Universidad Central de Ecuador, en Quito, luego de que ofreció una charla en donde expuso su punto de vista sobre la recolección de firmas que lidera para cambiar la Corte y donde también criticó fuertemente al gobierno. El 2 de febrero, la casa de la madre del concejal de Quito, Antonio Ricaurte, opositor al gobierno, fue tiroteada. No hay pistas sobre los autores. A principios de febrero el coronel Patricio Acosta, ex ministro del régimen, denunció persecución política, acusando que el presidente había ordenado que se lo mantenga en vigilancia. Exhibió fotografías probatorias. El secretario de Información presentó videos para probar la falsedad de las acusaciones pero no pudo contestar las preguntas sobre su origen, más tarde el mismo Acosta denunció que el gobierno mantiene una red de espionaje. El 4 de marzo el gerente de la AGD anunció la reestructuración de la junta de accionistas del El Telégrafo, de Guayaquil, diario que fuera incautado por ese organismo en el 2002 a su antiguo propietario con la finalidad de venderlo para cancelar las deudas que este empresario tenía con los depositantes de un banco de su propiedad que quebró. Carlos Navarrete, actual director, sostiene que él posee la mayoría del capital mientras que el gobierno lo registra con el 15 por ciento. El 5 de marzo el diputado Enrique Ayala, columnista de El Comercio, de Quito, salió ileso de un ataque desde dos vehículos que lo interceptaron y dispararon. La Policía no tiene pistas. El 7de marzo
el frente Cero Corrupción, ligado al gobierno, asaltó las oficinas
de Participación Ciudadana, organismo civil de defensa de la Constitución.
Pintaron leyendas en contra de su director, César Montúfar, que
también es columnista de El Comercio, de Quito. El país está viviendo una ola de violencia y amedrentamiento. En materia judicial, en agosto del 2004, Diego Orellana, coeditor de la revista El Observador, de Cuenca, fue condenado por la justicia a pagar 20.000,00 dólares tras el juicio que le ganó el alcalde de esa ciudad, Fernando Cordero Cueva, acusándolo por difamación. Orellana rechazó el fallo porque considera que no se respetaron sus derechos constitucionales de oposición crítica. El gubernamental Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ha preparado el anteproyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que aún no ha entrado al Congreso Nacional, pero que ya ha sido parcialmente rechazado. Ante las muchas críticas que ha recibido el documento, sus autores han manifestado estar dispuestos a discutirlo, aclarando que es un simple borrador. El proyecto dispone que en casos de emergencia nacional el Comando Conjunto de las FFAA debe asumir el control de los medios electrónicos y los servicios de telecomunicaciones. Entre otros puntos, prohíbe el uso de la radio y la televisión contra la seguridad del Estado, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Además, crea el Comité de Contenidos, que se encargará de revisar lo que difundan o publiquen los medios de comunicación.
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