58 Asamblea General Lima, Octubre 26-29, Perú

EL SALVADOR

En este período, se registró una serie de iniciativas legislativas y posturas de los partidos políticos contrarias a la libertad de prensa y al derecho del público a la información.
El 1 de mayo, el dirigente y diputado por el partido opositor FMLN, Schafick Handal, al conmemorar el Día Internacional del Trabajo, acusó de mentirosos a los periodistas e hizo un llamado a no confiar en los medios de comunicación. Minutos después, increpó a un reportero del noticiero “TELEDOS” de Canal 2, lo que motivó que sus seguidores insultaran y agredieran físicamente al periodista y al camarógrafo.
Dicho incidente fue seguido de señalamientos contra el periódico El Diario de Hoy.
El Art. 24 de la Ley de Defensa Nacional planteaba una seria amenaza a libertad de expresión, al derecho de información y a la confidencialidad de las fuentes, al establecer que “los funcionarios, las autoridades públicas o municipales y las personas naturales o jurídicas, deberán proporcionar, en lo que corresponda, la información requerida de manera oficial por la autoridad competente para los fines de la defensa nacional”.
La ley fue aprobada el 15 de agosto por la Asamblea Legislativa, pero, el 27 de ese mismo mes, el presidente Francisco Flores devolvió el decreto al Congreso y pidió a los diputados que modificaran el artículo 24. Los diputados aprobaron las observaciones hechas por el presidente Flores, quien destacó que la ley no debe obligar a la prensa a revelar sus fuentes.
Diez gobiernos municipales del área del Gran Salvador se han negado, reiteradamente, a entregar información acerca de un controvertido caso de dudoso manejo de fondos públicos destinados a la construcción y mantenimiento de una planta de transferencia de basura. Las diez alcaldías, en las que viven un millón y medio de personas, se rehusan a proporcionar información sobre casi seis millones de dólares que cobraron a los usuarios en los recibos de la electricidad, después que un periódico matutino denunciara la desaparición de buena parte de ese fondo.
Por otra parte, la Asamblea Legislativa aprobó, el 26 de septiembre, varias reformas a la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas de la República. La reforma aplicada a su Art. 46 niega al público conocer el resultado de las auditorías realizadas por la Corte de Cuentas a funcionarios de Estado responsables por el manejo de dinero de los contribuyentes hasta tanto no se sentencie o exonere de cargos a dichos funcionarios. El Art. 46 establece: “Los informes de auditoría serán suscritos por los funcionarios de la Corte que el reglamento establezca y tendrán carácter público una vez se haya emitido resolución exonerando o sentenciando”. La reforma sustituye al artículo anteriormente vigente, según el cual la legislación establecía que los informes de auditoría de la Corte de Cuentas “tendrán carácter público”, con lo que se garantizaba la transparencia del auditor estatal.
Con la reforma, que ha suscitado la denuncia de periodistas, gremios y otros sectores de la ciudadanía, el dinero de los salvadoreños se contará y supervisará a puerta cerrada.
El presidente Francisco Flores devolvió con observaciones el decreto que contiene las reformas y, aunque propone reformar la redacción, todavía conserva elementos atentatorios contra la libertad de expresión, ya que se da plena discrecionalidad al presidente de la Corte de Cuentas para decidir cuándo se harán públicos los resultados de las auditorías.
Asimismo, el anteproyecto de la Ley del Consejo de Salud Previsional, presentada a la Asamblea por el Ejecutivo, establece en su Art. 20 que “incurrirán en responsabilidad los asistentes a las sesiones de la Junta de Directores que divulguen cualquier información confidencial sobre los asuntos tratados...” Y, en su Artículo 23: “...queda prohibido revelar cualquier detalle de los informes o dar noticia sobre cualquier hecho reservado”.
El periódico La Prensa Gráfica denunció el trato discriminatorio que sufren sus periodistas de parte de la Corte Suprema de Justicia, en particular del presidente de dicho órgano del estado, luego que aquél matutino publicara información documentada acerca de la excesiva y onerosa contratación de asesores de seguridad y de un delincuente confeso que actualmente se desempeña como asesor directo de la presidencia de esa entidad.
De igual manera, denunció que la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura ha centralizado la información que emana de la entidad e impide que otros miembros del consejo hagan declaraciones a los periodistas.