58 Asamblea General Lima, Octubre 26-29, Perú

GUATEMALA

Terminaron los ataques promovidos por el gobierno a través del monopolio de la TV por canales VHF, pero continúa la tensión en las relaciones prensa-gobierno y, lo peor de todo, se lamenta el asesinato de un periodista radial que denunciaba enérgicamente los hechos de corrupción en un departamento en el norte del país.
El periodista Jorge Mynor Alegría Armendáriz fue abatido a tiros el 6 de septiembre en la población de Puerto Barrios, 300 km al norte de la capital, pocos días después de una intensa campaña informativa de denuncias sobre hechos de corrupción en la municipalidad del lugar y en la empresa estatal portuaria Santo Tomás de Castilla.
El Procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango, realizó una investigación específica sobre el crimen y emitió una resolución en la que concluye que el asesinato tuvo un móvil político para acallar la voz del periodista.
El procurador y la prensa independiente constaron que Alegría había recibido una serie de amenazas para que callara su programa radial "Línea Directa". Muchos amigos y familiares señalan directamente como responsables de las amenazas al alcalde de Puerto Barrios y a funcionarios de la municipalidad y de la portuaria, algunos de los cuales hicieron llamadas telefónicas de intimidación contra el periodista.
Por otra parte, aunque los ataques de la TV contra los periódicos han cesado, las relaciones con el gobierno siguen siendo tensas, sobre todo por las críticas que hacen a los periodistas algunos funcionarios y por la resistencia constante a dar informes y declaraciones sobre hechos trascendentales.
También se sabe que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, dirigida por un periodista, Byron Barrera, promueve una campaña de derechos de réplica de funcionarios del gobierno del presidente Alfonso Portillo, por considerar que la prensa manipula las noticias y no concede espacio para las respuestas y aclaraciones de parte de los funcionarios.
Esta dependencia gubernativa promueve el concepto de "información veraz", está a favor de la colegiación obligatoria de los periodistas y demanda que haya autorregulación y códigos de ética en los periódicos, de los que exige espacios para las respuestas de los funcionarios, aunque éstos no hayan querido hablar con los periodistas cuando les piden información sobre hechos de corrupción.
La prensa guatemalteca denuncia constantemente hechos de corrupción y el gobierno responde que se trata de una campaña de desprestigio en su contra.
En el Congreso de la República, algunos diputados del gobernante FRG han planteado la necesidad de promover reformas a la Ley de Emisión del Pensamiento, que tiene rango constitucional, pero no han encontrado hasta ahora eco a sus iniciativas en otros partidos.
El presidente Portillo ha expresado públicamente que respeta la libertad de expresión y se comprometió ante una delegación de la SIP que visitó el país en agosto, a promover que los ataques de la televisión cesen y aseguró que existe un proyecto de ley para terminar con el monopolio de la TV, el cual anunciará antes de diciembre próximo.
En cuanto a la investigación de crímenes contra periodistas, el presidente Portillo se comprometió también a impulsar su investigación por medio del Ministerio Público. Sin embargo, en el caso del periodista Alegría no se ha dado ninguna instrucción para investigar el hecho de manera especial, así como a los funcionarios citados por el Procurador de los Derechos Humanos.