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Asamblea General de la SIP .
Antigua, Guatemala,
22 - 26 de octubre 2004
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GUATEMALA
Durante los últimos seis meses, el país ha vivido un clima diferente
en materia de libertad de prensa, sin que ello signifique que han cesado las
agresiones y amenazas en contra de periodistas, pero al menos parece que no
existe una política institucional del Estado de confrontación
y represión contra la prensa independiente.
Sin embargo, dos incidentes recientes provocan profunda preocupación,
pues se trata de agresiones de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC)
contra periodistas. El primero y más grave de los casos ocurrió
el 31 de agosto en el desalojo de la finca Nueva Linda, en el suroccidental
departamento de Retalhuleu, donde dos periodistas, Mario Morales, de Nuestro
Diario, y Edward Morales, de Guatevisión, fueron brutalmente agredidos
y despojados de sus respectivas cámaras de fotografía y vídeo.
En ese incidente violento murieron siete campesinos y cuatro policías.
Los periodistas fueron, aparentemente, testigos de ejecuciones extrajudiciales,
lo cual ha denunciado el procurador de los Derechos Humanos. El juzgado de la
jurisdicción ordenó la detención de tres agentes señalados
como responsables y guardan prisión, aunque niegan los hechos.
La segunda agresión se registró contra un grupo de periodistas
en la ciudad capital, después de la cobertura de un partido de fútbol.
Un periodista fue golpeado y despojado de su cámara, que fue destruida
por el agente cuando pretendía tomar una fotografía de la agresión.
El procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, ha expresado su preocupación
por la actitud agresiva de las fuerzas de seguridad contra los periodistas.
El ministro de Gobernación, Carlos Vielman, ha declarado que se respeta
el trabajo de los periodistas y dice que se facilitará la investigación
del tribunal en el caso de la finca Nueva Linda.
La periodista Ileana Alamilla, directora de la agencia local Cerigua, denunció
como “un acto de intimidación” el robo de equipo de computación
de la agencia. El equipo contenía archivos de información importante.
Alamilla es presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación
de Periodistas de Guatemala (APG), que ha denunciado las agresiones y amenazas
contra colegas.
Otra situación que llama la atención es el incremento de denuncias
sobre amenazas contra de periodistas departamentales o corresponsales en el
interior del país.
En el Congreso de la República continúa pendiente de aprobación
un proyecto de ley de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
que pretende restringir o limitar el uso de encuestas en campaña electoral,
lo que constituye una limitación a la libertad de prensa y es contrario
al Art. 35 de la Constitución, que señala que ninguna ley puede
restringir la libertad de expresión.
En el Ministerio Público se encuentra el caso de la agresión contra
la familia del periodista José Rubén Zamora (elPeriódico),
en el que se ha implicado a varios elementos de seguridad vinculados a las fuerzas
de seguridad del Estado, bajo la dirección de altos funcionarios del
gobierno anterior, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Este caso avanza
con lentitud, aunque ya hay acusaciones formales ante los tribunales, luego
de que el ex Fiscal general Carlos León paralizó la investigación
del caso por más de siete (7) meses.
Finalmente, se debe destacar la actitud positiva asumida por el gobierno del
presidente Oscar Berger en torno al caso del periodista Jorge Carpio. El estado
de Guatemala admitió su responsabilidad, en julio de 2004, ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos tras gestiones realizadas por la SIP, lo
que contribuye a crear jurisprudencia interamericana para combatir la impunidad.
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