59 General Assembly Chicago , October 10-14, Illinois

HONDURAS

En este período, la libertad de prensa se ha visto particularmente afectada por, al menos, tres procesos judiciales contra periodistas que han denunciado acciones ligadas a actos de corrupción. Estas limitaciones fueron originadas en el ámbito privado.
Existe mucha tensión dentro de los medios de comunicación por la potencial discusión de la “Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública” que, con la justificación de ser una medida preventiva para combatir la corrupción, discute el Consejo Nacional Anticorrupción, que coordina el cardenal Oscar Andrés Rodríguez.
El anteproyecto tiene su base en la ley modelo propuesta a los países de Centroamérica por la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo está discutiendo con varios sectores antes de enviarlo al Congreso Nacional. El Art. 32 del proyecto especifica que “el que, aprovechándose de las ventajas de su cargo o de su acceso a la información, comunique a otros datos personales e informaciones estatales especialmente protegidos por la presente ley, incurrirá en pena privativa de libertad de un año a tres años”.
En agosto, las periodistas Rossana Guevara, directora del “Noticiero TN5”, del Canal 5, y Sandra Moreno, reportera del mismo noticiero de la Corporación Televicentro, fueron querelladas por difamación y calumnia por el diputado del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, Víctor Bendeck. Bendeck es un ex banquero, propietario de medios de comunicación, actualmente prófugo de la justicia por ser presunto responsable de una millonaria quiebra bancaria. Tanto Guevara como Moreno fueron citadas por un tribunal para una audiencia conciliatoria el 13 de agosto de 2003. El delito por difamación y calumnia no es fiable en Honduras e implica penas entre 6 y 9 años.
Guevara denunció posteriormente que abogados de Bendeck, unidos a una receptora de los tribunales, la intimidaron y amenazaron verbalmente. La denuncia fue conocida por la propia Presidenta de la Corte de Justicia, Vilma Morales.
De la misma corporación, el periodista Renato Álvarez, conductor de “Frente a Frente”, segmento de debates que se transmite por la Corporación Televicentro, canales 3, 5 y 7, enfrenta varios procesos también por difamación y calumnia. Las acciones se derivan de un informe sobre presuntos vínculos del narcotráfico en Honduras. Dos de las personas mencionadas en el informe, el abogado Rossel Barralaga y el ex diputado Eduardo Sarmiento, emplazaron a Álvarez para que revelara la fuente del informe, a lo que él se ha negado. En el caso del abogado Barralaga, éste exige una indemnización de 99 mil dólares. Dos audiencias de conciliación realizadas en agosto de 2003 han fracasado.
Álvarez ha basado su defensa en que la Constitución de la República y los convenios internacionales sobre libertad de expresión le garantizan el derecho de informar así como de mantener el secreto de la fuente. Además, ha declarado que el informe presentado en su programa está en poder de organismos del Estado desde hace un año.
El mismo periodista y, por el mismo asunto, enfrenta querellas del ex Comisario de la Policía Preventiva, Álvaro Flores Ponce, y de su hermano, el oficial activo de la policía Jimmy Flores Ponce. Con ellos se realizó una audiencia de conciliación en la que los querellantes han aceptado las explicaciones del periodista. Además, se mantiene latente la emisión de una orden de captura contra el periodista Arnulfo Aguilar, director de Radio Uno, por un trabajo contra la ex magistrada Thelma de Zeron. También persiste la demanda en contra del periodista Serapio Umanzor, por informes que involucraron al diputado Francisco Herrera Donnineli y su familia, en una apropiación dolosa de tierras de propiedad privada.