MEXICO

Se acentuó en este período una tendencia en la que el crimen organizado y especialmente el narcotráfico se convirtieron en nuevas amenazas para el ejercicio del periodismo libre en México.
En regiones aisladas del país la tarea periodística sigue siendo un oficio de alto riesgo. Especialmente a lo largo de la frontera común México-Estados Unidos se ha desarrollado un escenario frecuente de ataques contra periodistas durante los últimos años. Los atentados mortales corresponden a características de ejecuciones por parte de bandas de narcotraficantes.
Existen aún diversos casos de investigaciones inconclusas sobre el asesinato de periodistas donde existen evidencias claras de que la muerte fue producto de la labor que desempeñaban como profesionales de la prensa. Las autoridades de diversos niveles no han tenido logros importantes en las indagaciones como las correspondientes al caso del columnista de la ciudad norteña de Tijuana, Héctor Félix, o los atentados en contra de los editores Benjamín Flores González y Jesús Blancornelas.
Aun más, han existido retrocesos en materia judicial. Así ocurrió con el caso del periodista norteamericano Philip True, muerto en diciembre de 1989 en una zona indígena del estado centro-occidental de Jalisco. Sus presuntos victimarios, que se hallaban en prisión en espera de sentencia, fueron liberados en agosto del 2001, presumiblemente por desvanecimiento de pruebas.
A continuación los principales incidentes contra la libertad de prensa en México:
El 24 de marzo fue asesinado el periodista Saúl Antonio Martínez Gutiérrez, subdirector del diario El Imparcial que se publica en la ciudad norteña de Matamoros, Tamaulipas, fronteriza con Estados Unidos. Martínez Gutiérrez fue inicialmente secuestrado por desconocidos a bordo de su camioneta, en la cual su cuerpo fue encontrado posteriormente con cuatro balazos en la cabeza. Las autoridades policiales reportaron que presumiblemente el periodista fue torturado antes de ser ejecutado. Su padre, Gonzalo Martínez Silva, director de El Imparcial, atribuyó la muerte a bandas del narcotráfico que habían amenazado a su hijo por publicaciones diversas en contra del tráfico de estupefacientes rumbo a Estados Unidos.
En abril, la ex jefa de gobierno en la Ciudad de México, Rosario Robles Berlanga, presentó una denuncia penal contra la reportera Carolina Pavón, del periódico Reforma, y contra el director de ese diario, Alejandro Junco, al sentirse difamada por una publicación del rotativo, que le atribuyó responsabilidad personal y directa por supuestos faltantes millonarios durante su gestión. El 2 de mayo la Sociedad Interamericana de Prensa emitió un comunicado en el que consideró esta demanda como una medida represiva y atentatoria contra la libertad de expresión.
Las denuncias presentadas por Reforma fueron formalizadas ante el Ministerio Público por legisladores de un partido político contrario a la señora Robles Berlanga en la propia Ciudad de México. Las investigaciones correspondientes, tanto en el ámbito administrativo como en el penal, produjeron resoluciones absolutorias definitivas en favor de Robles.
El 16 de agosto el juez local José Luis Reyes, del poblado de Colotlán, Jalisco, en el centro-occidente de México, liberó a los indígenas huicholes Juan Chivarra y Miguel Hernández, a los que se les atribuye el asesinato del periodista norteamericano Philip True, corresponsal del diario San Antonio Express-News en México. Su cadáver fue encontrado al fondo de una cañada el 16 de noviembre de 1998. True realizaba un reportaje sobre los huicholes en esa zona agreste del país. Luego de una campaña internacional de presión sobre autoridades mexicanas, los citados Chivarra y Hernández fueron detenidos tras confesar haber participado en el asesinato. En el transcurso de los siguientes tres años no se les dictó sentencia, pese a diversos reclamos en este sentido.
Durante la primera mitad de este año diversos grupos locales de Jalisco realizaron actos a favor de los huicholes presos y presentaron supuestas nuevas pruebas que en aquella época habían sido descartadas por faltar al rigor. En su resolución, el juez Reyes estimó que los indígenas habían confesado bajo los efectos de la tortura, y ordenó liberarlos por falta de pruebas.
Desde diversos sectores han surgido protestas contra esa decisión. La esposa del periodista muerto, Martha True, junto con Robert Rivard, directivo del San Antonio Express News, viajaron a México para dar seguimiento a los hechos. El 6 de agosto la SIP emitió un comunicado en el que manifestó su sorpresa y preocupación ante esta circunstancia, pidiendo la intervención del procurador de la república, Rafael Macedo de la Concha.
En septiembre la procuraduría de justicia de Jalisco presentó una apelación contra la resolución del juez en este caso. Se espera que en las próximas semanas sea emitida una resolución judicial que ratifique la libertad de los acusados o que ordene su encarcelamiento nuevamente.
En agosto el coordinador de la policía federal preventiva en México, el general Francisco Arellano Noblecía, hizo declaraciones en las que involucraba a la empresa editora de el diario El Imparcial de Sonora de haber recibido fondos del narcotráfico en 1981 y 1983, mostrando para ello copias de dos supuestos cheques en los que aparece la firma de un conocido narcotraficante. Ello ocurrió luego de que en julio, El Imparcial hubiera publicado que Arellano Noblecía era el mismo personaje que 25 años antes, en octubre de 1975, coordinó un violento operativo policial para el desalojo de tierras en una zona ubicada en Sonora, en cuya capital, Hermosillo, es publicado El Imparcial.
Días después, el director de El Imparcial, José Santiago Healy Loera, presentó una denuncia penal ante autoridades federales por el cargo de difamación.
Por estos días comenzará la parte final del proceso para integrar el proyecto de ley sobre libre acceso a la información oficial, cuyo sentido y objetivos explicó el presidente Vicente Fox a la misión de la SIP que lo visitó a principios de año.