Reunión de Medio Año San Salvador, Marzo 21-24 El Salvador

MEXICO

En este período se registró una disminución de atentados contra las libertades de prensa e información.
Por primera vez no hubo atentados contra la vida de periodistas. No obstante, se registraron detenciones arbitrarias bajo acusaciones de difamación, presiones contra reporteros que se niegan a revelar sus fuentes y otras acciones en perjuicio de diversos predios y trabajadores de la prensa.
La parte central de las denuncias recibidas expone un problema estructural en el marco jurídico mexicano y una clara fragilidad del esquema legal de apoyo para el ejercicio periodístico.
En febrero la SIP insistió con el presidente Vicente Fox acerca del reclamo de que los crímenes contra los periodistas sean perseguidos por la justicia federal, planteo hecho también en agosto pasado al Presidente mediante una carta firmada por dirigentes de la SIP y diversos editores mexicanos, al término de la conferencia celebrada en Tijuana, Baja California, con la que se buscó elevar la atención sobre atentados contra periodistas en la zona fronteriza con Estados Unidos.
El presidente Fox y el gobierno respondieron positivamente para buscar las fórmulas jurídicas necesarias, de modo que los asesinatos contra periodistas sean procesados en la jurisdicción federal.
Es cada vez mayor el número de periodistas que son citados por la Justicia y sometidos a proceso penal bajo acusaciones de difamación contra funcionarios públicos, lo que se aparta del concepto de que los procesos judiciales deberían emprenderse en el campo civil y siempre y cuando pueda demostrarse que en la difusión de noticias el comunicador tuvo intención de provocar un daño, que haya tenido pleno conocimiento de que estaba difundiendo información falsa o se haya conducido con manifiesta negligencia en la verificación de las noticias.
Ante nuestro pedido, autoridades gubernamentales han iniciado un estudio jurídico orientado a retirar del ámbito penal las acusaciones de difamación contra periodistas.
También existe la necesidad de que haya legislación específica que proteja el secreto profesional de los periodistas y que sea erradicada la práctica de hostigarlos.
En el país se cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, decretada formalmente en junio pasado, y cuyo impulso inicial fue dado por un seminario auspiciado por la SIP en febrero del 2001.
Siete estados más han legislado ya en esta misma materia, y en nueve de ellos existen iniciativas similares de ley. Se ha marcado una positiva tendencia a partir de las conferencias organizadas por la SIP, por lo que se buscará ahora realizar una conferencia nacional sobre secreto periodístico.
Permanecen aún impunes los asesinatos contra los periodistas Héctor Félix Miranda, ocurrido el 29 de abril de 1988, y Víctor Manuel Oropeza, acaecido el 3 de julio de 1991; el atentado a tiros contra Jesús Blancornelas, de noviembre de 1997, entre otros crímenes.
Existen dudas sobre la muerte el 16 de octubre del 2002 de José Miranda Virgen, columnista del diario Imagen, del estado de Veracruz. Si bien la pesquisa policial concluyó que fue víctima de una explosión en su residencia, provocada por una fuga de gas, los familiares expresaron que pudo haber sido un atentado debido a su línea editorial, aspecto que no fue investigado por las autoridades.
Entre las agresiones a periodistas figuran las siguientes:
- En noviembre el periódico La Jornada de la ciudad de México denunció que un grupo de sus reporteros estaba siendo hostigado por autoridades de la fiscalía federal o Procuraduría General de la República, para obligarlos a revelar sus fuentes sobre diversas informaciones publicadas. A este grupo se sumó un periodista del diario El Universal, citado también con igual propósito. La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que el caso constituye un tipo de persecución gubernamental contra estos periodistas.
- El 4 de febrero pasado agentes del estado norteño de Chihuahua arrestaron a la periodista Isabel Arvide, por acusaciones de difamación iniciadas en su contra por el fiscal o procurador estatal, Jesús Solís Silva. La periodista Arvide se encontraba en la ciudad de Chihuahua presentándose ante un juez local pues se halla en libertad bajo fianza al enfrentar un proceso previo por otra denuncia de difamación interpuesta por un editor estatal. Tras estos nuevos hechos la periodista quedó nuevamente en libertad bajo fianza el 5 de febrero.
- El 10 de marzo Adriana Varillas, del periódico La Voz del Caribe, de Cancún, fue detenida momentáneamente por policías judiciales que ilegalmente la instigaron a que revelara las fuentes que utilizó en un reportaje sobre corrupción.