59 General Assembly Chicago , October 10-14, Illinois

MÉXICO

En este período se mantuvo un preocupante rezago en el marco jurídico nacional, lo que originó presiones contra el ejercicio del periodismo.
No se registró ningún asesinato contra periodistas y las agresiones físicas han disminuido. Sin embargo, los ataques más comunes provienen de preceptos legales en los que se basan el Ministerio Público y los jueces para violentar el derecho a la confidencialidad de las fuentes de información.
Asimismo, se multiplican las acusaciones penales por casos de presunta difamación. Ello provoca que periodistas mexicanos estén sometidos a proceso judicial, en su mayor parte libres bajo fianza.
No se han concretado los anuncios del gobierno federal mexicano sobre proyectos de ley para establecer el secreto profesional del periodista, así como para emprender reformas en las leyes sobre difamación y calumnia, de manera que sólo puedan aplicarse a medios y trabajadores de la prensa sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos relacionadas con el ejercicio de sus obligaciones, o de personas privadas involucradas directamente en asuntos de interés público.
La Ley de Imprenta, que data de 1917 y que fue decretada como un acto unilateral del gobierno de la época, antes de que existiera la Constitución actual, establece principios inaplicables para la libertad de prensa. Su eventual derogación no está siendo discutida en el Congreso.
El gobierno del presidente Vicente Fox ha expresado su voluntad de buscar fórmulas jurídicas a este respecto, aunque no ha logrado concretar acciones.
Existe la necesidad de esclarecer los asesinatos contra periodistas, entre ellos el de Héctor Félix Miranda, ocurrido el 29 de abril de 1988; de Víctor Manuel Oropeza, acaecido el 3 de julio de 1991; el del periodista norteamericano Phillip True, en diciembre de 1998; así como el atentado a tiros contra Jesús Blancornelas, en noviembre de 1997.
El debate estimulado mediante foros y conferencias alentadas por esta vicepresidencia generó condiciones para que en el estado de Morelos, la Legislatura votara reformas a la Constitución estatal para consagrar el secreto profesional del periodista. El estado de Coahuila analiza actualmente una iniciativa de ley similar.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada en junio de 2002, y cuyo impulso inicial fue dado por un seminario auspiciado por la SIP, en febrero de 2001, es un instrumento que ha tenido una positiva acogida social.
De los 32 estados o entidades federativas con que cuenta México, en 11 se ha legislado en esta misma materia, y en otros ocho existen en este momento iniciativas de ley similares. Lamentablemente, en varios casos, incluida la capital de la República, existe un estancamiento en este tema
Agresiones a periodistas en este período:

- El 4 de septiembre se produjo un nuevo acoso contra reporteros del diario capitalino La Jornada, por parte de policías federales que acudieron hasta las instalaciones del periódico y allí los presionaron para que revelaran la identidad de las fuentes consignadas en un reportaje sobre decomiso de drogas. El problema se inició en noviembre de 2002, cuando un agente del Ministerio Público Federal citó a los periodistas con el mismo propósito. La Fiscalía o Procuraduría General de la República informó que los policías y el agente del Ministerio Público implicados en este acoso fueron suspendidos de servicio, y anunció que emitirá un “reglamento” para determinar en qué casos puede citar a un periodista, y que “sólo de manera excepcional” se les pedirá revelar sus fuentes.

- El 26 de agosto el periodista Francisco Barradas, del estado de Zacatecas, fue detenido y sometido a proceso judicial bajo cargos de difamación presentados por un síndico municipal, debido a una nota publicada en julio de 2002. Barradas está libre bajo fianza y acusó al procurador de Justicia estatal, Aquiles González Navarro, de manipular la investigación en su contra.

- Conrado de la Cruz Jiménez, director del periódico Cuarto Poder en Chiapas, denunció que el arresto de su hijo y funcionario del diario, Conrado de la Cruz Morales, encarcelado por supuestas irregularidades en un bar de su propiedad, fue motivado realmente por un ataque del gobierno estatal contra el periódico. El gobierno estatal mantiene varias acciones de hostigamiento contra el diario.

- El 8 de septiembre, el periodista Tomás Martínez Juárez, del periódico Noticias, de Oaxaca, denunció que su automóvil fue incendiado intencionalmente y responsabilizó de ello a policías estatales sobre quienes ha publicado informaciones respecto a su presunta complicidad con bandas de ladrones de autos.

- El 6 de abril, los reporteros Agustín Pérez y Saíd Betanzos, del diario Frontera, en Baja California, fueron citados por funcionarios de la Procuraduría General de la República para que revelaran las fuentes de un reportaje sobre tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

- El 10 de julio desapareció el periodista Jesús Mejía Lechuga, reportero de la cadena MS Radio en el estado de Veracruz. Su esposa denunció penalmente la desaparición. El procurador de Justicia estatal, Pericles Namorado, aseguró que el reportero salió del estado para eludir una acusación de robo de automóvil. Raúl Gutiérrez Rodríguez, director del grupo radiofónico, pidió que se investigara al diputado federal Guillermo Zorrilla Fernández, quien fue señalado en diversas ocasiones por el periodista desaparecido por su presunto vínculo con el narcotráfico en la región.

- El 14 de agosto, un policía de una corporación pública contratado como guardaespaldas por la cantante Lucero, desenfundó su pistola y amagó a reporteros de espectáculos dentro de un teatro que presentaba una obra con la artista. Casos similares se multiplicaron por parte de gente del espectáculo, políticos y empresarios, cuyos guardaespaldas intimidan o agreden a periodistas que buscan entrevistar a estas personalidades.

- No hay avance alguno en el caso del periodista norteamericano Phillip True desde que el pasado 28 de enero un tribunal federal revocó una sentencia emitida por el Supremo Tribunal de Justicia del estado occidental de Jalisco, que imponía una pena de 13 años de prisión a dos hombres de origen indígena acusados de la muerte del periodista, ocurrida en diciembre de 1998. El juez federal consideró que el tribunal estatal cometió irregularidades jurídicas en el proceso respectivo, que se produjo tras la liberación, en agosto del 2001, de los indígenas Miguel Hernández y Juan Chivarra, quienes por beneficio de esta resolución siguen en libertad. Ambos fueron inculpados poco después del crimen y permanecieron en prisión, con sentencia formal, durante casi tres años. Juristas de diversos ámbitos han expresado que el proceso ha estado lastrado por una “notoria ineptitud o descuido”, además de responsabilizar el juez que inicialmente exoneró a los señalados de alterar el expediente y asentar hechos falsos.