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PANAMA Periodistas condenados por delitos de calumnia e injuria, ciudadanos arrestados sin previo aviso por el supuesto irrespeto a las autoridades, obstáculos oficiales a la información pública y utilización de publicidad estatal para premiar o castigar a los medios de comunicación, eran los hechos más relevantes que se destacaban en los informes presentados a la SIP durante los últimos 10 años. En los últimos seis meses se registran avances significativos. El nuevo gobierno, en su primer día de trabajo, derogó la reglamentación de la Ley de Transparencia. Este reglamento establecía que el peticionario de información pública a entidades gubernamentales debía ser parte interesada y el funcionario a quien se le solicitaba la información tenía la discrecionalidad de decidir si el peticionario de dicha información era o no parte interesada. Con las últimas reformas constitucionales se derogó el artículo que fundamentaba los arrestos “por desacato”. El artículo No. 33 autorizaba a cualquier servidor público con mando y jurisdicción que se sintiera irrespetado a penar sin juicio previo a cualquier ciudadano. Las modificaciones a la Constitución también crearon, en los nuevos artículos 42 y 43, la reglamentación al derecho de obtener información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación, protección o supresión, de acuerdo con lo previsto en la Ley. La eliminación de otras disposiciones legales que son restrictivas a la libertad de prensa se mantienen como una promesa de gobierno. Sin embargo, fue aprobada en primer debate un proyecto de ley –que no es iniciativa oficialista– que despenaliza la calumnia e injuria, sólo en los casos en que se trate de funcionarios o personas públicas. El proyecto también aspira a regular la publicidad del Estado bajo criterios científicos de mercado. Mientras tanto, siguen vigentes normas, principalmente penales que afectan gravemente la libertad de expresión. También se presentó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley en el que se establece un régimen de idoneidades para los periodistas y otras personas que trabajan en medios de comunicación social, que esperamos no sea aprobado. Un recurso de inconstitucionalidad contra indultos a periodistas, presentado por el Licenciado José Antonio Sossa cuando fungía como procurador, podría reactivar decenas de procesos y condenas contra éstos. Entre estos periodistas hay algunos querellados por el propio Sossa. Según cifras de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Defensoría del Pueblo de Panamá, hay por lo menos 30 periodistas que no fueron incluidos en los indultos, por lo cual mantienen procesos vigentes. No obstante, la nueva procuradora Ana Matilde Gómez ha manifestado que el Ministerio Público dejará de perseguir a los periodistas, para concentrarse en combatir la delincuencia y la corrupción . Un retroceso evidente fue una opinión de la Procuraduría de la Administración, en la cual sustenta que los notarios públicos sólo están autorizados para entregar información sobre la declaración de bienes patrimoniales de los altos funcionarios al Ministerio de Economía y Finanzas y a las autoridades jurisdiccionales, mas no así a cualquier ciudadano. El patrimonio de los funcionarios continuará siendo un secreto.
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