PARAGUAY

La libertad de prensa soportó duros embates de parte de los poderes públicos, autoridades y políticos que pretenden tener la posibilidad de control sobre lo que publican los medios y de imponer trabas legales cuando los asuntos a publicar no convienen a sus intereses.
Lo más grave en este tiempo consistió en la entrada en vigencia, en julio pasado, de dos leyes claramente restrictivas para la actividad periodística. Una de ellas, denominada "De transparencia administrativa" (Ley No. 1.728), con severas disposiciones para impedir la libre investigación periodística, fue bautizada por la sociedad paraguaya como "Ley Mordaza".
Ante la gran presión nacional e internacional, el Congreso y el Poder Ejecutivo derogaron dicha ley el 24 de septiembre del 2001. Sin embargo, el mismo diputado que elaboró ese proyecto de ley, Rafael Filizzola, presentó un proyecto sustitutivo bajo la denominación de ley "De libre acceso a la información pública", en estudio en el Congreso, que contiene igualmente disposiciones restrictivas para la prensa.
El mismo día 16 de julio, fecha en que el presidente Luis González Macchi promulgó la Ley No. 1.728 "De transparencia administrativa", coincidentemente entraba en vigencia otra ley igualmente dañina para la libertad de prensa, la No. 1.682, "que reglamenta la información de carácter privado". Esta ley fue promulgada el 16 de enero último, pero tenía seis meses para su entrada en vigencia, que coincidió con la fecha de promulgación de la "Ley Mordaza".
Entre otras cosas, la Ley 1.628 prohíbe dar a conocer datos "sensibles" de las personas e igualmente restringe publicar lo referente a su situación patrimonial, lo que en opinión de analistas de la prensa es propicio para aquellos funcionarios que se enriquecieron ilícitamente durante el ejercicio de sus cargos.
El 5 de septiembre, la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados propuso una modificación a esta ley, sugiriendo el siguiente agregado en el artículo primero: "No se aplicará esta ley, en ningún caso, a las bases de datos ni a las fuentes de informaciones periodísticas ni a las libertades de emitir opinión y de informar".
Los legisladores consideran que este agregado evitará las restricciones a la prensa pero, como lo advirtió el destacado jurista paraguayo Alejandro Encina Marín, "la mejor ley para regular el derecho a la información es la ley que no existe".
Por otra parte, la justicia continuó siendo el instrumento utilizado para intentar amedrentar a la prensa crítica al gobierno, y así abundaron los políticos, gobernantes y particulares que accionaron contra directores de medios y periodistas y que, en algunos casos, consiguieron sanciones para éstos.
Por ejemplo, el juez Hugo López aplicó una multa equivalente a 120.000 dólares al director de ABC Color en una querella por difamación, calumnia e injuria que le promovió el senador del gobernante Partido Colorado, Juan Carlos Galaverna.
El columnista Ricardo Canese, quien publica sus artículos en ABC Color, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a dos meses de cárcel y una multa equivalente a 650 dólares en una querella por difamación e injuria promovida por opiniones emitidas en 1992, en el marco de una campaña electoral, sobre el origen de la fortuna del entonces candidato a presidente (luego electo para tal cargo), Juan Carlos Wasmosy, y cuando el propio Canese era también uno de los candidatos presidenciales.
En abril se cumplieron diez años del asesinato del periodista Santiago Leguizamón, entonces director de la radioemisora "Mburucuyá", de Pedro Juan Caballero -550 km al noreste de Asunción- y corresponsal del diario Noticias en esa ciudad, crimen que hasta ahora permanece en la impunidad. Leguizamón fue acribillado a balazos como consecuencia de las denuncias que realizaba sobre la mafia que actuaba en esa ciudad fronteriza con el Brasil.
Se registraron además en este período algunas agresiones y amenazas contra periodistas en el cumplimiento de su labor.
A continuación casos puntuales de violaciones a la libertad de prensa:
El 21 de marzo, Antonio Mieres promovió una querella por presuntas calumnia, difamación e injuria contra el director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, a raíz de una publicación en la que se le mencionó como el gestor de un dudoso crédito de 500 millones de dólares garantizado con bonos del Tesoro Nacional. En la publicación se señalaba, además, que Mieres tenía cinco entradas en prisión por estafa. El proceso continúa en los estrados judiciales.
El 30 de abril, el juez electoral Jorge Rolón Luna rechazó un amparo constitucional presentado por Reinaldo Domínguez Dibb contra el diario Noticias.
Domínguez Dibb, quien se presentó como precandidato a la Intendencia (Alcaldía) de Asunción, pidió al juez que prohibiera al citado medio continuar publicando una fotografía que considera lo exponía al escarnio público.
El 30 de abril, el juez Hugo López aplicó una multa de 470.880.000 guaraníes (unos 120.000 dólares, al cambio de la época) al director del diario ABC Color, en una querella por difamación, calumnia e injuria que le promovió el senador del gobernante Partido Colorado, Juan Carlos Galaverna.
Según el magistrado, con las publicaciones el director de ABC Color "lesionó el honor de Galaverna". Uno de los términos que éste cuestionó es el de "ladrón de galletas", mote adjudicado al legislador por el fallecido vicepresidente de la república Luis María Argaña, que el diario reprodujo en sus ediciones.
ABC Color también se refirió en sus publicaciones a la estada gratuita de Galaverna en el Hotel Guaraní, de propiedad de un ente previsional estatal. La sentencia fue apelada y el caso permanece en los estrados judiciales.
El 30 de mayo, el juez Hugo López decidió sobreseer al director de ABC Color, en otros dos juicios promovidos por publicaciones realizadas en el diario.
Uno de ellos fue planteado por el juez del crimen Jorge Bogarín, por supuesta frustración de la ejecución penal en grado de tentativa. El magistrado se mostró disgustado por publicaciones de ABC Color que demostraban la poca credibilidad de testigos que se presentaron en el caso del asesinato del vicepresidente Luis Argaña ocurrido el 23 de marzo de 1999.
El juez López sobreseyó al director de ABC al comprobar que la publicación cuestionada por su colega Bogarín se produjo un mes antes de que éste decretara el secreto del sumario.
El otro juicio por supuesta instigación al falso testimonio, fue promovido por Gumersindo Aguilar, un testigo falso que se presentó en el mencionado magnicidio y que fuera desenmascarado por la investigación de los periodistas del diario.
El magistrado comprobó la inexistencia de los hechos denunciados por Aguilar.
El 10 de mayo, el juez Jorge Bogarín prohibió a los periodistas asistir a un juicio oral y público, sobre un caso de coacción sexual en que resultó víctima una menor.
El 14 de mayo, el periodista de la radioemisora Cáritas, Sever del Puerto, denunció ante una fiscalía del crimen al entonces ministro del Interior, Walter Bower, como cerebro de una banda que realizó el denominado "megaasalto", consistente en el robo de más de 11,2 millones de dólares que eran embarcados en el aeropuerto internacional de Asunción desde un camión transportador de caudales a un avión, con destino a bancos de Estados Unidos. Acusó además a la misma banda de ser responsable de otros grandes asaltos realizados en Asunción y otros lugares del interior.
El periodista denunció posteriormente amenazas y presiones y, por orden judicial, recibió protección policial junto con su familia, y también fue objeto de la solidaridad de organizaciones de prensa del país y del exterior.
El 31 de mayo, el ex diputado nacional por el gobernante Partido Colorado, Oscar Isidro González, promovió una querella por los presuntos delitos de difamación e injuria contra el director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, a raíz de la publicación de una fotografía en la que aparece la citada persona con un manojo de cédulas de identidad durante unas elecciones internas del citado partido. La retención de las cédulas de los votantes suele ser una acción para la compra de votos, un hecho ilegal. Esta acción continúa en los estrados judiciales.
El 5 de junio, desconocidos que iban a bordo de una camioneta con vidrios polarizados realizaron disparos con arma de fuego contra el edificio de la empresa Multimedia, que edita el diario Popular. Los disparos no causaron víctimas, desconociéndose los móviles del ataque.
El 16 de julio, la periodista radial Mina Feliciángeli, de Radio Uno, recibió una nota anónima de amenaza, en la que le señalan que "ni Mandrake la va a salvar".
El anónimo acusa a Feliciángeli de colaborar con quienes asumieron el poder tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en marzo de 1999 y la muerte de siete jóvenes manifestantes.
Una investigación permitió detectar los nombres de las personas responsables del anónimo, quienes pidieron perdón a la periodista de radio y le solicitaron que no inicie ninguna acción judicial.
El 20 de julio, Andrés Pereira, reportero gráfico del diario Vanguardia de Ciudad del Este, a 330 km al este de Asunción, fue agredido por agentes policiales de civil fotografiados cuando golpeaban a una persona detenida y esposada que se encontraba en la carrocería de una camioneta. Los agentes despojaron a Pereira de su cámara y se apropiaron del rollo de película antes de alejarse del lugar.
El 4 de agosto, el juez Antonio Ocampos decretó el sobreseimiento del director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bo Peña, en la querella por calumnia que le promovió Richard Gómez, acusado en publicaciones del mencionado diario de ser uno de los autores del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, ocurrido el 23 de marzo de 1999. Gómez fue sobreseído por el juez Jorge Bogarín al no encontrar en su contra indicios que lo incriminaran.
El juez Ocampos eximió de responsabilidad al director de Noticias, ya que éste, en el escrito presentado al juzgado de la causa, a través de su abogado, responsabilizó a cuatro periodistas del citado medio como autores de la investigación que dio origen al artículo titulado: "Richard Gómez, el tercer sicario en asesinato del vicepresidente Argaña".
El 14 de agosto, Richard Gómez apeló la sentencia que concede el sobreseimiento a Bo Peña.
El 6 de agosto, el fiscal general del Estado, Oscar Latorre, confirmó un pedido de 25 años de prisión solicitado para Milciades Maylín, considerado supuesto autor material del asesinato del periodista Salvador Medina, ex director de la radio comunitaria Ñemity, de Capiibary, 350 km al noreste de Asunción, el 5 de enero del 2001.
Latorre también apoyó el sobreseimiento provisional de otros procesados otorgado por un juez, alegando que la investigación del caso no reunió elementos suficientes "como para sostener una acusación contra las citadas personas".
Los familiares del fallecido expresaron su disconformidad con el sobreseimiento de los otros presuntos implicados -Timoteo Cáceres, Daniel Enciso y Luis Alberto Franco- y apelaron la medida.
El 24 de agosto, el abogado Alcides Martínez presentó una querella criminal contra Rafael Marcial Montiel, corresponsal del diario ABC Color en San Juan Bautista (Misiones), 250 km al sur de Asunción; Celso Rivarola, corresponsal del diario La Nación; Sixta Ferreira de Gómez, directora de la radioemisora Espectador; Roberto Saccarello y Carlos Llano, de Televisión Sanjuanina, todos de la misma localidad, como derivación de la cobertura de una manifestación realizada contra el destituido gobernador del departamento de Misiones, Egidio Ruiz Pérez. La querella fue promovida por presunto "hecho punible contra la seguridad de la convivencia de las personas" y el proceso continúa en los estrados judiciales.
El 27 de agosto, el juez Jorge Bogarín absolvió de culpa y pena al director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bo Peña, en una querella por supuestas calumnia, difamación e injuria que le promovió el empresario Reinaldo Domínguez Dibb.
La acción judicial se basó en una publicación de Noticias titulada: "Vehículos del Estado al servicio de los amigos", que se refería a la utilización de camiones del Ministerio de Obras Públicas en la hacienda Monte Alto, cuya propiedad atribuye a Domínguez Dibb.
La sentencia judicial que absolvió al director de Noticias señaló que el objetivo de la publicación fue la defensa del interés público y que no hubo intención criminal ni existió dolo alguno.
Un hecho considerado sumamente grave para la labor periodística constituyó la sentencia dictada el 21 de septiembre por el juez Juan Pablo Cardozo, de Concepción, 450 km al norte de Asunción, que condenó a pagar una multa a un periodista local que se hizo eco de un informe oficial que mencionaba irregularidades administrativas en la Intendencia (Alcaldía) Municipal de esa localidad.
El afectado es el corresponsal del diario ABC Color en Concepción, Telmo Tomás Ibáñez, quien en un comentario firmado se refirió a un informe de la Contraloría General de la República referente a las irregularidades que involucraban al intendente y varios concejales municipales.
Pese a que las opiniones del periodista estaban avaladas por el informe oficial, con mucha antelación se especulaba que sería castigado con una sentencia desfavorable debido a estrechas relaciones existentes entre el juez y las autoridades municipales cuestionadas.
La sentencia, consistente en una multa de unos 10 millones de guaraníes (2.500 dólares), fue considerada como un intento de intimidación para evitar denuncias contra los funcionarios estatales. La medida judicial fue apelada por el representante legal de Ibáñez.
El 28 de septiembre, el juez Hugo López absolvió de culpa y pena al director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, en la querella por presuntas difamación e injuria que le promovió una mujer de nombre Marta Barcilicia Vázquez. Esta se manifestó agraviada por la aparición de una hija menor suya -trabajadora de la calle- en una fotografía que ilustraba una entrevista con la fiscal del Menor, Sandra Farías, sobre el grave problema de la prostitución infantil.
El diario La Nación y la estación radial LA 9.70 AM han sido, nuevamente, objeto de amenazas públicas por parte del ex presidente Juan Carlos Wasmosy.
Esas amenazas fueron hechas luego de una serie de publicaciones por La Nación sobre cuentas secretas en las Islas Caimán, que hablan de un gran incremento de la fortuna de Wasmosy durante los cinco años de su mandato presidencial
Wasmosy persiguió sistemáticamente a La Nación durante su presidencia e intentó hacer callar las denuncias sobre corrupción que hacía el periódico. Las presiones llegaron incluso a través de la prohibición de difundir publicidad estatal en La Nación.
Tras la reciente serie de investigación periodística sobre una cuenta bancaria secreta suya en las Islas Caimán, Wasmosy dijo, en entrevistas radiofónicas, que se quedará "con el diario y la radio", y afirmó que las publicaciones en su contra se efectúan sólo como "una venganza de Alejandro", porque él hizo "apresar a su padre, el dueño del diario", Osvaldo Domínguez Dibb.
Actualmente, Wasmosy es investigado judicialmente por un fiscal en el caso de sus cuentas secretas, gracias a las publicaciones efectuadas por La Nación.