60 Asamblea General de la SIP . Antigua, Guatemala, 22 - 26 de octubre 2004

PERÚ

El ejercicio de la libertad de prensa continuó manifestándose a través de una amplia oferta informativa y de opinión, aunque el clima en el que la prensa desarrolla su labor informativa se ha visto enrarecido por continuos cuestionamientos provenientes de diversos sectores, entre ellos el Poder Ejecutivo, como consecuencia de la difusión de numerosas denuncias periodísticas sobre actos de corrupción en la esfera gubernamental.

En el ámbito judicial, continúan desarrollándose las audiencias del juicio para esclarecer el asesinato del periodista Alberto Rivera, presidente de la Federación de Periodistas de la región Ucayali y conductor de un programa radial, sucedido en la ciudad de Pucallpa el 21 de abril del 2004. Un día antes de su asesinato, Rivera, cuyo estilo periodístico era controvertido y provocador, denunció al alcalde de la municipalidad provincial de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, de tener vínculos con el narcotráfico y lo responsabilizó en el caso de que algo le ocurriera.

Si bien a fines de mayo, autoridades policiales anunciaron que el crimen habría tenido móviles pasionales, esta hipótesis quedó desvirtuada rápidamente cuando un involucrado en el crimen reveló detalles. El 3 de junio, la policía detuvo a los periodistas Roy Gavino Saurino y Martín Flores Vázquez. Al momento de su detención, ambos desempeñaban labores periodísticas y de relaciones públicas en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Consejo de la Prensa Peruana se reunieron con familiares del periodista en Lima y en la ciudad de Pucallpa, con autoridades policiales, judiciales, del Ministerio Público, municipales y periodistas locales. Posteriormente sostuvieron reuniones con el presidente de la Corte Suprema, doctor Hugo Sivina, y la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, para expresarles la preocupación de que el juicio se realice con independencia y garantías del debido proceso.

El caso del asesinato del periodista Antonio de la Torre Echeandía, de radio Órbita en la ciudad de Yungay, el 14 de febrero, quedó esclarecido cuando la División de Criminalística de Huaraz informó en octubre de que se había identificado al sospechoso, Moisés David Julca, como autor material del asesinato. Luego de intensas marchas de protesta en Yungay, así como de una fuerte presión nacional e internacional, el Juzgado Penal revertió su postura inicial que excluía como sospechoso al alcalde de la localidad, Amaro León León, y ordenó su detención sindicándolo como autor intelectual del crimen. Aún continúan prófugos de la justicia Julca y su novia Enma León Martínez, hija del alcalde León León.

Preocupa en el ámbito judicial las desproporcionadas cifras indemnizatorias demandadas contra los diarios El Comercio, Correo y La República, que de prosperar pondrían en serio riesgo la circulación de dichos medios de comunicación. En efecto, el congresista oficialista Jorge Mufarech solicitó una indemnización de US$ 50 millones al diario El Comercio, por presunta difamación a raíz de las denuncias por defraudación tributaria cometidas en la adquisición de un automóvil. Las continuas recusaciones a los magistrados de parte del congresista siguen entrampando el proceso. A éste se suman tres juicios por supuesto delito de difamación agravada por medio de prensa, presentados por el cuestionado empresario aerocomercial Fernando Zevallos, contra el mismo medio por un monto de US$105 millones de dólares.

El diario La República enfrenta un juicio por daños y perjuicios y una solicitud de indemnización de US$ 99 millones presentada por la empresa Textilco S.A.C. a raíz de la publicación de una denuncia periodística que involucra a la empresa con acciones para el lavado de dinero. Además, Oscar Ruiz Figueroa también presentó una demanda contra el director del diario La República por US$ 100 millones luego de que éste cuestionara una controvertida y multimillonaria demanda contra el Estado peruano hecha a partir de bonos caducos del siglo pasado.

Asimismo el diario Correo enfrenta un juicio por daños y perjuicios que contempla una indemnización de US$ 50 millones presentada por Oscar Ruiz Figueroa, luego de que el diario publicara declaraciones de un economista en torno a la controvertida demanda en el caso de los bonos estatales presentada por Ruiz.

En este contexto destaca la actitud de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) de la Corte Suprema de Justicia que, en respuesta a comunicados públicos del Consejo de la Prensa Peruana, inició investigaciones internas para determinar si los fallos judiciales emitidos por algunos magistrados contravinieron el derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, la OCMA determinó que se abriera investigación contra el juez Fredy Vengoa Zúñiga, quien en setiembre del 2003 sentenció al periodista radial Luis Aguirre Pastor, director de La Voz Amazónica de Madre de Dios, a dos años de pena privativa de libertad y lo inhabilitó a ejercer cualquier actividad periodística durante un año, a raíz de una querella por delito de difamación e injuria presentada por un ciudadano. Asimismo, la OCMA notificó al Octavo Juzgado Especializado Penal de la Corte de Justicia de Lambayeque para que explique la resolución que ordena que la periodista Rosa Chambergo, directora del semanario Expresión, se abstenga de publicar información referida al querellante, el alcalde provincial de Chiclayo.

Tras un largo proceso la Sala Penal Anticorrupción emitió las primeras sentencias en los juicios a periodistas, directores y medios de comunicación, acusados de recibir dinero del Estado a cambio de su apoyo al gobierno de Alberto Fujimori. Mientras tanto, los empresarios televisivos Ernesto Schütz, José Francisco y José Enrique Crousillat, quienes estaban sometidos en Argentina a un proceso judicial de extradición, a solicitud de su homólogo peruano, no se presentaron a las últimas audiencias y pasaron a la clandestinidad ante su inminente extradición a Perú.

Por otra parte, ha trascendido una comunicación formal del congresista americano Brad Sherman al gobierno peruano relacionada con el caso de la presentadora de televisión Laura Bozzo, presentándolo como violatorio de la libertad de expresión. Actualmente la Sra. Bozzo se encuentra bajo arresto domiciliario en el set del canal de televisión Monitor; desde donde su programa se produce y transmite internacionalmente con regularidad; aunque el dilatado proceso judicial ha levantado algunas voces de protesta por encontrarse, hasta el momento, sin sentencia.

Por otro lado, en medio de la inestable situación política que atraviesa el país, se ha generado un amplio debate en torno a la rigurosidad con la que la prensa trabaja las numerosas denuncias de corrupción que involucran al gobierno, así como las presiones hacia periodistas que estaría ejerciendo el régimen. Esto frente a una ciudadanía que, según encuestas de opinión realizadas en octubre, considera en un 60 por ciento que el periodismo en el Perú contribuye a la consolidación de la democracia y un 37 por ciento que la prensa manipula a un nivel alto sus informaciones.

El debate se tornó candente a raíz de la transmisión, en el programa “Cuarto Poder” de América Televisión, de un vídeo que supuestamente involucraba al jefe de Estado en una denuncia de falsificación de firmas para registrar a su agrupación política ante el Jurado Nacional de Elecciones. El cuestionado informe periodístico propició un quejoso exabrupto del presidente Alejandro Toledo quien calificó de “cobarde” al periodista Carlos Espá, conductor de dicho programa. Julio Aliaga, director periodístico del canal, quien posteriormente reconoció vacíos y errores en el informe, renunció precipitadamente junto con el conductor y la directora periodística del programa Roxana Cueva. Los periodistas consideraron inaceptable la exigencia del presidente Toledo para que ofrezcan disculpas públicas; exigencia hecha en una audiencia privada realizada a solicitud e iniciativa del propio Aliaga. Los periodistas argumentaron, asimismo, una falta de respaldo de los directivos del Canal.

Por otro lado, el proceso de implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, promulgada en agosto del 2002, continúa generando expectativa. Si bien la ley es perfectible, establece sanciones administrativas y penales para los funcionarios que se nieguen a entregar información pública no comprendida en las restricciones de la norma. Aun cuando la administración pública cumple de manera disímil lo establecido por la ley, se han registrado avances importantes en cuanto a la difusión de información a través de los portales de transparencia del gobierno central; no así en los gobiernos regionales y municipales. Asimismo, organizaciones dedicadas a promover el cumplimiento de la ley continúan registrando quejas de ciudadanos que encuentran trabas al solicitar información pública, aun cuando no se conocen casos en los que un funcionario público haya sido sancionado por incumplir la ley.

El 15 de julio, el presidente Alejandro Toledo promulgó la Ley de Radio y Televisión, previamente aprobada por el Congreso de la República (17 de junio) con 80 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones. Los artículos 22 y 24 de texto, referidos a las normas para la titularidad de las acciones y la participación de inversión extranjera fueron votados por separado. La redacción de la norma contempla mayor participación ciudadana, aun cuando queda pendiente que el reglamento de la ley corrija los vacíos en cuanto a la injerencia externa sobre los contenidos de los programas, lo que es fuente de preocupación.

El incipiente proceso de descentralización en el país ha tenido como consecuencia un mayor cuestionamiento de la prensa y las consecuentes reacciones de autoridades denunciadas por corrupción. Tal es el caso de los periodistas de Tarapoto, Glenda Mello y Javier Tuanama, quienes son denigrados y acusados de terrorismo, en publicaciones apócrifas que circulan en dicha región.