Reunión de Medio Año Los Cabos Marzo 12 al 15,2004 México

PUERTO RICO

En este período la libertad de prensa no se vio afectada por hechos de gravedad.
Se encuentra en su etapa final el juicio por jurado contra el ex presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y otros tres líderes de esa colectividad acusados por motín al irrumpir en la Oficina de la Procuraduría de la Mujer (OPM) el 20 de junio de 2002 en una protesta relacionada con el ondeo de la bandera de los Estados Unidos en esa dependencia gubernamental, informó la prensa. Las cadenas Telemundo (Canal 2), Univisión Puerto Rico (Canal 11) y Televicentro (Canal 4) fueron obligadas por la corte a entregar los videos crudos del incidente.
El periódico El Vocero y su directora asociada, Edith M. Seda, radicaron una demanda en el Tribunal Federal de Distrito, en la que aducen que el Departamento de Hacienda ha utilizado amenazas de embargo para coartar la libertad de prensa del rotativo y que esto constituye persecución selectiva. El asunto tiene que ver con un reclamo de pago de una deuda contributiva a Seda y su esposo Héctor Llenza. Las alegaciones han sido desmentidas por la agencia de gobierno que argumenta que la deuda es de Llenza y que los periodistas se están amparando en la libertad de prensa para no pagarla, según informes de prensa.
Los integrantes del panel del programa de análisis noticioso “Fuego Cruzado” y la estación Radio Isla perdieron el reclamo hecho en corte del derecho a seguir usando el nombre de dicho programa al moverse de WKAQ-Radio. Esta última estación inscribió el nombre en el Departamento de Estado el 31 de agosto de 2001, según informes de prensa. Los demandantes alegaban que ellos fueron los que originaron el nombre del popular programa antes de llegar a WKAQ-Radio y por lo tanto les pertenecía, y que el registro se hizo sin que ellos se enteraran. El juez se amparó en su decisión en el Artículo 26 de la Ley de Marcas para ordenar que desistieran de utilizar el nombre, informó la prensa.
Fue sentenciado a 60 meses de prisión uno de los acusados por los destrozos a propiedad federal en la Isla Municipio de Vieques durante un motín relacionado con la salida de la Marina de los Estados Unidos y la entrega de los terrenos usados por ese cuerpo militar a una agencia federal. Durante el proceso, el juez federal ordenó a los canales de televisión locales que entregaran a los 12 acusados copias de los vídeos tomados durante el motín, ocurrido en la madrugada del 1 de mayo de 2003. Los fotoperiodistas Miguel Pomales y Denise Rivera Bello, de Univisión Puerto Rico, fueron citados por el juez para autenticar los videos. También fueron citados pero no comparecieron al tribunal, otros fotoperiodistas de la cadena Telemundo y uno de Univisión que trabaja en Nueva York.
El 5 de marzo se conoció que el periódico El Vocero tendrá que pagar $1.8 millones al perder un pleito de libelo y calumnia radicado en su contra en 1992 por la fiscal Iris Meléndez, relacionado con la publicación de 43 artículos en los que se le acusó de hostigar sexualmente a una secretaria del Centro Metropolitano de Denuncia en San Juan (Cemid). Además, el juez Luis E. Roque Colón del Tribunal Superior de Puerto Rico impuso al periódico el pago de $100,000 en honorarios de abogado, con intereses legales de 5%. El fallo también ordena que el periódico se retracte y publique un extracto de la sentencia y sus determinaciones sobre la falsedad de las publicaciones, con el mismo despliegue que le dieron a los artículos publicados, algunos de los cuales figuraron en primera plana. El caso se entabló en junio 1991 y terminó el 2 de diciembre de 2003. Los demandados son El Vocero, su presidente Gaspar Rocca, el reportero José Purcell, la ex secretaria del Cemid, Marta Marrero y su abogado Héctor Santiago.