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PUERTO RICO En este período se destacan cuatro incidentes de intimidaciones y agresiones a periodistas en el desempeño de sus labores; la conclusión de un sonado proceso judicial por libelo contra el periódico El Vocero, radicado por la ex gobernadora Sila María Calderón y familia, y el intento de imponer a las televisoras del país unas guías para poder cubrir el Mensaje de Estado sobre la Situación del País, que anualmente ofrece el Gobernador ante la Legislatura. Las principales violaciones a la libertad de prensa son las siguientes: El 22 de octubre de 2004, periodistas y fotoperiodistas que cubrían un debate televisado entre los tres candidatos a la gobernación, fueron agredidos por seguidores del candidato del Partido Nuevo Progresista, Pedro Rosselló, en medio de una serie de “incidentes confusos” entre los propios penepeístas. El 15 de diciembre, Xavier Araújo, fotoperiodista de El Nuevo Día, fue arrestado por la Policía mientras cubría un secuestro en un centro comercial. Araújo fue despojado de su cámara fotográfica, esposado, y arrastrado hasta la patrulla policíaca en la que fue trasladado a la comandancia de la Policía. Sus derechos nunca fueron leídos, y no se le informó de la causa de su arresto, antes de quedar libre. El 2 de enero de 2005, simpatizantes del Partido Nuevo Progresista protagonizaron otro incidente violento contra periodistas frente a los cuarteles generales del partido, mientras, en el Viejo San Juan, se llevaban a cabo los actos de juramentación del gobernador electo, Aníbal Acevedo Vilá, del opositor Partido Popular Democrático. Insultos, golpes con palos de banderas y abucheos fueron denunciados por los periodistas y fotoperiodistas que cubrían la manifestación en apoyo al derrotado candidato a la gobernación, Pedro Rosselló. El 24 de enero, el ex convicto alcalde de Toa Baja, Ángel “Buzo” Rodríguez, miembro del Partido Nuevo Progresista y quien se encuentra disfrutando de probatoria, envió amenazas al periodista de Primera Hora, Oscar Serrano, durante el velatorio de la madre de un ex líder de dicha colectividad política. Las amenazas fueron expresadas a la reportera de Primera Hora, Firuzeh Shokooh Valle, quien cubría el acto fúnebre. El 22 de febrero, el periódico El Vocero y la ex gobernadora Sila Calderón anunciaron un acuerdo que puso fin a cuatro años de un litigio relacionado con una demanda por libelo radicado por Calderón, su ex esposo Adolfo Kranz y sus hijas. Como resultado del acuerdo, que se hizo público previo al inicio del juicio, El Vocero se comprometió a publicar en su portada del 23 de febrero que se había llegado a un acuerdo, y que pedía disculpas. Además, se ordenó al diario que pagara $75,000l a los demandantes. El 22 de febrero, las cadenas de televisión del país recibieron una carta de un bufete legal en Washington en la que se les instruyó sobre cinco guías que tendrían que seguir para poder cubrir el Mensaje de Estado sobre la Situación del País, que será ofrecido por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá ante la Legislatura de Puerto Rico. En dicha carta, se le especificó a las televisoras que tendrían que otorgar un mínimo de 10 minutos a los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado, miembros del partido opositor al del Gobernador, para que éstos respondieran al mensaje. Además, que toda promoción que se hiciera de esta cobertura debería incluir, de forma relevante, las reacciones de los dos líderes legislativos. Las organizaciones de prensa y el Centro para la Libertad de Prensa cuestionaron la validez la imposición. Al día siguiente, los líderes legislativos se retractaron del pedido, aduciendo malos entendidos. En materia judicial, el 29 de octubre el capitán de la Policía Víctor Rodríguez Vélez y su esposa demandaron por libelo y violación de sus derechos constitucionales a la estación de radio WUNO-AM Notiuno, por haber acusado al primero, en uno de sus segmentos noticiosos denominado “El escándalo del día”, de traficar con drogas. La pareja reclama $2 millones en daños. El caso se verá en el Tribunal Federal. El 2 de diciembre, la juez Mabel Ramos Millán, del Tribunal Superior, dio hasta el 8 de abril del 2005 a Antulio “Kobbo” Santarosa, productor del programa de televisión con mayor audiencia en Puerto Rico, en el que interpreta a “La Comay” y al empresario Adolfo Kranz, para llegar a un acuerdo en la demanda por difamación y libelo que éste último le radicó en el 2001. Kranz, quien en esos momentos estaba casado con la entonces gobernadora Sila M. Calderón, fue objeto de señalamientos sobre una relación extraconyugal en el programa de Santarosa, quien dijo poseer un vídeo que probaba dicho adulterio. En una vista realizada en julio de 2004, se determinó que el supuesto vídeo nunca existió. Kranz sostiene en su demanda que a Santarosa se le advirtió de que la información era falsa y libelosa, y aun así éste la difundió. El 9 de diciembre, el periódico El Nuevo Día publicó un editorial titulado “El pueblo tiene derecho a saber” en el que conminó al juez Daniel Domínguez, del Tribunal Federal, a abstenerse de limitar la divulgación pública de los llamados votos “pivazos” (de tres cruces), que eran motivo de un pleito legal dilucidándose ante él sobre el resultado de la elecciones celebradas el 2 de noviembre. Tanto El Nuevo Día como otros medios publicaban los resultados del conteo de dichos votos, que no podían ser adjudicados, en su labor diaria de cubrir la Comisión Estatal de Elecciones, donde se llevaba a cabo simultáneamente el conteo y recuento de los votos. En el plano legislativo, el 10 de enero, el presidente de la Cámara de Representante, José Aponte Hernández, presentó un proyecto denominado “Ley de Transparencia Gubernamental”, que establece que los medios de comunicación tendrían derecho a estar presentes en las reuniones, procesos deliberativos, formulación de política pública del Gobierno, así como entre funcionarios públicos y privados. Se limita la participación de los medios a un representante por cada reunión. Igualmente, limita la entrada de los medios a una serie de reuniones que se especifican en el proyecto. Aponte dijo que no se había consultado la medida con las organizaciones de prensa, que podrán hacer sus recomendaciones en el proceso de vistas públicas.
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