Reunión de Medio Año San Salvador, Marzo 21-24 El Salvador

REPUBLICA DOMINICANA

En este período se han registrado algunos hechos, especialmente en el terreno judicial, que preocupan a la comunidad periodística.
Los sometimientos de periodistas a la Justicia han sobresalido en este semestre. Las críticas contra periodistas por parte de funcionarios del Gobierno y del Presidente de la República, Hipólito Mejía, han continuado, pero ello no ha coartado el libre ejercicio de la prensa. El Presidente ha dicho reiteradamente que es respetuoso de la libertad de prensa y que al llamar “talibanes” o “azarosos” a los periodistas no lo hace en forma peyorativa sino indicando que actúan de manera “infantil”, y también se ha quejado de que directores de periódicos han abusado de sus medios para publicar cosas que no son verdad. El jefe de prensa del Gobierno, Luis González Fabra, dijo en febrero que el Estado no tiene ningún interés en coartar la libertad de prensa en el país y que, por el contrario, garantiza su libre ejercicio.
Estos son los tres casos más destacados en el último semestre:
- Fuerzas militares arrestaron por dos días en diciembre al periodista Gonell Franco, corresponsal de los periódicos Listín Diario y Última Hora en la fronteriza ciudad de Dajabón, para ser “investigado” por denuncias que hicieron dos ex funcionarios regionales en el programa que dirige en la emisora católica Radio Marién. Franco, junto al ex gobernador de la provincia, fue trasladado a la capital, donde fue interrogado por autoridades militares de Seguridad del Estado, en torno a las denuncias que emitió el ex gobernador sobre un alegado contrabando de arroz por la frontera, lo que constituyó una abierta violación de la ley y sus procedimientos. El entonces Procurador General de la República, Virgilio Bello Rosa, se pronunció contra el arresto y exigió a las autoridades militares su libertad. El corresponsal y el ex gobernador fueron liberados sin que se les formularan cargos, luego de fuertes presiones de medios de comunicación y de periodistas sobre la violación de sus derechos constitucionales.
- En febrero del 2003, el periodista y comentarista radial Julio Martínez Pozo fue sometido a la justicia acusado de difamación e injuria por el director de la Autoridad Portuaria, quien se quejó de comentarios hechos en su contra en el programa “El gobierno de la mañana”, en el que participa Martínez Pozo. El periodista respondió a la demanda del funcionario y el caso está en los tribunales.
El mismo periodista denunció en su programa que un funcionario del Gobierno, con asiento en el Palacio Nacional, habría traído un vehículo blindado al país sin pagar los impuestos aduanales, lo que motivó que el Presidente llamara por teléfono al periodista y, en el aire, le exigiera que le informara quién era el funcionario que denunciaba, lo que no fue revelado por el periodista. Pocos días después varios ministros con asiento en el Palacio Nacional radicaron una demanda por difamación e injuria contra el periodista. El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, también se querelló ante los tribunales contra Martínez Pozo porque habría dejado entrever que ese funcionario era el que habría traído el vehículo blindado sin haber pagado los impuestos. Martínez Pozo ha dicho que con esas demandas en su contra pretenden atemorizarlo para que cese en sus denuncias.
- En febrero del 2003 el director de Listín Diario, Miguel Franjul, demandó ante la Suprema Corte de Justicia al ministro de Medio Ambiente, Frank Moya Pons, bajo acusación de difamación e injuria, luego de que el funcionario de Gobierno publicara una carta en la que lo acusó de haber hecho montajes fotográficos y falsificar los hechos sobre depredación de unas dunas en el interior del país, e indicó que no aceptaba chantajes ni pagaba dinero a directores de medios ni periodistas, en una clara alusión a que habría sido presionado para ello. El ministro Moya Pons, luego, respondió a la demanda del periodista Franjul y el caso está en manos de los tribunales.
Continúa en un limbo jurídico el caso del columnista Narciso González (Narcisazo), quien desapareció en agosto de 1994 luego de hacer ácidas críticas contra el entonces presidente Joaquín Balaguer y jefes militares a los que acusó de fraude electoral en las elecciones de ese mismo año. Aunque varios militares fueron citados en las investigaciones de un juez de Instrucción a cargo del caso, en enero de este año se emitió una decisión que libera a esos militares de responsabilidad y prácticamente “engaveta” la investigación.