URUGUAY

La mayor amenaza para la libertad de prensa ha surgido de la iniciativa del Poder Ejecutivo, a través de un proyecto de ley que aplicaría el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a periódicos y revistas. La disposición, en estudio por el parlamento, figura en un paquete de medidas que busca tanto generalizar el gravamen como reducir su tasa: del 23 por ciento actual -una de la más elevadas del mundo- a 19 por ciento.
El anuncio gubernamental provocó la inmediata reacción de todos los medios de comunicación uruguayos, de la Sociedad Interamericana de Prensa y de las gremiales periodísticas, de sus periodistas y vendedores de diarios y revistas, que sin excepciones han advertido a las autoridades y a la opinión pública que la medida resultaría en la segura desaparición de múltiples publicaciones, en el aumento de la ya intolerable desocupación en el sector y que sería un ataque directo a la libertad de expresión, al desaparecer numerosos canales de comunicación y exposición de ideas.
El proyecto se debate en momentos en que los medios escritos no escapan a los efectos de la severa crisis que afecta a las distintas actividades del país, agravada en su caso por factores particulares.
Mientras que lamentablemente algunos organismos del Estado y municipios siguen manejando la publicidad con criterios discriminatorios, planteándose casos realmente escandalosos, otros que ahora aplican criterios técnicos han reducido la publicidad al mínimo perjudicando así a la prensa independiente. También el sector privado, golpeado por la crisis, ha reducido sus avisos en porcentajes elevadísimos. Por otra parte, la venta de ejemplares ha mermado ante la estrechez de recursos del consumidor y de aumentarse el precio de las publicaciones debido a la aplicación del IVA, se llegaría a niveles "poco menos que inviables", sentenció en su página editorial El País.
La Asociación de la Prensa Uruguaya fue aún más lejos y advirtió que gravar con el IVA la venta de ejemplares de diarios y revistas, equivaldría a "decretar la muerte de los medios escritos nacionales".
En otro orden, continúa la ola de juicios en contra de la prensa, amparados en la vigencia de la Ley de Prensa No. 16.099, que la SIP ha catalogado en anteriores asambleas como "restrictiva" de la libertad de expresión. Por lo general, los magistrados se muestran sumamente generosos en la concesión del derecho de réplica instituido en este instrumento legal impuesto en la época de la dictadura. En un caso, la revista Búsqueda debió apelar en mayo ante un tribunal superior, que decretó la nulidad de lo resuelto por el juez en primera instancia y la eximió de publicar la respuesta de una funcionaria. Mientras tanto, siguen en trámite diversas demandas entabladas contra periodistas y medios, algunas reclamando reparaciones por cientos de miles de dólares.

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