58 Asamblea General Lima, Octubre 26-29, Perú

ESTADOS UNIDOS

La guerra y la amenaza de guerra fueron los temas más salientes en relación a la libertad de prensa en los Estados Unidos desde la reunión de la SIP en marzo en la República Dominicana.
En enero, el Tribunal Internacional para Crímenes en la ex Yugoslavia emitió una citación al ex_reportero del Washington Post Jonathan Randal para testificar sobre la veracidad de una entrevista que realizó en 1993 con un ex_líder servo-bosnio, quien ahora está sometido a juicio por crímenes de guerra. La citación fue emitida luego que Randal se rehusara a acatar una orden de comparecencia anterior. Según Randal, el ex_Vice-Primer Ministro Radoslav Brdjanin, quien está siendo sometido a juicio, había manifestado que deseaba un “éxodo” pacífico de la población no servia. Randal presentó un recurso para anular la citación, y solicitó al tribunal que decidiera, por primera vez, si se debía otorgar a los periodistas el privilegio condicional de no testificar acerca de la manera en que obtenían sus noticias, en base al interés del público internacional en el libre flujo de información a los corresponsales de guerra. La fiscal principal del tribunal, Carla Del Ponte, sostuvo que, si bien los periodistas podían tener un derecho limitado a no revelar sus fuentes, esto no se aplicaba en el caso de Randal, ya que la información que se buscaba ya había sido publicada y Randal ya había declarado ante los investigadores. La sala del juzgado dio la razón a la fiscalía y Randal apeló.

En octubre, más de 30 organizaciones periodísticas se le unieron para presentar un alegato amicus curiae, en el que argumentaban que cualquier intento de obligar a los corresponsales de guerra a dar su testimonio los haría parecer como agentes del sistema judicial y, por lo tanto, estarían poniendo su vida en peligro. A su vez, eso limitaría su capacidad de cubrir los enfrentamientos.
El caso inmediato que involucra a Randal podría ser discutido pronto –los fiscales están ahora diciendo que su testimonio podría no ser necesario. Pero aún no se sabe si el tribunal fallará, de todas maneras, sobre la cuestión del privilegio de los reporteros, aún si se retira la citación. No se espera una decisión en, por lo menos, un mes. Aún si el tribunal opta por no emitir un fallo, persiste la amenaza que los múltiples tribunales internacionales que están emergiendo obliguen a los corresponsales de todas las nacionalidades a testificar.

Entretanto, Estados Unidos mantiene detenido a un asistente de camarógrafo del canal de televisión Al-Jazeera de Quatar desde hace casi 10 meses en la base naval en la Bahía de Guantánamo, Cuba, sin que se le haya hecho cargo alguno. Desde poco después su arresto el 15 de diciembre en Afganistán, Sami Al-Haj permanece detenido junto con unas 600 personas sospechosas de pertenecer a Al-Qaeda. Al-Jazeera ha intentado, infructuosamente, a través de los canales diplomáticos, de obtener su liberación o, inclusive, de obtener algo de información sobre su caso. La red indicó que un elemento que complica el caso es el hecho que Al-Haj, un sudanés que había estado trabajando en dicha estación desde hacía apenas dos meses, había perdido su pasaporte en el año 2000 y que éste podría haber sido utilizado por otras personas en forma fraudulenta. El gobierno estadounidense sostiene que los prisioneros de la guerra de Afganistán tienen derechos limitados y que su aislamiento, interrogatorio y detención son necesarios como parte de la guerra contra el terrorismo.

La detención de Al-Haj se hizo pública sólo después que él enviara una carta a su esposa. Grupos de derechos humanos y de la libertad de prensa, como el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Estados Unidos, han protestado ante el gobierno estadounidense, indicando que, sin una mayor información al público, es imposible saber si Al-Haj ha sido encarcelado justa o injustamente.

El gobierno norteamericano también ha adoptado una línea de acción más dura, al restringir ciertas libertades dentro de su propio territorio nacional. Las organizaciones periodísticas han estado presentando solicitudes de acceso a la información y luchando en los tribunales para obtener mayor información acerca de las más de 200 personas detenidas como testigos esenciales o sospechosos de delitos relacionados con el terrorismo. La mayoría está detenida técnicamente por violaciones a las leyes de inmigración. Todos tienen acceso a abogados, pero el gobierno se ha negado a divulgar públicamente sus nombres, o los de las 1,200 personas aproximadamente que han sido detenidas por distintos lapsos de tiempo desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del año pasado en Nueva York y Washington.
En septiembre, el gobierno manifestó que las audiencias de los casos de inmigración de “interés especial” se realizarían en secreto. Las apelaciones presentadas han generado fallos contradictorios. El Tribunal Federal de Apelaciones del sexto circuito, en Cincinnati, dictaminó que el gobierno no podía emitir un edicto general cerrando las puertas a las audiencias de inmigración. La reserva tendría que pedirse individualmente para cada caso. No obstante, el Tribunal Federal de Apelaciones del Tercer Circuito, en Filadelfia, ratificó la reserva general. Normalmente, la Corte Suprema interviene en casos como éste, en que dos tribunales de apelaciones emiten fallos contradictorios.
Entretanto, el gobierno ha rechazado las solicitudes de acceso a la información sobre los nombres de las personas detenidas. Sostiene que muchos de los detenidos no desean que se sepa que están siendo o que han sido interrogados, y que, si divulgara los nombres, Al Qaeda tendría un indicio de la información que maneja el gobierno.
Asimismo, en mayo, el gobierno autorizó a los agentes del FBI asignados a casos de terrorismo a que empiecen a intervenir las conversaciones telefónicas y el tráfico en la Internet, sin necesidad de un permiso previo de un juez. Se trata del cambio más radical efectuado en el reglamento del FBI desde la década de 1970.
El gobierno justifica todas estas medidas diciendo que son necesarias para proteger a la ciudadanía del terrorismo. El gobierno sostiene que los derechos civiles e individuales se mantendrán firmes. Los críticos responden que el gobierno está reaccionando en forma exagerada. Por ejemplo, en el caso de los nombres no divulgados, los críticos sostienen que, a estas alturas, Al Qaeda ya sabría si algunos de sus elementos operativos estuvieran desaparecidos, y que ya ha transcurrido suficiente tiempo como para que el gobierno obtenga la información que requiere, sin presentar cargos.
Mucha gente de la prensa ha estado observando detenidamente el caso para asegurarse que la entendible necesidad de seguridad no adquiera un peso injustificado dentro del equilibrio que debe existir entre libertad y seguridad.
En relación a otro tema, el editor David Carson y el director Edward Powers Jr. de The New Observer, un tabloide de publicación mensual y distribución gratuita de Kansas, fueron sentenciados en julio por un jurado por difamación criminal menor por escribir, durante las elecciones municipales del año pasado, que varios funcionarios de alto nivel en el Condado de Wyandotte no vivían en el condado como lo requería la ley. Entre los funcionarios nombrados figuraban la Alcaldesa Carol Marinovich, jueza de la corte distrital y su esposo, Ernest Johnson, y el Fiscal Distrital Nick Tomasic. La condena conlleva una sentencia en Kansas de hasta un año de cárcel. El editor y el director de The New Observer piensan apelar. Las leyes sobre difamación criminal han sido abolidas en la mayoría de los estados.
En septiembre, un panel del tribunal federal de apelaciones dictaminó que el uso de cámaras escondidas por la red de televisión ABC en una investigación sobre errores en los laboratorios médicos no constituía una invasión de la privacidad según las leyes de Arizona, que fue donde se utilizaron las cámaras. El panel del tribunal ratificó la denegación de una acción contra ABC entablada por una de las personas materia de esa investigación. El tribunal manifestó que la importancia pública que tenía la historia pesaba más que cualquier interés de privacidad del laboratorio y de sus empleados. Asimismo, el tribunal indicó que las personas jurídicas, a diferencia de los individuos, no pueden presentar un reclamo legal por invasión de su privacidad.