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ESTADOS UNIDOS

El experimento de la inserción de periodistas dentro de unidades de combate durante la guerra en Irak se considera que fue un éxito y que hubo pocos, si los hubo, informes de censura indebida. Algunos periodistas “incorporados” fueron expulsados de sus unidades por no acatar, presuntamente, las normas de seguridad operativa.
Sin embargo, el tema es complejo y los resultados todavía son objeto de examen. Algunos analistas de la prensa señalan que el sistema de inserción tuvo como resultado una cobertura desequilibrada debido al alto volumen de informaciones originadas tras las líneas de Estados Unidos.
Hasta ahora han muerto en Irak 12 periodistas, además de un traductor de la BBC, durante incidentes que involucraron a tropas estadounidenses en combate. También perecieron varios periodistas en incidentes no relacionados con situaciones de combate.
El incidente más controversial ocurrió durante el asalto final a Bagdad como resultado la muerte del camarógrafo ucraniano Taras Protsyuk y del camarógrafo español José Couso. Ambos murieron el 8 de abril cuando el obús de un tanque estadounidense cayó sobre el Hotel Palestina, que era utilizado como cuartel general por muchos de los representantes de medios extranjeros de información. Tres periodistas resultaron heridos.
Ese mismo día, aviones de Estados Unidos lanzaron un misil sobre la oficina de la estación de televisión Al-Jazeera, y dieron muerte al camarógrafo Tareq Ayoub. Otro canal, Abu Dhabi TV, resultó dañado por el impacto de municiones disparadas por estadounidenses durante un violento combate callejero.
El ataque al Hotel Palestina fue condenado por diferentes organizaciones periodísticas, incluida la SIP. Poco después del ataque, la SIP expresó su preocupación y consternación por la muerte de los dos periodistas y solicitó una investigación inmediata del incidente.
El 27 de mayo, el Comité para la Protección de Periodistas emitió un informe sobre su investigación del ataque al Hotel Palestina titulado “Permiso para abrir fuego”. El informe ofrecía nuevos detalles que sugerían que el ataque a los periodistas, si bien no fue deliberado, pudo evitarse. Según el Comité, funcionarios del Pentágono, al igual que comandantes de campo en Bagdad, sabían que el Hotel Palestina estaba lleno de periodistas internacionales y que existía el compromiso de no atacarlo. Sin embargo, estos altos oficiales aparentemente no lo transmitieron al comandante del tanque que ordenó disparar sobre el hotel.
Según el informe, un batallón estadounidense encontró fuerte resistencia por parte de las fuerzas iraquíes en Bagdad en la mañana del 8 de abril. Se determinó que un observador iraquí de avanzada estaba guiando los ataques contra los norteamericanos, por lo cual se ordenó una búsqueda intensa del hombre. Durante esta búsqueda, el oficial del tanque estadounidense creyó que había visto a una persona con binoculares en el Hotel Palestina, luego de lo cual recibió permiso para disparar contra el edificio.
El Comité ha solicitado al Pentágono que lleve a cabo una investigación pública y exhaustiva sobre el ataque al Hotel Palestina.
Las hostilidades terrestres han concluido, pero los ataques contra los medios de información han continuado. El galardonado periodista palestino Mazen Dana fue asesinado a balazos por el miembro de un equipo de tanque de Estados Unidos el 17 de agosto, cuando filmaba en los exteriores de la prisión de Abu Ghraib, en el sector oeste de Bagdad. Los soldados estadounidenses confundieron su cámara con un lanzador de granadas impulsadas por cohetes, y le dieron muerte. Dana, que trabajaba para Reuters, había ido a la prisión porque ésta había sido blanco de un ataque de morteros el día anterior en el que murieron seis iraquíes y 59 resultaron heridos. Previamente había recibido autorización de las fuerzas estadounidenses para filmar en la zona.
Según testigos, no se estaba combatiendo cuando el periodista fue atacado. Una investigación militar estadounidense determinó que los soldados habían actuado de conformidad con las reglas para entrar en combate al disparar contra Dana.
Han ocurrido otros casos cuasi trágicos que involucran a periodistas:
- El 18 de septiembre tropas del Ejército estadounidense abrieron fuego contra un reportero gráfico de la Associated Press en la ciudad de Khaldiya, a unos 80 kilómetros al oeste de Bagdad. El fotógrafo y su chofer saltaron del vehículo poco antes de que éste recibiera una lluvia de balas disparadas por un tanque norteamericano, según un informe de AP.
- En ese mismo incidente, un corresponsal de AP que había llegado en otro vehículo, fue atacado desde un tanque norteamericano con disparos de ametralladora de calibre .50. El vehículo recibió unos 20 balazos. Nadie resultó herido, pero ambos vehículos quedaron seriamente dañados.
- El 24 de septiembre el grupo Human Rights Watch, con sede en Washington, emitió una nota de advertencia que decía que “las reacciones excesivamente agresivas de las fuerzas militares norteamericanas estaban colocando a los periodistas y otros civiles en una situación de peligro innecesario”. En su calidad de fuerza de ocupación en Irak, Estados Unidos está obligado a garantizar la seguridad pública “ciñéndose al derecho humanitario internacional y los estándares de derechos humanos”, señaló el grupo.
- En otros incidentes, las tropas norteamericanas arrestaron a tres periodistas que estaban trabajando en Bagdad para el canal de televisión árabe Al-Aalam. Según la cadena Al-Aalam, los reporteros y camarógrafos Sami Hassan, Zoheir Mostafa y Ghuran Tofiq fueron detenidos frente a la sede central de la policía en Bagdad.
- En marzo, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) anuló las credenciales de dos corresponsales que trabajaban con el canal de noticias Al-Jazeera con sede en Qatar, aduciendo que deseaban reducir el número de periodistas que cubrían la bolsa por motivos de seguridad y para dar prioridad a las redes financieras y sus reporteros. La revocatoria se dio justo después de que el canal transmitiera un vídeo controvertido sobre prisioneros de guerra norteamericanos proveniente de la televisión estatal iraquí.
- Posteriormente, se notificó a los corresponsales Ammar Shankari y Ramzi Shiber que se les había revalidado sus acreditaciones para cubrir la NYSE.
- En febrero, el corresponsal de Naciones Unidas para la Agencia de Noticias Iraquí, Mohammad Hassan Allawi, fue expulsado por el gobierno de los Estados Unidos. Allawi fue acusado de “estar involucrado en actividades ajenas a sus actividades normales y consideradas perjudiciales para la seguridad nacional”. Vale la pena notar que hasta ahora a ningún periodista acreditado ante las Naciones Unidas se le ha ordenado abandonar el país.
Las reglas sobre la propiedad fueron modificadas mediante una votación dividida de la Comisión de Comunicaciones Federales en junio. Estas normas dan a las empresas periodísticas el derecho a tener hasta un 45 por ciento de las acciones de un canal de televisión (en vez del 35 por ciento) y permiten una mayor propiedad conjunta en las principales ciudades. El 4 de septiembre, una corte federal de Filadelfia bloqueó esas normas sobre la base de que concentrarían demasiado poder en manos de las empresas periodísticas.
Según los críticos, la concentración de esta propiedad amenaza la diversidad en los medios de información de Estados Unidos.
El 23 de julio, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que bloquea las nuevas normas federales. La iniciativa de la cámara restablecería el límite máximo de propiedad a sólo 35 por ciento.
Las cadenas de televisión quieren que se elimine por completo este tope, o que por lo menos se le sitúe por encima del 45 por ciento. Dos de las cadenas, CBS y Fox, ya están ligeramente por encima del límite de 35 por ciento, según el diario The New York Times.
El 2 de septiembre, Vivendi Universal Entertainment anunció un plan para fusionar su división de entretenimiento con la red de televisión NBC, de General Electric. La nueva empresa, con ingresos de $13.000 millones en 2003, será una nueva fuerza en el escenario global de los medios de comunicación, junto a AOL Time Warner, Disney, Viacom y News Corp, que son los principales actores en Estados Unidos.
La FCC también aprobó el 22 de septiembre la adquisición en $3.400 millones de Hispanic Broadcasting Corp., por parte de Univision Communications, con sede en Los Angeles, con lo que se crea el mayor conglomerado de medios de habla hispana en Estados Unidos, con 53 canales de televisión y 68 radioemisoras.
El acuerdo había enfrentado la oposición de su rival, el canal de habla hispana Telemundo, de la NBC y con sede en Hialeah, el cual tiene 24 estaciones de televisión, y de Spanish Broadcasting System (SBS), con sede en Miami, el cual tiene unas 25 radioemisoras. Argumentaron que este acuerdo anularía la competencia y afirmaron que el mercado de habla hispana es diferente al mercado en inglés, que es mucho mayor, y que la fusión de Univisión y HBC dominaría de manera desproporcionada el sector hispano, que es más pequeño.
La nueva Ley Patriótica de Estados Unidos ha provocado inquietud respecto de las excepciones que aplica a la Ley de Libertad de Información (FOIA) que frustran el derecho de los medios a obtener información del Gobierno.
La nueva ley no toma en cuenta los requisitos de confidencialidad para información sobre “infraestructura crítica” en la nueva ley de Seguridad Nacional, un requisito que protegerá la información en el marco de la Exención 3 de FOIA, la cual permite que las agencias retengan información considerada secreta en otros estatutos.
Del mismo modo, la ley otorgaría al Gobierno un nuevo derecho de acceso a las fuentes y archivos de los medios de información. La Sección 215 permite que el FBI obtenga órdenes judiciales secretas en investigaciones sobre terrorismo externo o espionaje para “el registro de libros, archivos, papeles, documentos y otros efectos”, de todo tipo de empresas. Dichas órdenes deben ser aprobadas primero por la Corte de Vigilancia de Espionaje Externo, que supervisa las investigaciones a espías y terroristas extranjeros.
Grupos de interés público han solicitado a la Corte Suprema que reconsidere el fallo de un tribunal federal de apelaciones que autoriza al Departamento de Justicia a retener los nombres de centenares de personas secretamente arrestadas y detenidas desde los atentados del 11 de septiembre del 2001.
A comienzos de octubre, el Departamento de Justicia anunció una investigación federal para determinar la identidad de dos altos funcionarios de la administración Bush que, presuntamente, filtraron el nombre de una agente de la CIA al columnista Robert Novak y a otros periodistas. En Estados Unidos es un delito grave revelar de manera pública la identidad de un agente de la CIA.
También se han planteado cuestionamientos éticos en cuanto a si Novak debió haber publicado el nombre. Después de su arresto el 9 de junio, un jurado de investigación acusó a Khaled Abdel-Latif Dumeisi, editor del diario Al-Majhar que se publica en árabe en Chicago, bajo cuatro cargos de reunir información sobre figuras de la oposición iraquí como agente de los servicios de espionaje de Saddam Hussein.
El 30 de septiembre, Gerson Borrero, director de El Diario-La Prensa, el periódico más antiguo de habla hispana en Nueva York, renunció después de que los propietarios le ordenasen que no publicara una columna de opinión escrita por el líder cubano Fidel Castro.
Borrero volverá al diario como columnista a tiempo completo.
En una investigación administrativa realizada por la Oficina de Responsabilidad Profesional del FBI en mayo, se criticó a varios empleados federales después de que un paquete de Federal Express enviado entre dos oficinas de AP fuera incautado de manera impropia en septiembre.
Larry Hiatt, editor del Baxter Springs News, un pequeño diario de Kansas, y el columnista Ron Thomas, fueron acusados en marzo de injuria por una columna y un aviso publicitario en donde se acusaba a un funcionario municipal de ser “odioso”.
Ambos, así como un candidato edilicio, enfrentan multas por $2.500 y hasta un año de cárcel. Kansas es uno de los 17 estados que cuenta con disposiciones relativas a las injurias. El año pasado el editor y director de un diario del condado de Wyandotte, fueron declarados culpables de injuria por informar, falsamente, que el alcalde de la ciudad de Kansas vivía fuera del condado.
En septiembre, varios periodistas recibieron una carta de un agente especial del FBI en la solicitaba que retuvieran cualquier nota o comunicación vinculada a Adam Lamo, el llamado “Pirata informático indigente” a quien se acusa de fraude electrónico después de que pusiera al descubierto resquicios en las redes cibernéticas del ámbito empresarial estadounidense.
El San José Mercury News demandó al fiscal del condado de Santa Clara por amenazar con encarcelamiento a testigos que hablaran con la prensa sobre una investigación que se realiza a un juez local. La amenaza de cárcel “viola el derecho de los testigos, consagrado por la Primera Enmienda, de hablar con quien les plazca”, dijo el Mercury News en una nota editorial. “También obstaculizó la capacidad del diario para informar”, agregó el periódico.
En septiembre, la Comisión Federal de Comunicaciones dictaminó que el polémico y vulgar locutor Howard Stern es periodista y, por lo tanto, no está sujeto a la norma de la FCC que exige a los radiodifusores otorgar el mismo espacio a candidatos políticos.
Según The Washington Post, Howard Stern, famoso por sus chistes sobre sexo lesbiano, humor de alcantarillas y otras comedias de baja estofa, quería entrevistar al actor Arnold Schwarzenegger, pero temió que se le exigiera dar el mismo espacio a los otros 134 candidatos.
En octubre, una juez federal dictaminó que la periodista de Stars and Stripes, Sandra Jontz, no tenía que revelar los nombres de sus fuentes confidenciales. La magistrada determinó que el Congreso manifestó de manera expresa que Stars and Stripes, un diario de los militares, “disfruta de la protección total de la Primera Enmienda y el personal militar en las fronteras de la libertad debe disfrutar de los derechos contenidos en la Primera Enmienda”.
Jontz informó de que el Departamento de Defensa ha sido demandado por Linda Tripp, que adquirió notoriedad tras revelar grabaciones secretas de las conversaciones que había tenido con la ex becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, por violar su privacidad al filtrar información de que había solicitado un cargo en el Centro George Marshall del Departamento de Defensa, en Alemania. En julio del 2002, los abogados de Tripp trataron de que se incautaran las notas de Jontz, así como los nombres de sus fuentes.
Tripp afirma que fue humillada por el artículo en el cual se afirmó que el cargo, que no consiguió, era un descenso vergonzoso para ella.