60 Asamblea General de la SIP . Antigua, Guatemala, 22 - 26 de octubre 2004

ESTADOS UNIDOS

Por segundo año consecutivo, la guerra contra Irak dirigida por Estados Unidos y el incremento de las medidas de seguridad dentro del país continúan siendo el foco de los problemas de libertad de prensa tanto dentro como fuera del país. Los temas relacionados con la guerra y el contraterrorismo pueden dividirse en tres grandes áreas: periodistas muertos en combate, medidas legales para obligar a los reporteros a revelar sus fuentes, y requisitos para la obtención de visa norteamericana por parte de periodistas extranjeros.

Reporteros asesinados: De acuerdo con el último conteo realizado por el Comité para la Protección de Periodistas, 26 periodistas y empleados de medios tanto iraquíes como extranjeros han sido muertos durante el conflicto iraquí, ya sea por tropas estadounidenses, elementos armados de la milicia o bombas terroristas.

El Pentágono ha aceptado la responsabilidad por las muertes de dos periodistas iraquíes ocurridas el 18 de marzo en un puesto de control militar de una pista en Irak. Luego de las investigaciones, funcionarios del Pentágono manifestaron que los soldados dispararon en defensa propia y que su objetivo era otro carro que se dirigía a gran velocidad hacia el puesto de bloqueo. Posteriormente, el gobierno norteamericano ofreció “ayuda económica” a los familiares de ambos periodistas.

En abril, Assad Kadhim, corresponsal de Al-Iraqiya, un canal de televisión con financiamiento norteamericano, y su chofer, Hussein Saleh, fueron muertos cuando las fuerzas norteamericanas abrieron fuego contra su automóvil cerca de la ciudad de Samara, en el centro de Irak. El camarógrafo Bassem Kamel también resultó herido durante el incidente.

Luego de la reunión de Chicago, la SIP solicitó al Pentágono una investigación profunda y pública de las muertes de cuatro periodistas ocurridas el año pasado en Irak. Asimismo, la SIP pidió al Pentágono una explicación detallada de sus reglas de combate en Irak, en aras de la transparencia, para reducir el riesgo de que otros periodistas resulten muertos.

El 24 de octubre, The New York Times informó de que el Pentágono estaba estudiando la posibilidad de reabrir las investigaciones del caso de los cuatro periodistas iraquíes que denunciaron abusos cometidos en su contra el pasado mes de enero en una base militar norteamericana. Todos ellos habían sido contratados por medios extranjeros que operaban en Irak, tres para Reuters y uno para el noticiero de NBC. Tanto Reuters como NBC se quejaron por considerar que las investigaciones a cargo del Pentágono habían sido inadecuadas. El Pentágono ha negado que los cuatro hayan sido torturados.

El caso fue originalmente desestimado por el Pentágono, pero al parecer sus funcionarios están pensando reabrirlo a la luz de los abusos cometidos en la prisión de Abu Ghraib. Aparentemente, el caso comprende abusos similares a aquellos encontrados en Abu Ghraib.

Los cuatro hombres fueron arrestados luego de que trataran de informar sobre la caída de un helicóptero norteamericano cerca de Falluja. Fueron retenidos por unos tres días. Los hombres sostuvieron que unos soldados norteamericanos los golpearon, no los dejaron dormir y los obligaron a permanecer en posiciones dolorosas. Dijeron, también, que los amenazaron con violarlos y los fotografiaron mientras eran obligados a simular actos sexuales.

Con respecto a las fuentes confidenciales, como resultado de las investigaciones que viene realizando un gran jurado federal sobre la filtración de la identidad de la funcionaria de la CIA, Valerie Plame, dos reporteros han sido acusados de desacato por rehusarse a revelar sus fuentes confidenciales.

El procurador ad-hoc, Patrick Fitzgerald, ha realizado su investigación de manera alarmante. Ha pedido a varios empleados del gobierno, que podrían o no ser considerados como fuente de la supuesta filtración, que firmen documentos eximiendo a los reporteros de los compromisos de confidencialidad a los que podrían haber llegado. La presión sobre estos empleados para que firmen estos documentos es obvia. Aún peor: estas maniobras legales sin precedentes tendrían la finalidad de convencerlos de la conveniencia de abstenerse de revelar información confidencial importante para el público, porque no tendrían la garantía de su carácter confidencial.

Un juez federal está tratando de obtener los registros de los contactos de la Casa Blanca con varios periodistas. Hasta la fecha, cuatro periodistas han sido citados para declarar ante el juez.

Las investigaciones se originan debido a que Plame, funcionaria de la CIA y cuyo esposo es el ex embajador Joseph C. Wilson IV, crítico de la política de Bush en Irak, fue nombrada en la columna de Robert Novak. La revelación de la identidad de un oficial de inteligencia encubierto puede constituir un delito federal si es que los fiscales demuestran que ésta se hizo intencionalmente.

El 7 de octubre, un juez federal de Washington D.C., declaró en desacato a la reportera norteamericana Judith Miller, de The New York Times, por negarse a revelar sus fuentes confidenciales a los fiscales a cargo del caso de la revelación de información oficial. Miller fue ordenada a permanecer en prisión hasta que aceptara revelar sus fuentes ante un gran jurado. Sin embargo, se le ha permitido gozar de libertad mientras su abogado apela el dictamen del juez.

El 13 de octubre, el mismo juez impuso 18 meses de cárcel a Matthew Cooper, reportero de la revista Time por rehusarse a declarar y a la revista una multa de US$1,000 diarios. Su sentencia también fue suspendida hasta conocer el resultado de la apelación.

Inicialmente, Cooper había aceptado declarar en forma limitada ante el gran jurado luego de que una de sus fuentes lo eximiera de una promesa de confidencialidad. Sin embargo, un procurador ad hoc emitió una segunda citación más amplia, para que revelara los nombres de otras fuentes.

Tanto Miller como Bill Keller, director ejecutivo del Times, han dicho que no aceptarían declarar ni siquiera bajo tales circunstancias.
Por lo menos otros dos reporteros, uno de NBC y el otro de The Washington Post, han sido citados para declarar sobre el mismo caso.

En cuanto al ingreso de periodistas extranjeros a Estados Unidos, si bien el número de incidentes reportados ha disminuido, estos siguen siendo detenidos y se les sigue negando el ingreso en los aeropuertos de Estados Unidos, lo cual lleva a pensar que la administración Bush está utilizando la guerra contra el terrorismo para limitar el acceso de la prensa extranjera.

El 21 de mayo, Robert C. Bonner, Comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, anunció mediante un comunicado de prensa que las reglas para el otorgamiento de visas habían sufrido ligeras modificaciones. Según el comunicado, los agentes de Protección Fronteriza están ahora autorizados a usar su propio criterio para admitir a periodistas extranjeros que tengan otro tipo de visas que no sea de la categoría I, que es la exigida a los periodistas visitantes. Ahora, los periodistas extranjeros podrán ingresar al país si es que por algún error no solicitaron una visa I antes de su llegada. Sin embargo, este permiso sólo se podrá otorgar por una sola vez. Un periodista a quien se le ha otorgado este beneficio no podrá ingresar una segunda vez si no cuenta con dicho tipo de visa.

Los funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos insisten en que las detenciones de periodistas extranjeros no se produjeron como consecuencia de la mencionada modificación del reglamento de visas tipo I, sino más bien por una vigilancia más estricta que viene haciendo Aduanas desde septiembre de 2001.

A los periodistas extranjeros que ingresan a los Estados Unidos siempre se les ha exigido por ley la visa I. Sin embargo, en el pasado se había hecho costumbre permitirles el ingreso hasta por 90 días si tenían visa de turista y si procedían de uno de los 27 países incluidos en el Programa de Exoneración de Visado de 1986.

Cabe mencionar un último tema. La Autoridad Provisional de Irak cerró un diario antinorteamericano en Irak, por publicación de imputaciones sobre la guerra, las cuales, según ciertos oficiales, ponían en riesgo la seguridad de las fuerzas norteamericanas.
Dicho cierre provocó protestas en las calles de Bagdad y la quema de la bandera norteamericana.