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VENEZUELA
En cuanto a la falta de independencia institucional, con una mayoría simple –por ende inconstitucional– reunida por los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional, fue aprobada la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que eleva desde 20 hasta 32 el número de los magistrados de dicho alto tribunal; y fueron designados los nuevos magistrados sin mediar concursos de credenciales, omitiéndose la norma constitucional sobre participación ciudadana. El magistrado elegido como nuevo presidente del Supremo Tribunal, al inaugurarse en sus funciones, despejó cualquier duda sobre la independencia de sus decisiones o sentencias, al señalar que “los medios de comunicación y periodistas deben estar al servicio de la verdad y sólo de la verdad” y que “todo juez que emita juicio en contra de los principios revolucionarios, será destituido y anulada su sentencia”. A la par, otro de los magistrados, a inicios del año judicial en curso, expresó públicamente que “tan sancionable es la conducta del agente de orden público que abusa de su arma de reglamento y con ella quita la vida injustificadamente a un ciudadano, como el periodista que a través del micrófono o con la máquina impresora agrede, ofende, difama o agravia a un ciudadano que cumple una función dentro del Estado”. La Asamblea Nacional, con el voto de la mayoría simple de diputados oficialistas, aprobó la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión o Ley Mordaza, que estatiza de hecho el sistema de radio y de televisión privado, controlando sus horarios, programas y contenidos. El presidente Hugo Chávez comentó sobre su nueva política comunicacional: “Divulgar y contribuir a la formación e identificación de la población con los valores, ética e ideología de la Revolución bolivariana. Desarrollar [una] estrategia de divulgación e información hacia los EE.UU. para neutralizar elementos de acción imperial contra Venezuela. [Y] educar a la población en los principios militares de disciplina, amor a la patria, y obediencia”. Por obra y consecuencia de la mencionada Ley de Contenidos, el Estado no sólo podrá “expropiar” los tiempos de transmisión para disponerlos a su servicio, sino que, sin mediación judicial y por razones alegadas de seguridad nacional, también podrá suspender cualquier programa de radio y de televisión: sin mengua de las sanciones administrativas, civiles y penales que puedan recaer sobre los responsables de atentar contra la misma. La Asamblea también aprobó una reforma de la legislación penal sustantiva, para trasladar los efectos punitivos de su señalada Ley Mordaza, hacia la prensa escrita y hacia todo aquel ciudadano que opine y disienta del credo de la Revolución. La reforma del Código Penal, en efecto, no sólo consagra en su mayor amplitud las conocidas “leyes de desacato” si no también “criminaliza” la disidencia política y de opinión. El Artículo 297 A establece: “Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, pretenda causar o efectivamente cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años.” El Artículo 508 dice: “Todo el que, con gritos o vociferaciones, con abuso de campanas u otros instrumentos, o valiéndose de ejercicios o medios ruidosos, haya perturbado las reuniones públicas, o las ocupaciones o reposo de los ciudadanos, será penado con arresto de hasta por un mes y con multa hasta de cien unidades tributarias, aumentándose de uno a dos meses de arresto y multa de doscientas unidades tributarias en el caso de reincidencia en la misma infracción”. “Si el hecho ha sido cometido contra la persona del Vicepresidente Ejecutivo de la República, de algunos de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, miembros de la Asamblea Nacional, de los Consejos Legislativos de los estados, podrá imponerse arresto de tres a cuatro meses y la multa podrá ser de hasta 500 Unidades Tributarias”. El Bloque de Prensa Venezolano protestó públicamente estas leyes por ser violatorias de los derechos humanos y por generar autocensura. Luego de unas jornadas organizadas por la presidencia de la República y realizadas entre los días 12 y 13 de noviembre del pasado año, el presidente Chávez expuso ante sus seguidores y ante oficiales generales, superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas, las líneas maestras de La Nueva Etapa, La Nueva Estrategia de su revolución que implica el tránsito desde la fase en curso, de consolidación interna, hacia otra fase de confrontación externa y de exportación de la revolución. En cuanto a la consolidación de su poder interno, el presidente anunció la creación, con apoyo de las misiones cubanas, de Unidades de Batalla Endógena para el control social y popular de la misma población. Asimismo, ordenó, en términos exactos, perseguir y hostigar a los opositores para impedir que se reorganicen. “Si no hubiésemos hecho la cedulación –dijo el Presidente– hasta el referéndum revocatorio lo hubiésemos perdido, porque esta gente [la oposición] sacó 4 millones de votos”. “Y fue cuando empecé a pedirle apoyo a Fidel... y él me dijo: Si algo sé yo es de eso, cuenta con todo mi apoyo”. En lo económico Chávez señaló que “no nos estamos planteando eliminar la propiedad privada... Hasta allá no llegamos. No, pero nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro, el mundo se va moviendo... No es el momento”. El Nuevo Pensamiento Militar según lo confirmó el general López Hidalgo, secretario de Defensa de la Nación, avanzará hacia la guerra asimétrica o de guerrillas y para ello ya se está equipando actualmente a las FF. AA. con vistas a su primera misión, que describe el documento sobre La Nueva Etapa así: “desarrollo de acciones defensivas en la zona fronteriza con Colombia (...) por la implementación del Plan Colombia”. El documento oficial instruye a gobernadores y alcaldes para que organicen la reserva militar popular; identificando a cada “patriota” en su caserío según que “uno de ellos sea tirador de fusil, francotirador, o lanzador de granadas”. Las palabras de Chávez no son nada ambiguas ni se reducen a amenazas. “Utilizaremos todas las estrategias posibles, desde una defensa móvil frente al gigante hasta el ataque”. El objetivo final no aparece oculto en el papel sobre La Nueva Etapa. Tanto que, el propio Chávez anunció a sus seguidores que: “la estrategia de su revolución es quebrar ese eje “monroísta” dominado por el Pentágono y conformado por Bogotá-Quito-Lima-La Paz- Santiago de Chile”. El gobierno ha desatado una abierta y descarada persecución, abusando inclusive del control férreo que ejerce sobre el Poder Judicial y sobre el Ministerio Público, para acallar a los periodistas y medios de comunicación. A la periodista Patricia Poleo se le allanó su residencia y se le abrió causa penal para que entregue documentos que han servido de soporte a sus últimos escritos, detallando que el Fiscal Danilo Anderson, asesinado y declarado mártir de la revolución, fue víctima de una acción de bandas de extorsionistas a las que, supuestamente, estuvo vinculado. Otro tanto ha ocurrido, por motivos similares, con la periodista Tamoa Calzadilla, quien fue ya imputada penalmente y por requerimiento personal del propio Fiscal General de la República y antiguo vicepresidente de Chávez. Fue detenido, en fecha reciente y en un aeropuerto del interior, el periodista y editor del periódico El Nuevo País, Rafael Poleo. Se alegó la existencia de una orden de detención del año 1991, causa en la que se le había otorgado indulto en 1993. También le fue dictada privación de libertad a la periodista
Ibéyise Pacheco, luego de seguírsele juicio por difamación
agravada y por haberse expresado incorrectamente, cuando denunció el
falseamiento de exámenes universitarios por un Coronel del ejército
al servicio de la Revolución. Fue imputado penalmente el periodista Napoleón Bravo, cuyo programa de televisión, debido a las presiones gubernamentales, fue retirado del aire. También fue clausurado el programa de televisión y de entrevistas conducido por la periodista Marta Colomina, a quien la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos habían dado protección con medidas cautelares. Periodistas del diario El Carabobeño, que se edita en Valencia, estado Carabobo, fueron aprehendidos en la Base Aérea Libertador, mientras cumplían funciones específicas, relacionadas con una manifestación, que en su apoyo anunciaba el presidente Chávez desde Montevideo, Uruguay. Los militares de guardia alegaron que se habían tomado fotografías en zona prohibida, por lo que los obligaron a borrarlas, con el compromiso de suscribir un acta donde se comprometían a no reincidir, como condición para dejarlos en libertad. Desde las más altas esferas gubernamentales se adelantó una iniciativa para que el diputado oficialista y ex presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, incoara demanda penal en contra de Tulio Álvarez, abogado constitucionalista que investigó al gobierno por el presunto fraude electoral, lo que fue considerado como una represalia oficial. La demanda se fundamentó en un escrito publicado en el periódico Así es la Noticia, con la firma de Álvarez, donde denunciaba un desfalco en perjuicio de empleados de la Caja de Ahorros de la Asamblea Nacional, cuando ejercía su administración el diputado Lara.
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