Reunión de Medio Año





 


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LEYES DE DESACATO

CONSIDERANDO

que en el continente americano existen 16 países cuyos sistemas legales prevén disposiciones legales de desacato comúnmente denominadas "leyes de insulto" que castigan penalmente la libre crítica de los funcionarios oficiales a los gobiernos con penas privativas de la libertad

CONSIDERANDO

que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos mediante el informe de 1994 concluyó que las leyes de desacato son incompatibles con la libertad de expresión prevista en el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) y que por lo tanto, son violatorias de este derecho fundamental

CONSIDERANDO

que la Sociedad Interamericana de Prensa ha liderado una campaña en contra de las leyes de desacato por ser restrictivas de la libertad de expresión y de prensa y el derecho a la información

CONSIDERANDO

que la SIP ha promovido la adopción del estándar judicial de la real malicia que permite que las inexactitudes o agravios en contra de los funcionarios públicos cometidas a través de la prensa se resuelvan aplicando el estándar de la real malicia que hace la prensa responsable sólo por la prueba de la intención de causar un daño o la extrema indiferencia hacia la verdad por parte de la prensa

CONSIDERANDO

que el principio 10 de la Declaración de Chapultepec establece que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público"

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

exhortar a los gobiernos y congresos cuyas legislaciones contengan las leyes de desacato a presentar proyectos de ley encaminados a derogar en forma expresa dichas leyes de desacato

solicitar a los jueces de los países en donde existan las leyes de desacato la adopción y aplicación de la norma legal de la real malicia, es decir, la intención de causar daño, frente a las acusaciones en contra de los periodistas y medios por la libre crítica a los funcionarios públicos.


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Washington, D.C.
Octubre 12 al 16, 2001
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