ECUADOR

El tradicional respeto a la libertad de prensa en Ecuador ha sufrido un traspié. El gobierno, luego de decretar un estado de emergencia en las provincias de Orellana y Sucumbios, dispuso la suspensión temporal de los noticieros de cuatro radios de la ciudad de Orellana.
En este período, la censura de transmisiones de radio, un proyecto a punto de convertirse en ley que obligaría a los medios a “crear y mantener espacios periódicos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, que promuevan sus derechos y responsabilidades”, y un intento por establecer la colegiación obligatoria, atentan contra la libertad de prensa.
El 14 de diciembre del 2001 la Marina negó el acceso de la prensa a un acto castrense. Esto sucedió en la semana en que se desató la polémica por un supuesto sobreprecio en la contratación del seguro para los aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Cinco días más tarde el Comandante General de la Marina ofreció sus disculpas públicamente.
En enero la Armada Nacional amenazó a quien denunció el supuesto sobreprecio, el capitán Rogelio Viteri, con drásticas sanciones si continuaba dando declaraciones a la prensa en torno al caso. Viteri ya había sufrido un “arresto disciplinario” de cinco días por ese motivo. La información que el capitán Viteri tiene es considerada clave en el caso de los seguros.
El 18 de enero del 2002 se dio un ejemplo de lo que podría ser el uso del artículo 81 de la Constitución Política del Estado, que establece que los medios deben participar en procesos educativos y en preservar los valores éticos.
La diputada Cecilia Calderón, presidenta de la Comisión de la Mujer, el Niño, la Juventud y la Familia, pidió al Defensor del Pueblo que “interponga sus facultades constitucionales y legales a fin de que los medios de comunicación se abstengan de emitir programaciones que atenten contra la dignidad, respeto, identidad y personalidad de los niños, niñas y adolescentes”.
La diputada se refería a un programa de televisión llamado “Maritere en Ecuador” y advertía que estaban circulando “periódicos que muestran situaciones de alta conflictividad social, delictiva y moral, que ocasionan muchísimo daño en el juicio de los adultos, no se diga en la mente en formación de nuestra niñez y juventud”. La diputada no precisó a qué medio, o medios, se refería.
Los dos juicios, uno penal y otro civil, instaurados por el diputado del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Fernando Rosero, en contra del subdirector del diario Expreso de Guayaquil, Jorge Vivanco Mendieta, han tenido diferentes suertes.
Rosero, coideario del ex presidente ecuatoriano, Abdalá Bucaram Ortiz, instauró en contra de Vivanco dos juicios, en julio de 2001: una acusación penal por supuestas injurias y falta al honor, y una segunda en lo civil mediante la cual demandó el pago de un millón de dólares por supuestos daños y perjuicios.
Vivanco escribió en su columna de Expreso, publicada el 15 de junio del mismo año, el artículo titulado "Los generales no se defienden". En él hizo referencia a las declaraciones del diputado, que tildó de “chatarreros del Cenepa” a los militares que habrían participado en la compra de armas durante el conflicto bélico con el Perú en 1995.
En el juicio civil, el Juez Décimo Quinto de lo Civil del Guayas, José Rendón Alvarado, sentenció a favor del periodista Vivanco, con el argumento de falta de pruebas del acusador. El diputado apeló el dictamen.
En el juicio penal el caso se encuentra en la etapa de prueba. Según Jorge Vivanco, ya fue notificado y presentó las pruebas de descargo para su estudio.
El 26 de febrero el presidente de la República declaró en emergencia a las provincias de Sucumbíos y Orellana, fronterizas con Colombia, ante la guerra iniciada en ese país y por protestas internas de las provincias frente al gobierno. La medida incluía la suspensión de la libertad de expresión.
El 27 de febrero las radios La Jungla, Cumandá, Musical y Alegría recibieron orden de cesar sus transmisiones hasta que concluya el estado de excepción. La medida fue ejecutada por los militares, que en ese momento representaban al Presidente.
Según el gobierno, las radios fueron clausuradas por “incitar a la violencia y emitir mensajes en contra del decreto de emergencia”. Por su parte, el propietario de la radio La Jungla afirma que ellos únicamente estaban relatando lo que pasaba en las calles. Esta radio estuvo tres días fuera del aire. Las otras tres radios se limitaron a emitir música.
Los gremios periodísticos de la provincia del Azuay, entregaron al Presidente del Congreso Nacional un anteproyecto de ley de defensa del periodista y comunicador profesional ecuatoriano.
El proyecto incluye la colegiatura y la titulación obligatoria. También crea una serie de instituciones burocráticas para normar la actividad periodística. Esta institución sería “autónoma” ya que se financiaría con la creación de un impuesto especial del uno por ciento que se cobraría a los anuncios publicitarios.
El anteproyecto de ley propone que cada periodista firme sus trabajos con el número de la licencia entregada por el colegio, que la elaboración de los boletines de prensa de las instituciones públicas y que todo lo que publiquen los medios, incluso la elaboración de las páginas de Internet, sea hecha exclusivamente por los que posean esta licencia.
Actualmente reposa en el Congreso Nacional el proyecto de Código de la Niñez y la Adolescencia, que fue aprobado en primera instancia y que entre otros aspectos incluye las siguientes obligaciones para los medios de comunicación:
“Crear y mantener espacios periódicos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, que promuevan sus derechos y responsabilidades y atiendan sus necesidades de información y desarrollo”
“Incluir en los lugares donde exista una población mayoritariamente indígena, programaciones en su propia lengua”
“Crear espacios y lenguajes para atender las necesidades de comunicación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades”
“Mantener espacios gratuitos para la difusión y publicación de órdenes judiciales y administrativas, de solicitudes institucionales o personales orientadas a la ubicación de niños, niñas, adolescentes, sus progenitores o familiares”
“Presentar programaciones que eduquen, entretengan e informen a los niños, niñas y adolescentes en horarios de franja familiar”
Este código estaría por ser aprobado en segunda instancia.

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