PARAGUAY

La libertad de prensa está ensombrecida por la acción de la justicia, que una vez más demostró su propensión a favorecer a los hombres fuertes del Gobierno antes que a consagrar el derecho inalienable de la población a la libertad de expresión y de prensa.
Un Tribunal de Apelación aplicó una multa de 120.000 dólares al director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, en una querella por difamación, calumnia e injurias que promovió en su contra el influyente político y senador del gobernante Partido Colorado, Juan Carlos Galaverna, violador confeso de la Constitución Nacional y con frecuencia mencionado como presunto protagonista de hechos de corrupción o protector de funcionarios, políticos o allegados involucrados en prebendarismo, nepotismo o negocios dudosos.
La sentencia del tribunal fue considerada un atentado contra la libertad de expresión y de prensa por conocidos hombres públicos y juristas, quienes resaltaron el peligro que representa que la justicia proteja a funcionarios cuyos nombres aparecen involucrados en hechos oscuros antes que proceder a investigarlos.
Abundaron nuevamente las amenazas lanzadas contra periodistas por policías u hombres públicos, afectados por denuncias y críticas de distintos medios de prensa por corrupción.
El 18 de octubre, Esteban Samaniego, un senador del gobernante Partido Colorado, salió en defensa de su colega Juan Carlos Galaverna, cuyo nombre aparece con frecuencia relacionado con presuntos hechos de corrupción.. Samaniego protestó "por las intrigas permanentes que recibe (Galaverna) por los medios de prensa de un diario", en alusión a ABC Color, y se preguntó "cuál era el poder que tenía Aldo Zuccolillo".
Samaniego preguntó también por qué el Senado nunca se preocupó de investigar a Zuccolillo, a quien atribuyó "atropellos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y ni qué decir al Poder Ejecutivo".
Vicenta Risso, corresponsal del diario ABC Color en el departamento de Presidente Hayes, al oeste de Asunción, denunció una amenaza de muerte por parte de Eusebio Vergara, operador político del gobernador del citado departamento, Eugenio Escobar Cattebeke.
Durante las elecciones municipales realizadas el 18 de noviembre, Risso fotografió un vehículo estatal utilizado en favor del Partido Colorado, al que pertenece el gobernador.
Molesto por la actividad de la corresponsal, Vergara le dijo: "Seguí quitando las fotos para que lleves como recuerdo a tu tumba", amenaza que repitió dos veces.
En días sucesivos, Risso recibió similares amenazas telefónicas anónimas, por lo que presentó la denuncia ante la policía y a la fiscal del crimen departamental.
El 20 de noviembre, el director de ABC Color prestó declaración en una querella presentada por Abel Florentín Mendoza, un militante del gobernante Partido Colorado quien fue nombrado en el Departamento Comercial del estatal Banco Nacional de Fomento. ABC Color publicó que el citado funcionario fue enjuiciado anteriormente por presuntos delitos de fraude, estafa y lavado de dinero, lo que lo inhabilitaba para ocupar el cargo mencionado. Florentín Mendoza presentó su querella señalando que tras la publicación recibió amenazas anónimas.
Zuccolillo fue llamado a declaración informativa por el juez Juan Carlos Paredes, y en la ocasión defendió el derecho de la prensa de formular críticas a los hombres públicos y resguardar sus fuentes.
Sin embargo, el 7 de febrero, Florentín Mendoza presentó una querella por calumnia contra el director del diario ABC Color.
El accionante afirmó que se sintió ofendido por la publicación y que a raíz de la misma se vio obligado a presentar renuncia al cargo. Además, aseguró haber recibido un mensaje anónimo en su intercomunicador personal que le decía: "No te olvides de leer la pág. 12 de ABC. Este es el comienzo de lo que te espera". La querella sigue su curso en los estrados judiciales.
El ministro Juan Ernesto Villamayor, responsable de la Secretaría de la Reforma del Estado, que tiene a su cargo la privatización de las empresas estatales, en declaraciones que formuló a Radio Uno el 6 de diciembre, acusó al director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bo, de haberle reclamado el manejo de la política comunicacional de la institución a su cargo para salvar a su medio que estaba supuestamente en inminente quiebra. El funcionario agregó que tras la negativa gubernamental comenzaron los ataques contra su persona y el proyecto de privatización.
"El señor Bo directamente me pidió el manejo de la política comunicacional de la Secretaría porque tenía su periódico en quiebra", sostuvo Villamayor.
El director de Noticias negó enfáticamente la acusación. Señaló que cierta vez que Villamayor le reclamó por una publicación, él puso las páginas del diario a su disposición para una réplica. Aseguró que jamás pidió manejar la política comunicacional.
El 4 de enero de 2002, el periodista Hernando Sevilla recurrió a la Defensoría del Pueblo para solicitar indemnización del Estado por haber sido encarcelado y torturado durante la dictadura de Alfredo Stroessner, derrocada en 1989.
Sevilla relató que el 6 de febrero de 1981 fue secuestrado de la misma sede del desaparecido diario Hoy, donde trabajaba, y fue recluido en una estrecha celda policial, donde sufrió todo tipo de vejámenes hasta que fue liberado el 29 de septiembre de 1982.
El periodista explicó que, por ser de nacionalidad argentina, la policía lo acusó de ser uno de los cabecillas del grupo que mató en Asunción al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en septiembre de 1980. Tras su liberación, vivió seis años exilado en Suecia.
El 9 de enero, una comisaría policial de la ciudad de San Juan Bautista, 300 km. al sur de Asunción, alertó al corresponsal de ABC Color en esa localidad, Rafael Marcial Montiel, de que una llamada anónima a dicha unidad indicó que la vida del periodista corría peligro. El jefe de la unidad, comisario Aníbal Rojas, le consultó si tenía problemas personales con alguien o si una publicación suya motivó alguna molestia, y le ofreció protección.
El corresponsal realizó varias publicaciones denunciando irregularidades administrativas en la Gobernación de Misiones (departamento cuya capital es San Juan Bautista), lo que motivó reacciones de la población que culminaron con la destitución del gobernador Egidio Ruiz Pérez. Este había presentado, antes de su destitución, una querella criminal contra Montiel por difamación, calumnia e injuria, mientras otras dos querellas fueron promovidas por funcionarios de la Gobernación.
Asimismo, Montiel denunció la existencia de policías que integraban gavillas de asaltantes de bancos y camiones transportadores de caudales.
El 13 de enero, el senador Juan Carlos Galaverna, del gobernante Partido Colorado, calificó de "ignorantes" a los periodistas que cubren las informaciones de la Cámara de Senadores, y acusó a la periodista Francisca Pereira, del diario La Nación, de ser "colaboradora del oviedismo" (en referencia al ex general Lino Oviedo, refugiado en Brasil y acusado de ser el autor intelectual del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en 1999).
Galaverna con frecuencia se pronuncia en forma condenatoria contra la prensa debido a frecuentes publicaciones de que, aprovechando su influencia en el actual gobierno, está presuntamente involucrado en hechos de corrupción.
El 15 de enero, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) realizó una manifestación frente al Parlamento para expresar su preocupación por los conflictos laborales, traducidos en frecuentes despidos, que soportan los trabajadores de la prensa local por las políticas de ajuste que aplican las empresas periodísticas a raíz de la mala situación del país.
El 25 de enero, el director ejecutivo del diario Noticias, Marco Nicolás Bo Pastori, denunció ante una fiscalía del crimen que fue objeto de amenaza de muerte y robo de un arma.
Según la denuncia, el 21 de enero, al mediodía, al salir de un restaurante, encontró un mensaje bajo el limpiaparabrisas de su camioneta que expresaba: "Amigo Colaso Bo: Cúidate porque escuché de boca del Cap. (R) Néstor Melgarejo en una reunión de amigos del UNACE (movimiento político del ex general Lino Oviedo) que se estaría ofreciendo por tu cabeza la suma de 200.000 dólares, que nadie aceptó, pero que si hay más plata ya habría gente que se va a animar a hacer ese trabajo. No te doy mi nombre por mi seguridad y porque tengo miedo de esta gente, que sé que se van animar. Cúidate".
La denuncia agrega que en la noche del mismo día visitó a su madre en su domicilio y que al salir encontró rota la ventanilla trasera de la misma camioneta y notó que faltaba una pistola ametralladora y un maletín que contenía una agenda.
El robo fue denunciado en una Comisaría y el día 24 de enero recibió otra amenaza en su teléfono celular, en idioma guaraní, que traducida decía: "Vas a morir con tu propia bala".
El 12 de febrero, el Tribunal de Apelaciones integrado por los jueces Tomás Damián Cárdenas, Gustavo Ocampos y Carlos Bray condenó al director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, a pagar una multa de 541 millones de guaraníes (unos 120.000 dólares), en una querella que a fines de 1998 promovió en su contra el senador del gobernante Partido Colorado, Juan Carlos Galaverna, alegando delitos de difamación, calumnia e injuria, solicitando un resarcimiento de 1.100 millones de guaraníes.
Galaverna es un senador que públicamente se ha jactado de violar la Constitución Nacional, sin que sus palabras hayan tenido efectos negativos para su persona, ni de parte de la justicia ni de sus pares parlamentarios.
ABC Color realizó publicaciones que vinculaban a Galaverna con el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), que posteriormente fue a la quiebra.
En primera instancia, el juez Hugo López condenó a Zuccolillo a pagar una multa de 470 millones de guaraníes, suma que fue aumentada ahora por el tribunal de apelación.
Llamativamente, este Tribunal de Apelación atribuyó a Zuccolillo frases que, si bien fueron publicadas en ABC Color, corresponden a otras personas, como la del asesinado vicepresidente Luis Argaña, quien calificó a Galaverna de "ladrón de galletas".
Con respecto a otro calificativo dado por el diario al legislador, de ser protector político del ex presidente del BNT, Edgar Cataldi, el mismo Tribunal de Apelación admitió en su sentencia en que condenó a este funcionario a 10 años de prisión la figura de la "asociación ilícita", con lo cual abrió la posibilidad de incluir en el proceso a personas influyentes.
El senador Diógenes Martínez, del Partido Colorado (el mismo de Galaverna), dijo que hay denuncias contra Galaverna que la justicia debería investigar antes que condenar a la prensa.
Galaverna solicitó la inconstitucionalidad de la sentencia del tribunal porque pretende que se dicte pena carcelaria para Zuccolillo. El Tribunal de Apelación había admitido solamente la figura de la difamación (no la de calumnia e injuria) y estableció la multa mencionada, que debe ser percibida por el Estado y no por Galaverna. Por eso éste pide también cambiar la figura jurídica por la de "composición", que le permitirá a él personalmente percibir el monto de la sanción.
Fiel al lenguaje grosero que suele usar, Galaverna acusó a los jueces del Tribunal de ser "cómplices" de Zuccolillo y que están sometidos a él "por plata, homosexualidad o por extorsión".
Zuccolillo, a través del jurista Alejandro Encina Marín, solicitó la inconstitucionalidad de la sentencia, reiterando los principios jurídicos que rigen universalmente del derecho de la prensa de investigar a los funcionarios y clarificar sus acciones. Ambos planteamientos se encuentran en la Corte Suprema de Justicia.
El 13 de febrero, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció que algunos periodistas que participaron de la cobertura de un conocido caso de secuestro y torturas de dos militantes políticos de izquierda recibieron amenazas de parte de policías acusados de participar de esos hechos. Entre esos casos citó el del periodista Aníbal Emery, de la radioemisora Ñandutí.
El 20 de febrero, el Tribunal de Apelación de Ciudad del Este, 330 km. al este de Asunción, rechazó una querella promovida contra el director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, por el comerciante árabe Ahmad Khalil Chams, residente en esa ciudad, quien se sintió agraviado por publicaciones que realizó el diario sobre sus antecedentes penales.
El accionante negó tales antecedentes, pero ABC Color publicó una orden de captura expedida contra el mismo por Interpol de Panamá en un juicio por presunta estafa, reproduciendo el facsímil de dicha orden policial.
El juez Víctor Benítez Rodas ya había rechazado la querella en primera instancia.
El 1 de marzo, la Corte Suprema de Justicia puso punto final a una querella que promovió el conocido dirigente sindical Alan Flores contra el periodista Jorge Villalba Digalo, jefe de la Sección Economía del diario Ultima Hora, por presuntos delitos de difamación y calumnia.
Flores actualmente está en la cárcel mayor de Asunción tras ser condenado por un juez a cumplir diez años de prisión por su participación en el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), que fue a la quiebra.
El periodista Villalba Digado publicó numerosos artículos en los que denunció la participación de Flores y otros dirigentes sindicales en la contratación de multimillonarios créditos sin consentimiento de la comisión directiva de sus centrales obreras, que contribuyeron al vaciamiento del BNT.

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