PERU

En este período el periodismo peruano experimentó nuevos cambios. Los presidentes de Perú, Alejandro Toledo, y de Bolivia, Jorge Quiroga, firmaron la Declaración de Chapultepec donde se comprometieron a respaldar y promover la libertad de prensa y el libre flujo informativo en sus respectivos países. Esta acción fue respaldada por el presidente de la SIP, Robert Cox, quien dijo que es un paso para la democracia de todo el continente.
La prensa en general representa un amplio espectro de opinión, ofreciendo puntos de vista a favor y en contra del gobierno. El Gobierno no ejerce censura sobre los medios de comunicación y durante el período generalmente toleró la crítica y no trató de restringir la libertad de prensa.
A pesar de esto, se presentaron denuncias sobre actos contra la libertad de prensa. Ricardo Trotti, coordinador de Libertad de Prensa de la SIP, viajó a Lima para entrevistarse con Eduardo Calmell del Solar, quien presentó una denuncia ante la SIP por violación de su derecho a un debido proceso. También se reunió con las autoridades respectivas.
Posteriormente, las autoridades penitenciarias denunciaron que a Eduardo Calmell y Alberto Kouri les fueron requisadas las llaves de sus celdas, lo cual les permitía gozar de libertad para movilizarse al pasadizo donde estaba la televisión. Como medida de seguridad fueron trasladados a otro local penitenciario. Calmell dijo que tenía las llaves para ver televisión desde el inicio de su carcelería y que las recibió de otro interno, Alberto Kouri, quien sufría de claustrofobia y que todo era un montaje para silenciarlo. Hasta hoy, el diario Expreso no ha denunciado restricciones a la libertad de expresión. Por otro lado, la familia de Calmell ha reiterado durante este período su denuncia solicitando un pronunciamiento de la SIP en el entendimiento de que se continúa violando el debido proceso.
El Congreso hizo públicos algunos documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, donde se daba cuenta de una versión que atribuía la muerte del ex director del diario La República, Gustavo Mohme Llona, a una conspiración planificada por Vladimiro Montesinos.
La familia de Mohme Llona dijo en comunicado que tomó conocimiento de dicha versión meses antes, por lo que presentó una denuncia formal ante las autoridades que investigaban el caso en forma reservada. Asimismo, se comunicó en esa época al entonces presidente de la SIP, Danilo Arbilla, sobre dicha investigación. Al conocerse el proceso, el diario La República publicó un extenso informe sobre las investigaciones que realizó por su cuenta. El hecho está en manos de la fiscalía en la actualidad.
La Comisión de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción del Congreso formó una subcomisión de cinco parlamentarios para que presenten un informe sobre el proyecto de la Ley de Modernización y Transparencia de las Telecomunicaciones. Los integrantes de la comisión designaron al congresista Natale Amprimo (UPD) como presidente de la subcomisión. Hay una especial preocupación de que en esta nueva ley de televisión no incorpore controles de ningún tipo sobre sus contenidos.
El posible retiro por parte del Estado de las licencias de algunos canales de televisión generó un debate en el gobierno y en los mismos medios. Mario Vargas Llosa denunció como altamente peligroso para la democracia que dos canales de TV sigan siendo manejados por sus dueños prófugos de la justicia peruana y que habían sido sobornados por Montesinos con sumas millonarias.
Los medios retrucaron que el delito lo cometieron las personas y no las empresas y que merced a adelantos de herencia los hijos eran quienes administran los canales no teniendo relación con los aludidos. Hubo indicios de que el Estado tenía previsto retirar las licencias a los canales 4 y 5 y convocar a una licitación internacional con veedores para otorgarlas a nuevos concesionarios. Dicha iniciativa no logró tomar cuerpo en el Ejecutivo y se mantiene una tensa calma en ese escenario. Cabe anotar que los controvertidos programas "Panorama" y "Revista Dominical" volvieron al aire durante enero y se emiten sin restricciones.
Genaro Delgado Parker pretendió recuperar el control de Panamericana Televisión con una medida judicial, pues, según expresaba, tenía la mayoría de las acciones. Los directivos de Panamericana presentaron el caso como un atropello a la libertad de prensa denunciando al presidente Toledo de interferir ante el Poder Judicial para favorecer al demandante. Finalmente el juzgado dictaminó la contraprestación de una fianza para cautelar a GDP en su pretensión, fianza que no pudo presentar por lo cual el juzgado no lo amparó. El caso aún sigue pendiente en el Poder Judicial.
Alvaro Vargas Llosa, quien expresa que se encuentra en la clandestinidad, presentó una denuncia por una persecución del gobierno en su contra. Vargas Llosa hizo una denuncia contra Toledo donde afirmaba que había beneficiado a la compañía EADS, de propiedad de su amigo el empresario Adam Pollack Mark. Posteriormente dijo que no se presentaría ante la justicia para responder ante la denuncia por difamación formulada en su contra por este último. Las autoridades afirman que no se ha efectuado ningún contrato con dicha empresa aunque admiten reuniones de la Fuerza Aérea con proveedores de repuestos en los que incluyen a EADS a fines de enero. Vargas Llosa denunció irregularidades en el proceso judicial que le siguen tal como el decreto inusual de impedimento de salida del país y una amenaza de detención presuntamente al declararse en rebeldía en el juicio y anunció su pase a la clandestinidad.
El Consejo de la Prensa Peruana hizo pública su preocupación por la amenaza a la libertad de expresión por las infundadas aspiraciones de la Asociación Peruana de Artistas Visuales (APSAV) que pretende cobrar por las publicaciones de las obras de arte en las informaciones periodísticas. Es por esto que el CPP se ha visto obligado a recurrir al Poder Judicial para poner en ejercicio las garantías constitucionales previstas en el artículo 200 para defender los derechos fundamentales.
El Congreso ha planteado una serie de leyes que atañen a la libertad de expresión. Una de ellas es la de Acceso a la información, presentada por siete congresistas. El Consejo de la Prensa Peruana, junto con el congresista Henry Pease, están viendo la posibilidad de que se redacte un solo texto y no existan contradicciones que pongan en peligro este principio fundamental.
Otro tema es el de la Cláusula de Conciencia. La congresista Fabiola Morales quiere legalizar esta ley que iría contra toda ética periodística. Lo que pretende es que si los periodistas no están de acuerdo con el cambio de la línea editorial de un medio, éstos estarán en la capacidad de renunciar y deben ser indemnizados por la empresa.
Otros casos de atropellos a la libertad de prensa se produjeron en el departamento de Ancash. Hugo Gonzáles Henostroza, corresponsal del diario Liberación, en Huaraz, quien afirmó que había sido amenazado de muerte luego de denunciar irregularidades y atropellos por la reactivación de una antigua falla geológica por la empresa minera Barrick Misquichilca Gold Corporation S.A. En la misma zona, el periodista Marco Villafuerte Montoya, director del quincenario Millenium, denunció que fue amenazado de muerte por elementos desconocidos, luego de publicar informes sobre problemas de contaminación en el Callejón de Huaylas, Ancash, zona en donde opera una empresa minera.
También allí, las periodistas Pamela Mautino Córdova y Maritza Sánchez Villarreal, reporteras de Global TV de Huaraz, fueron agredidas por miembros de seguridad del presidente del Consejo Transitorio de Administración de Ancash, Flavio Ramos Aquiño, durante la ceremonia de juramentación de éste en la Corte Superior de Justicia de esa ciudad.
Finalmente, el periodista Robin Hood Ipanaqué Hidalgo, director del diario Prensa Regional y Radio Ancash, fue agredido físicamente por personas vinculadas a Glicerio Mauricio Rodríguez, presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo del distrito de San Marcos, provincia de Huari, Ancash, y ex candidato edil del movimiento fujimorista "Vamos Vecino".
En Lima, el camarógrafo del Canal N de televisión por cable, Juan Carlos Hidalgo Sayán, fue agredido a puntapiés y golpes con varas de plástico por miembros de la Policía Nacional cuando filmaba el desalojo de vendedores del mercado Ramón Castilla, en el distrito del Rímac.
Dirigentes del partido Perú Posible lanzaron piedras y otros elementos contra la sede de Radio Panorama, en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, e ingresaron a la cabina, donde los periodistas Alipio Cancho Aldana, Ronald Ripa Casafranca y Alibar Serrano Muñoz, informaban sobre una reunión secreta en la que se aprobaron las ternas para designar a nuevos funcionarios de la administración estatal del departamento de Apurímac.
La periodista, Elizabeth Huamán Perales, corresponsal de América Televisión, Canal 4, en Huancayo, recibió golpes en el rostro y patadas en el cuerpo cuando cubría la visita del presidente Alejandro Toledo a esa ciudad, ubicada en la sierra del Perú.
Huamán Perales informó que se encontraba realizando su labor periodística cuando la empujaron al suelo para despojarla de su cámara. Se presentó la respectiva denuncia ante las autoridades para que se sancione a los responsables.
Otra de las agresiones protagonizada por militantes de Perú Posible fue a los reporteros del Diario de Chimbote, Janet Reyes y Marco Villanueva Escobar; a la corresponsal de Canal N, Nancy Arellano; al corresponsal de RPP Noticias, Augusto Riera Rodríguez; al reportero de Panamericana TV, Ignacio Patiño Cisneros y su camarógrafo Lorenzo Zafra Córdova en la ciudad de Chimbote. El hecho ocurrió cuando los periodistas cubrían información en el local de Perú Posible donde estaba retenido el Director Regional de Salud de Ancash.
El periodista Otilio Nolberto Ríos Valdiviezo, víctima en tres oportunidades de amenazas de muerte, se vio obligado a cerrar el programa informativo "Nuevo Horizonte", que transmitía a través de Radio Pum, de la Municipalidad de Pomabamba. El periodista tomó la decisión luego de las amenazas de muerte que le lanzara Hugo Mori, administrador de la mencionada empresa de radiodifusión, quien después de reprocharle el hecho de haber solicitado garantías para ejercer su labor informativa, le dijo en tono intimidatorio: "No sabes con quién te has metido".
La policía, en conocimiento de estas amenazas de muerte, exige al periodista la presentación de un carné del Colegio de Periodistas y otro del Colegio de Ingenieros, para brindarle la atención del caso.
Robin Hood Ipanaqué Hidalgo, fue víctima de la cancelación de su programa informativo "Noticiario Ancash", que se transmitía de lunes a sábado por las ondas de Radio Ancash. El periodista informó que el gerente de medios de Radio Ancash, Dante Moreno Neglia, le comunicó, sin explicación alguna, en la noche del 26 de enero que el programa dejaba de salir al aire. Ipanaqué Hidalgo denunció que el cierre del programa, que dejó sin trabajo a más de 10 periodistas que laboraban para el informativo "Noticiario Ancash", se produce como represalia ante las constantes críticas a las autoridades de la zona.
El periodista, Héctor Enrique Chávarry Carahuatay, director y conductor del informativo "Democracia", de radio Frecuencia Popular, en la ciudad de Chepén departamento de Chiclayo, fue agredido física y verbalmente, el pasado 4 de febrero, por el técnico del Ejército y representante de la Oficina de Reclutamiento Militar (ORM) de esa ciudad, Cristóbal Cárdenas Lázaro, y por el fotógrafo Ramón Bazán Quiroz.
Los agresores le propinaron al periodista golpes en la boca causándole serios hematomas, tras romperle el pómulo izquierdo con un arma que portaba Bazán Quiroz. Esta agresión, a decir de los involucrados, se dio en represalia por las constantes denuncias periodísticas de Chávarry Carahuatay, quien venía difundiendo informaciones sobre actos de corrupción en los que se encontraría involucrado el jefe de la ORM- Chepén, quien al parecer solicitaba coimas a los ciudadanos que tramitaban la Libreta Militar.
Los periodistas Edmundo Gutiérrez Saldívar y Bertha Chacón Díaz, director y conductora del programa "Presencia Regional Noticias", que transmite radio Oasis, de Quillabamba, solicitaron el 4 de febrero ante el subprefecto de la provincia de La Convención garantías personales y patrimoniales. Los periodistas solicitaron las garantías ante las constantes amenazas de muerte recibidas del mayor de la CIA INF Independiente No. 5 Jaime Llanos Barrón. Gutiérrez Saldívar y Chacón Díaz denunciaron el seguimiento del que vienen siendo víctimas desde hace algunos días.
El reportero gráfico de la revista Caretas, de Lima, Francisco Rodríguez Torres, fue agredido física y verbalmente por miembros de seguridad del presidente Alejandro Toledo el viernes 8 de febrero. Rodríguez cubría la visita que el mandatario realizaba al asentamiento humano "Túpac Amaru", en la carretera central (este de Lima), cuando, al intentar tomar fotos del mandatario, recibió patadas en la canilla y golpes en los testículos, por elementos de la seguridad del jefe de Estado.
El reportero de Canal N de televisión por cable, Christian Alberto Aoki Flores, resultó con doble fractura en la tibia y el peroné, luego de ser agredido por un miembro de la seguridad de la municipalidad de San Isidro, en Lima, mientras cubría un desalojo el martes 19 de febrero. Aoki manifestó que el agresor, quien en todo momento le impidió grabar el desalojo, lo empujó contra la moto del canal. Luego de la operación, Aoki está imposibilitado de seguir trabajando por los próximos tres meses.
Existen iniciativas de la Asociación Nacional de Periodistas para que se investiguen los asesinatos impunes, entre ellos los de Hugo Bustíos Saavedra, Pedro Yauri Bustamante y Tito Pilco Mori, cuatro de los 50 periodistas asesinados entre 1982 y el 2000.

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