PUERTO RICO

En este período se han registrado numerosos incidentes contra medios de comunicación y periodistas que restringieron la libertad de prensa.
El Centro para la Libertad de Prensa (CLP) dio fin a las conversaciones con el Almirante Kevin P. Green, comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur, relacionadas con la cobertura de prensa en los terrenos restringidos de la Marina en la Isla Municipio de Vieques durante los ejercicios navales.
Se celebraron dos reuniones y hubo un intercambio de cartas, correos electrónicos y conversaciones telefónicas. Luego de recibir una carta del Almirante Green, con fecha del 18 de enero del 2002, que establecía las condiciones finales de acceso, el CLP llegó a la conclusión de que eran demasiado estrictas. También restringían severamente la capacidad de la prensa para exponer todos los ángulos relacionados con estos reportajes, especialmente los arrestos de los desobedientes civiles. Este punto de vista se le notificó al Almirante por medio de una carta con fecha del 15 de febrero del 2002.
La fiscalía federal solicitó en febrero al presidente del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, Héctor Lafitte que investigue y aplique sanciones, de ser necesario, contra los abogados que han estado filtrando a la prensa información sobre un caso de corrupción que implica al ex secretario de Educación Víctor Fajardo, a otros activistas del Partido Nuevo Progresista y suministradores de servicios al Departamento de Educación. El caso tiene muchas ramificaciones y se está viendo en la corte federal.
El diario The San Juan Star, en representación de sus periodistas Martin Gerard Delfin y Douglas Zher, ha desafiado una orden del Tribunal Federal de sellar las transcripciones y grabaciones relacionadas con el caso del ex presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Edison Misla Aldarondo. El ex representante, está acusado de lavado de dinero, venta de influencia e interferencia en los procedimientos relacionados con el nombramiento de un fiscal federal.
El periodista Luis Francisco Ojeda, anfitrión de "Ojeda sin límite", un programa radial de entrevistas donde se ventilan muchos casos de corrupción, fue suspendido por la estación WKAQ Radio Reloj por una semana. La estación aseguró que la suspensión no estaba vinculada a su labor investigativa, aunque un analista político dijo que estaba relacionada con un juez federal.
El Departamento de Corrección también hizo una intentona de mordaza relacionada con información para la prensa de la Junta de Libertad Bajo Palabra que decide cuándo los presos pueden ser liberados antes de cumplir su condena.
En los últimos meses siguen ocurriendo atropellos a periodistas y fotoperiodistas que cubren las idas y venidas y los espectáculos de figuras del mundo de la farándula y asuntos policiales. También se suscitó un incidente donde un grupo de legisladores trató de limitar la información a la prensa durante una visita relacionada con las medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional LMM a raíz de los incidentes del 11 de septiembre de 2001.
El Vocero censuró en un editorial un anuncio de página completa publicado por la farmacéutica Schering Plough que tildó de "periodismo inflamatorio" un artículo publicado por el diario en el que se documentaron presuntos problemas de la empresa. Un artículo similar se publicó en el New York Times y, según El Vocero, la compañía no protestó.
Sigue sin resolver en el Tribunal Federal el caso que lleva el abogado Juan Marchand Quintero para que se declare inconstitucional la ley de difamación criminal.
En noviembre, la Cámara de Representantes dio el visto bueno a un proyecto de ley para devolver el acceso a la prensa a expedientes judiciales de divorcios y otros asuntos de familia sin orden del Tribunal. Sin embargo, el Senado no ha dado paso al proyecto. La gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón, se divorció del empresario Adolfo Kranz, tras 23 años de matrimonio, y aunque los documentos fueron sellados por la corte al abrigo de esta ley, se filtró información a la prensa.
En octubre el presidente del Senado de Puerto Rico, Antonio Faz Alzamora, no aprobó un proyecto de ley de uno de sus colegas, el senador popular Juan Cancel Alegría, para prohibir que la Oficina del Contralor ofrezca detalles u opiniones a la prensa sobre las investigaciones que realiza.

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