Presidente de la
Comisión de Libertad de Prensa e Información Rafael Molina
Discurso ante la 59ª Asamblea General
Chicago, Illinois
Octubre, 2003
En el período que
abarca este informe, desde nuestra reunión de marzo en San Salvador
hasta la fecha, se han producido en el continente situaciones que de diversas
formas afectan negativamente a la libertad de prensa.
Una preocupación que nos aqueja permanentemente es la impunidad de
que gozan los crímenes contra periodistas en varios países,
especialmente en Colombia y Brasil, donde las autoridades parecen incapaces
de sancionar a los culpables. En varias localidades periodistas amenazados
de muerte han optado por abandonar sus respectivas regiones en busca de seguridad
para ellos y sus familiares.
La sordera que exhiben las autoridades en algunos países frente a las
denuncias de la prensa, o el desprecio hacia la labor periodística
por parte de los gobernantes de turno, son otras constantes que dan lugar
a preocupación. El caso de Cuba es el más característico
en este sentido. De nada han servido las repetidas apelaciones formuladas
ante el régimen cubano por importantes personalidades y organizaciones
internacionales, entre ellas la SIP, a favor de los periodistas independientes
encarcelados por el régimen de Castro, en franca violación del
derecho de los pueblos a tener acceso a toda información sin restricciones
de ninguna especie. Con más de 40 años de una negación
absoluta al principio de la libre expresión de las ideas, no se ha
registrado en Cuba cambio favorable alguno.
La intolerancia oficial también se ha dejado sentir en este período.
La prensa independiente de Venezuela, por ejemplo, continúa recibiendo
duros golpes en este sentido, mediante agresiones y violencia dirigida por
sectores claramente identificados con el oficialismo. Pende, además,
la amenaza de que finalmente sea convertido en ley el proyecto sobre la Responsabilidad
Social en Radio y Televisión, conocido popularmente como la Ley de
Contenidos, que daría prácticamente al gobierno la facultad
de ejercer la censura previa a las estaciones de radio y de televisión.
Por otra parte, mediante el nuevo sistema implantado para el control de las
divisas, se limita la importación de papel y en consecuencia se afectan
los servicios periodísticos, golpeados ya mediante todo tipo de agresiones,
tanto físicas como fiscales y judiciales.
Especial mención merece el caso de la República Dominicana,
donde siguen intervenidos por el Estado los periódicos Listín
Diario y El Expreso, como consecuencia de un controvertido proceso judicial
que todavía no termina. Tanto la intervención de los periódicos
citados como la clausura de El Financiero y Última Hora, publicados
por la misma Editora Listín Diario, se produjeron como consecuencia
de una acusación formulada al principal accionista de dichos diarios
por supuesta violación a la ley de lavado de activos, que faculta a
las autoridades a ocupar los bienes del acusado, como medida precautoria para
preservarlos sin que puedan ser distraídos mientras se realiza el proceso.
El caso no ha sido fallado todavía y los periódicos, así
como varias radiodifusoras y dos plantas de televisión a las que se
vincula con el mismo proceso, permanecen ocupados.
Otros casos que han merecido también la atención de nuestra
Comisión, consisten en golpizas, amenazas, arrestos no justificados
y otros tipos de agresiones a periodistas, que han tenido lugar en diferentes
escenarios, así como la aplicación de impuestos a la industria
periodística que, inevitablemente, ponen en riesgo la libertad de prensa,
casos en los cuales hemos elevado oportunamente la protesta de lugar o reclamado
las sanciones o los correctivos correspondientes.
En su debido momento, por otra parte, la SIP expresó su preocupación
y lamentó las muertes y heridas de periodistas en Bagdad, con motivo
de la guerra de Irak, por lo cual exhortó a las autoridades estadounidenses
a que tomen las medidas pertinentes para evitar su repetición en el
futuro.
Como un paso positivo
para este semestre en favor de la libertad de prensa, cabe mencionar la posición
adoptada por la Asamblea General de la OEA, realizada en Santiago de Chile
del 8 al 10 de junio, al reconocer el pleno respeto a la libertad de expresión,
al acceso a la información y a la libre difusión de ideas, después
de que una misión especial de la SIP denunciara ante los cancilleres
presentes las violaciones a la libertad de prensa en Cuba y Venezuela.
Pese a todas las adversidades
y riesgos que acechan constantemente al ejercicio periodístico, seguiremos
vigilantes y combativos en todo momento, hasta lograr nuestro objetivo de
neutralizar cualquier acción destinada a socavar los derechos de los
ciudadanos para expresarse libremente y ser informados sin cortapisas.
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