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que el gobierno nacional a través de diversos funcionarios ha expresado continuas reservas sobre la forma cómo los periodistas ejercen el periodismo en Colombia y ha solicitado mecanismos de auto limitación y censura CONSIDERANDO que el Congreso inició el estudio de un proyecto de ley que pretende extender las penas previstas para los delitos de injuria y calumnia a cualquier aseveración sin fundamento o prueba controvertida, además de plantear que cuando no sea posible identificar al autor de un escrito, deberá responder el director del medio de comunicación CONSIDERANDO que la senadora María Isabel Mejía Marulanda presentó, el pasado 24 de octubre de 2002, un proyecto de ley que pretende reconocer la categoría de periodista a las personas que acrediten ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o ante la entidad que haga sus veces, el ejercicio profesional de su trabajo mediante un contrato de trabajo a en forma independiente, durante un término no menor de diez 10 años CONSIDERANDO que en los últimos seis meses han sido asesinados cinco periodistas ?dos por claras razones de oficio?, nueve fueron secuestrados y más de sesenta denunciaron amenazas CONSIDERANDO que en el último semestre fueron denunciados numerosos atropellos por parte de la Policía y los militares en contra de los periodistas, especialmente en los departamentos de Arauca, Cesar, Bogotá y Antioquia CONSIDERANDO que el gobierno nacional estudia un borrador de estatuto antiterrorista que incluye en su articulado medidas restrictivas de la libertad de prensa
que el Principio 1 de la Declaración de Chapultepec establece: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa y que el ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo” CONSIDERANDO que el Principio 4 de la misma Declaración señala: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa y que estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” CONSIDERANDO que el Principio 5 de la misma Declaración establece: “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa” CONSIDERANDO que el Principio 8 de la misma Declaración señala: “El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios”
pedir al Gobierno Nacional conservar la coherencia entre sus afirmaciones y la firma por parte del presidente Álvaro Uribe de la Declaración de Chapultepec, además de su compromiso verbal con la SIP en el sentido de que no existirán durante su Gobierno medidas restrictivas a la libertad de prensa exhortar al congreso a rechazar el proyecto de ley que contempla reglamentar la acreditación de periodistas por los enormes riesgos que encierra para la libertad de prensa en Colombia solicitar al Gobierno y a las autoridades militares y
de Policía garantizar condiciones mínimas de seguridad para
el libre ejercicio del periodismo.
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