GUATEMALA

CONSIDERANDO

que persiste una deliberada política de Estado para desprestigiar a la prensa independiente y limitar el acceso de los periodistas a las fuentes de información, en medio de un clima de confrontación y amenazas

CONSIDERANDO

que el Congreso de la República aprobó una Ley de Colegiación obligatoria que atenta contra la Libertad de Expresión y de Prensa y estudia modificaciones a leyes que también podrían limitar estos principios fundamentales garantizados por la Constitución política de la República y consignados en la Declaración de Chapultepec y, especialmente, el Pacto de San José

CONSIDERANDO

que se han denunciado amenazas y agresiones en contra de reporteros y columnistas en lo que se teme pueda constituir una campaña de intimidación a la prensa en general por su actitud de denuncia sobre los hechos de corrupción en el gobierno

CONSIDERANDO

que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec señala: "El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad "

CONSIDERANDO

que el principio 5 de la Declaración de Chapultepec indica: "La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa"

CONSIDERANDO
que el Principio 8 de la Declaración de Chapultepec establece: "El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios"

LA REUNION DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

solicitar al Congreso de la República que no promueva ni apruebe ninguna legislación que pueda limitar la libertad de expresión y de prensa, como medio para fortalecer los principios democráticos

demandar al presidente de la República que se respete el trabajo de los periodistas y medios, que cese el discurso confrontativo y la política de desprestigio en contra de la prensa y que se promueva la investigación de las denuncias de amenazas y agresiones contra reporteros y columnistas

exhortar a la Corte de Constitucionalidad que ratifique a la brevedad posible su fallo de primera instancia en contra de la colegiación obligatoria de los periodistas en apego a la legislación nacional y a los convenios internacionales suscritos por Guatemala, que garantizan la libertad de expresión y de prensa sin licencia ni censura previa.

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