IIMPUNIDAD - MEXICO

CONSIDERANDO

que el 18 de enero 2002 fue asesinado Félix Fernández García, director de la revista Nueva Opción, de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas

CONSIDERANDO

que dos de los presuntos responsables del asesinato en 1998 del periodista Philip True, corresponsal del San Antonio Express-News en México, fueron dejados en libertad en octubre del 2001 y que aún el Poder Judicial de Jalisco no ha emitido resolución sobre una apelación al fallo presentada por la viuda, conjuntamente con el fiscal general del estado

CONSIDERANDO

que el gobierno de México no ha respondido a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de asesinatos, investigados por la SIP, de Héctor Félix Miranda, ocurrido el 29 de abril de 1988, y de Víctor Manuel Oropeza, perpetrado el 3 de julio de 1991, en las que se establece que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional por las violaciones cometidas

CONSIDERANDO

que el presidente de México, Vicente Fox, se comprometió con la SIP a impulsar medidas por las correspondientes investigaciones de los asesinatos de periodistas y aún no se han visto resultados

CONSIDERANDO

que el Principio No 4 de la Declaración de Chapultepec establece que: "el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad"

LA REUNION DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

instar a las autoridades del Estado de Tamaulipas a que pongan su empeño para esclarecer el asesinato de Félix Fernández García tanto en su aspecto material como intelectual

denunciar la manera irregular como se ha manejado el caso del periodista Philip True, comenzando por la deficiente investigación policial inicial y alentar a las autoridades judiciales de Jalisco a apegarse a la rigurosa revisión de la evidencia y a aplicar las sanciones debidas a los culpables

exhortar al gobierno de México y al Poder Judicial de ese país a emprender las medidas que sean necesarias a fin de que los casos referidos no queden en la impunidad, considerando la necesidad de que los asesinatos contra periodistas sean tratados en la jurisdicción federal para así brindar mayores garantías y transparencia.

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