Reunión de Medio Año





 

 
60 Asamblea General de la SIP .
Antigua, Guatemala,
22 - 26 de octubre 2004


Informes por país

Argentina Aruba Bolivia Brasil Canadá Caribe
Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador
Estados Unidos Guatemala Haití  Honduras  México  Nicaragua
Panamá Paraguay Perú Puerto Rico Rep.Dominicana Uruguay
Venezuela          

ESTADOS UNIDOS

CONSIDERANDO
que el juez de la Corte de Distrito de EE.UU., Thomas F. Hogan, ordenó el pasado mes de mayo a los periodistas Matthew Cooper, de Time Magazine y Tim Russert, de la cadena NBC; en agosto, a Walter Pincus, de The Washington Post y en octubre, a Judith Miller, de The New York Times, a declarar ante un gran jurado para revelar sus fuentes confidenciales a los fiscales que investigan la filtración de la identidad de Valerie Plame, agente de la CIA, la cual fue originalmente revelada por el columnista Robert Novak de The New York Times en julio del 2003, bajo la amenaza de declarar a los referidos periodistas en desacato a la corte e imponerles multas

CONSIDERANDO
que en octubre, el juez federal Hogan impuso pena de cárcel por desacato a la reportera Miller, de The New York Times, por rehusarse a declarar ante el gran jurado sobre sus conversaciones con una fuente confidencial, pena que fue suspendida al presentar ella una apelación y que podría ser de hasta 18 meses de prisión o hasta que se decida a declarar. Miller nunca escribió acerca de Valerie Plame, la supuesta agente de la CIA, quien está casada con el ex diplomático norteamericano Joseph C. Wilson IV


CONSIDERANDO
que el juez dictaminó que los reporteros no gozan de un privilegio absoluto bajo la Primera Enmienda para negarse a declarar sobre sus fuentes confidenciales y que el procurador ad-hoc, Patrick J. Fitzgerald, había agotado otras fuentes antes de citar a Miller

CONSIDERANDO
que el reportero de la revista Time, Matthew Cooper, quien ha sido citado en la investigación, se ha comprometido a declarar bajo circunstancias limitadas lo cual lo ha obligado a pedir a sus fuentes que lo eximan de la promesa de confidencialidad. Cooper había sido condenado a prisión y al pago de una multa de $1,000 diarios por el juez Hogan el 9 de agosto por negarse a declarar. Mientras se encontraba en libertad hasta que se resuelva la apelación, aceptó declarar sobre sus conversaciones con Lewis "Scooter" Libby, asesor principal del vicepresidente Dick Cheney, luego de que éste lo eximiera de su compromiso de confidencialidad. Cooper ha sido citado nuevamente

CONSIDERANDO
que el 8 de octubre, Miller y el director ejecutivo de The New York Times, Bill Keller, manifestaron su negativa a declarar inclusive bajo tales circunstancias

CONSIDERANDO
que Tim Russert, de la cadena NBC, fue citado a comparecer en mayo y que, si bien apeló la citación, cuando fue informado de que el juez había declarado infundada la apelación, fue obligado a aceptar ser interrogado, mientras que Walter Pincus, de The Washington Post, recibió hace poco la misma orden judicial

CONSIDERANDO
que el juez Thomas Penfield Jackson, de Washington, declaró en desacato de la corte a los periodistas H. Josef Hebert, de la Associated Press, James Risen y Jeff Perth, de The New York Times, Robert Drogin, de Los Angeles Times, y Pierre Thomas, de la cadena ABC, imponiéndoles multas de $500 por cada día que pasaran sin revelar las fuentes de sus informes sobre Wen Ho Lee, un científico de armas nucleares que se encuentra bajo sospecha de espionaje

CONSIDERANDO
que el Principio 3 de la Declaración de Chapultepec establece: “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”


LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

pedir que se respete el derecho del público a saber y a recibir información, así como el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes, salvaguardando la confidencialidad de las mismas, según lo establecido en los tratados internacionales de los cuales Estados Unidos es signatario

exhortar a las autoridades norteamericanas a abstenerse de utilizar a los medios como un brazo ampliado para hacer cumplir la ley, obligándolos a revelar información privilegiada, evitando así el “efecto intimidatorio” en detrimento de la libertad de prensa, garantizada por la Primera Enmienda.